Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1101 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por el que se establecen los criterios para la aplicación del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.° 2271/96 del Consejo, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella

El presente Reglamento establece los criterios para la aplicación del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 2271/96.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: a)«legislación extraterritorial enumerada»las leyes, los reglamentos y otros instrumentos legislativos especificados en el anexo del Reglamento (CE) n.o 2271/96, incluidos los reglamentos y otros instrumentos legislativos basados en ellos o derivados de ellos;b)«acciones subsiguientes»acciones basadas en la legislación extraterritorial enumerada o derivadas de ella;c)«incumplimiento»el incumplimiento, mediante acciones directas u omisiones deliberadas, de requisitos o prohibiciones, incluidos los requerimientos de órganos jurisdiccionales extranjeros, basados en la legislación extraterritorial enumerada o en acciones subsiguientes o derivados, directa o indirectamente, de ellas;d)«intereses protegidos»los intereses de una de las personas contempladas en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 2271/96, de la Unión, o de ambos;e)«solicitante»toda persona contemplada en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 2271/96 que haya solicitado la autorización a que se refiere el artículo 5, párrafo segundo, de dicho Reglamento.

1 Las solicitudes de autorización a que se refiere el artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 2271/96 se presentarán por escrito a la siguiente dirección: Comisión Europea Servicio de Instrumentos de Política Exterior SEAE 07/99 B-1049 Bruselas, Bélgica [email protected]

2 Las solicitudes incluirán el nombre y los datos de contacto de los solicitantes, indicarán las disposiciones específicas de la legislación extraterritorial enumerada o las acciones subsiguientes de que se trate, y precisarán el alcance de la autorización que se solicita y el perjuicio que causaría el incumplimiento.

3 Los solicitantes deberán aportar en su solicitud pruebas suficientes de que el incumplimiento causaría un perjuicio grave a, como mínimo, alguno de los intereses protegidos.

4 En caso necesario, la Comisión podrá pedir pruebas adicionales a los solicitantes, que las facilitarán en un plazo razonable fijado por la Comisión.

5 La Comisión informará al Comité de Legislación Extraterritorial tan pronto como reciba una solicitud.

Al evaluar si los intereses protegidos se verían gravemente perjudicados, tal como se contempla en el artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 2271/96, la Comisión considerará, entre otros, los siguientes criterios no acumulativos, según proceda: a) si es probable que los intereses protegidos estén de manera específica en peligro, en función del contexto, la naturaleza y el origen del perjuicio para los intereses protegidos; b) la existencia de una investigación administrativa o judicial en curso contra el solicitante por parte del tercer país del que emane la legislación extraterritorial enumerada, o de un acuerdo previo de resolución con dicho país; c) la existencia de un vínculo de conexión sustancial con el tercer país del que emanen la legislación extraterritorial enumerada o las acciones subsiguientes; por ejemplo, el hecho de que el solicitante tenga sociedades matrices o filiales, o una participación de personas físicas o jurídicas, sujetas a la jurisdicción primaria del tercer país del que emanen la legislación extraterritorial enumerada o las acciones subsiguientes; d) si el solicitante podría razonablemente adoptar medidas para evitar o mitigar el perjuicio; e) el efecto adverso sobre el ejercicio de la actividad económica, en particular la eventualidad de que el solicitante se enfrente a importantes pérdidas económicas, que pudieran, por ejemplo, amenazar su viabilidad o suponer un grave riesgo de quiebra; f) si la actividad del solicitante se vería excesivamente dificultada debido a la pérdida de materias primas o recursos esenciales que no puedan sustituirse razonablemente; g) si el disfrute de los derechos individuales del solicitante sufriría un menoscabo significativo; h) si la seguridad, la protección, la preservación de la vida y la salud de las personas y la preservación del medio ambiente se ven amenazadas; i) si la capacidad de la Unión para llevar a cabo sus políticas humanitaria, de desarrollo y comercial o la vertiente exterior de sus políticas internas se ve amenazada; j) la seguridad del suministro de bienes o servicios estratégicos con destino a la Unión o a un Estado miembro, o dentro de ellos, y la incidencia de cualquier escasez o interrupción de dicho suministro; k) las consecuencias para el mercado interior en términos de libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como para la estabilidad financiera y económica o las infraestructuras fundamentales de la Unión; l) las implicaciones sistémicas del perjuicio, en particular por lo que se refiere a sus efectos expansivos a otros sectores; m) la incidencia en el mercado laboral de uno o varios Estados miembros y sus consecuencias transfronterizas dentro de la Unión; n) cualquier otro factor pertinente.

1 Cuando, tras llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 4, la Comisión disponga de pruebas suficientes de que el incumplimiento causaría un perjuicio grave a los intereses protegidos, presentará con prontitud al Comité de Legislación Extraterritorial un proyecto de decisión con las medidas apropiadas que deban adoptarse.

2 Cuando, tras llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 4, la Comisión no disponga de pruebas suficientes de que el incumplimiento causaría un perjuicio grave a los intereses protegidos, presentará al Comité de Legislación Extraterritorial un proyecto de decisión por la que se deniegue la solicitud.

3 La Comisión notificará sin demora la decisión final al solicitante.

1 La Comisión procederá al tratamiento de datos personales para desempeñar su misión conforme al presente Reglamento.

2 Todo tratamiento de datos personales se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en el Reglamento (CE) n.o 45/2001.

3 A efectos del presente Reglamento, el Servicio de Instrumentos de Política Exterior queda designado como «responsable del tratamiento» en la Comisión a tenor del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) n.o 45/2001, para garantizar que las personas físicas afectadas puedan ejercer sus derechos conforme a dicho Reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.