Decisión nº 26/54, de 6 de mayo de 1954, por la que se establece un reglamento relativo a las informaciones que deben ser comunicadas en aplicación del apartado 3 del artículo 66 del Tratado

Todas las personas físicas o jurídicas que no sean las que desarrollen en la Comunidad una actividad productiva o de distribución en el sector del carbón o del acero, con excepción de la venta a los consumidores domésticos o al artesanado, estarán sujetas a las obligaciones de información previstas en el presente reglamento, cuando efectúen las operaciones que se mencionan en los artículos siguientes.

Las personas mencionadas en el artículo 1 estarán obligadas a declarar a la Alta Autoridad la adquisición de derechos en una empresa tal y como se define en el artículo 80 del Tratado, así como la adquisicón del poder de ejercer, en su propio nombre o en nombre de terceros, derechos en esta empresa, siempre que obtengan la posibilidad de utilizar, en las deliberaciones de los accionistas o de otros asociados de esa empresa, más del 10 % del conjunto de los derechos de voto y siempre que el valor total de sus derechos sobrepase las 100000 unidades de cuenta UEP. En el cálculo entrarán los derechos o los poderes de ejercer los derechos ajenos, sustentados por los interesados con anterioridad a la operación de que se trate.

El artículo 1 también se aplicará para la a adquisición de derechos en una empresa que ejerza el control sobre una empresa tal como se define en el artículo 80 del Tratado.

1 Estarán exentos de la obligación de declaración relativa a las operaciones contempladas en los artículos 2 y 3 los bancos o sus mandatarios, en la medida en que el ejercicio del derecho de voto vaya ligado: a las acciones que pertenezcan a los clientes de esos o de otros bancos; a las acciones nominales de cuyos derechos se hace valedor el banco en calidad de fideicomisario de sus clientes.

2 El apartado primero no afectará: a la obligación de los bancos de proporcionar informaciones sobre esas operaciones, a tenor del artículo 7; a la obligación de los clientes de declarar esas operaciones, de acuerdo con los artículos 2 y 3 o de proporcionar informaciones, a tenor del artículo 7.

La Alta Autoridad, mediante autorización especial y bajo determinadas condiciones, podrá eximir de la obligación de declaración obligatoria referente a las operaciones que se mencionan en los artículos 2 y 3 a los agentes de cambio autorizados cuando esos últimos no ejerzan los derechos de voto consustanciales a los títulos que poseen.

La declaración obligatoria, prevista en los artículos 2 y 3 deberá hacerse en el plazo de las cuatro semanas siguientes a la fecha en la que la persona haya tenido conocimiento de la operación de que se trate.

1 La Alta Autoridad, si así lo solicitara especialmente, podrá obtener de las mencionadas en el artículo 1 todas las informaciones necesarias para la aplicación del artículo 66 del Tratado y que vayan referidas a: 1) La adquisición de derechos o de disfrute de inmuebles, instalaciones industriales o concesiones de una empresa si antes de la adquisición de esos inmuebles, instalaciones o concesiones, éstos hubieren servido para la explotación de dicha empresa; 2) La adquisición en una empresa de derechos que otorguen el poder de participar en el voto durante las deliberaciones de los accionistas o de otros asociados de esa empresa; 3) La adquisición de derechos que permitan hacer valer, en nombre propio o en nombre de un tercero, los derechos mencionados en el número 2 y que pertenezcan a terceros; 4) La adquisición del poder de decidir, en virtud de un contrato, sobre la contabilización o asignación de los beneficios de una empresa; 5) La adquisición del poder de participar, solo o con otros, en la gestión de una empresa en calidad de propietario, usufructuario, administrador o miembro de los órganos de dirección; 6) El nombramiento como miembro del Consejo de administración de una empresa.

2 Las personas sujetas a la obligación de aportar información también deberán igualmente declarar a la Alta Autoridad, a petición de esta última, el nombre y la dirección del verdadero derechohabiente cuando dichas personas estén facultadas para: hacer valer los derechos a que se alude en el apartado primero en calidad de fideicomisario de un tercero; hacer valer en nombre propio o en el de un tercero, los derechos mencionados en el apartado primero pertenecientes a terceros.

El presente Reglamento entrará en vigor en la Comunidad el 1 de junio de 1954.