Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la gestión del asilo y la migración, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1147 y (UE) 2021/1060 y se deroga el Reglamento (UE) n.° 604/2013

De conformidad con el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, tal como se consagra en el artículo 80 del TFUE y a fin de fortalecer la confianza mutua, el presente Reglamento: a) establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la Unión y para el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo; b) establece un mecanismo de solidaridad; c) establece los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1) «nacional de un tercer país», una persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE y que no sea un beneficiario del derecho a la libre circulación con arreglo al Derecho de la Unión, tal y como se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo ; 2) «apátrida», una persona que no sea considerada nacional suyo por ningún Estado, con arreglo a su Derecho nacional; 3) «solicitud de protección internacional» o «solicitud», una petición de protección formulada ante un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse que aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria; 4) «solicitante», un nacional de un tercer país o un apátrida que haya formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual no se ha adoptado aún una resolución definitiva; 5) «examen de una solicitud de protección internacional», el examen de la admisibilidad o el fundamento de una solicitud de protección internacional de acuerdo con los Reglamentos (UE) 2024/1348 y (UE) 2024/1347, con exclusión de los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable con arreglo al presente Reglamento; 6) «retirada de una solicitud de protección internacional», la retirada explícita o implícita de una solicitud de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347; 7) «beneficiario de protección internacional», un nacional de un tercer país o un apátrida al que se ha concedido protección internacional en el sentido del artículo 3, punto 4, del Reglamento (UE) 2024/1347; 8) «miembros de la familia», los siguientes miembros de la familia del solicitante que estén presentes en el territorio de un Estado miembro siempre que la familia existiera ya antes de que el solicitante o el miembro de la familia llegara al territorio de los Estados miembros: a) el cónyuge del solicitante o la pareja de hecho del solicitante con la que mantenga una relación estable, si el Derecho o la práctica del Estado miembro en cuestión otorgan a las parejas no casadas un trato equivalente al de las casadas con arreglo a su normativa sobre los nacionales de terceros países; b) el hijo menor de las parejas mencionadas en la letra a) o del solicitante, siempre que no esté casado, sin discriminación entre matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con el Derecho nacional; c) cuando el solicitante es un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto responsable de dicho solicitante, con arreglo al Derecho o la práctica del Estado miembro en el que esté presente el adulto; d) cuando el beneficiario de protección internacional sea un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto responsable de dicho beneficiario, con arreglo al Derecho o la práctica del Estado miembro en el que esté presente el beneficiario; 9) «parientes», los tíos adultos o abuelos del solicitante que están presentes en el territorio de un Estado miembro, con independencia de que el solicitante sea hijo matrimonial, extramatrimonial o adoptivo de conformidad con el Derecho nacional; 10) «menor», un nacional de un tercer país o un apátrida menor de dieciocho años; 11) «menor no acompañado», el menor que llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto que sea su responsable, ya sea con arreglo al Derecho o la práctica del Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de dicho menor, incluido el menor que deje de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros; 12) «representante», una persona o una organización designada por los órganos competentes para asistir y representar a un menor no acompañado en los procedimientos previstos en el presente Reglamento, con vistas a garantizar el interés superior del niño y ejercer la capacidad jurídica en nombre del menor, cuando fuere necesario; 13) «documento de residencia», una autorización expedida por las autoridades de un Estado miembro por la que se autoriza a un nacional de un tercer país o a un apátrida a permanecer en su territorio, incluidos los documentos en los que se materializa la autorización de permanecer en el territorio en el marco de un régimen de protección temporal o a la espera de que finalicen las circunstancias que se oponen a la ejecución de una medida de expulsión, con excepción de los visados y de las autorizaciones de residencia expedidos durante el período requerido para determinar el Estado miembro responsable de conformidad con el presente Reglamento o durante el examen de una solicitud de protección internacional o de una solicitud de un permiso de residencia; 14) «visado», la autorización o decisión de un Estado miembro exigida con vistas al tránsito o a la entrada para una estancia prevista en ese Estado miembro o en varios Estados miembros, incluida: a) una autorización o decisión expedida en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional, exigida a efectos de la entrada para una estancia prevista en ese Estado miembro de más de 90 días; b) una autorización o decisión expedida en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional, exigida a efectos de la entrada con vistas al tránsito o a una estancia prevista en ese Estado miembro cuya duración no exceda los 90 días en cualquier período de 180 días; c) una autorización o decisión válida para el tránsito por las zonas de tránsito internacional de uno o varios aeropuertos de los Estados miembros; 15) «título académico o cualificación», un título académico o cualificación obtenido y acreditado en un Estado miembro tras un período de al menos un año académico de estudio en el territorio de un Estado miembro en un programa estatal o regional de educación o formación profesional reconocido, equivalente, como mínimo, al nivel 2 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, impartido por un centro de enseñanza de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado miembro y excluidas las formaciones en línea u otras formas de aprendizaje en línea; 16) «centro de enseñanza», un centro de enseñanza o formación profesional público o privado establecido en un Estado miembro y reconocido por dicho Estado miembro de acuerdo con su Derecho nacional o práctica administrativa sobre la base de criterios transparentes; 17) «fuga», la acción por la cual una persona en cuestión deja de estar a disposición de las autoridades administrativas o judiciales competentes, por ejemplo porque: a) abandona el territorio de un Estado miembro sin el permiso de las autoridades competentes por motivos que no escapan al control del solicitante; b) no ha notificado la ausencia de un centro de acogida concreto o de una zona de residencia asignada, cuando así lo exija un Estado miembro, o c) no se ha presentado a las autoridades competentes cuando así lo exijan dichas autoridades; 18) «riesgo de fuga», la existencia, en un caso concreto, de circunstancias y motivos específicos basados en criterios objetivos definidos por el Derecho nacional para pensar que una persona en cuestión objeto de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento puede darse a la fuga; 19) «Estado miembro beneficiario», un Estado miembro que se beneficia de las contribuciones de solidaridad establecidas en la parte IV del presente Reglamento; 20) «Estado miembro contribuyente», un Estado miembro que aporta o está obligado a aportar contribuciones de solidaridad en favor de un Estado miembro beneficiario, tal como se establece en la parte IV del presente Reglamento; 21) «traslado», la ejecución de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 42; 22) «reubicación», el traslado de un solicitante o beneficiario de protección internacional del territorio de un Estado miembro beneficiario al territorio de un Estado miembro contribuyente; 23) «operaciones de búsqueda y salvamento», las operaciones de búsqueda y salvamento a que se refiere el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo de 1979, adoptado en Hamburgo (Alemania) el 27 de abril de 1979; 24) «presión migratoria», una situación causada por las llegadas por tierra, mar o aire o por las solicitudes de nacionales de terceros países o apátridas que son de tal magnitud que crean obligaciones desproporcionadas para un Estado miembro, teniendo en cuenta la situación general en la Unión, incluso en un sistema de asilo, acogida y migración bien preparado, y que requieren una acción inmediata, en particular contribuciones de solidaridad con arreglo a la parte IV del presente Reglamento; teniendo en cuenta las características específicas de la ubicación geográfica de un Estado miembro, la «presión migratoria» abarca situaciones en las que se produce una gran cantidad de llegadas de nacionales de terceros países o apátridas o un riesgo de que se produzcan dichas llegadas, también cuando dichas llegadas tengan lugar tras desembarcos recurrentes tras operaciones de búsqueda y salvamento, o de movimientos no autorizados de nacionales de terceros países o apátridas entre los Estados miembros; 25) «situación migratoria importante», una situación diferente de la presión migratoria en la que el efecto acumulado de las llegadas anuales actuales y anteriores de nacionales de terceros países o apátridas hace que un sistema de asilo, acogida y migración bien preparado alcance los límites de su capacidad; 26) «condiciones de acogida», las condiciones de acogida, tal como se definen en el artículo 2, punto 6, de la Directiva (UE) 2024/1346; 27) «persona admitida», una persona que ha sido aceptada por un Estado miembro para su admisión de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1350 o en virtud de un régimen nacional de reasentamiento al margen del marco de dicho Reglamento; 28) «coordinador de la UE para la solidaridad», la persona nombrada por la Comisión con arreglo al artículo 15 del presente Reglamento y cuyo mandato se define en dicho artículo.

1 Las acciones comunes adoptadas por la Unión y los Estados miembros en el ámbito de la gestión del asilo y la migración, dentro de sus respectivas competencias, se basarán en el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad consagrado en el artículo 80 del TFUE basadas en un enfoque integral, y se guiarán por el principio de la formulación de políticas integradas, de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión, incluidos los derechos fundamentales. Con el objetivo general de gestionar eficazmente el asilo y la migración en el marco del Derecho de la Unión aplicable, dichas acciones tendrán los objetivos siguientes: a) garantizar la coherencia entre las políticas de gestión del asilo y la migración en la gestión de los flujos migratorios hacia la Unión; b) abordar las rutas migratorias pertinentes y los movimientos no autorizados entre los Estados miembros.

2 La Comisión, el Consejo y los Estados miembros garantizarán la aplicación coherente de las políticas de gestión del asilo y la migración, incluidos los componentes tanto internos como externos de dichas políticas, previa consulta a las instituciones, órganos y organismos responsables de las políticas externas.

Con vistas a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 del presente Reglamento, los componentes internos del enfoque global constarán de los elementos siguientes: a) la estrecha colaboración y la asociación entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión, los Estados miembros y las organizaciones internacionales; b) la gestión eficaz de las fronteras exteriores de los Estados miembros basada en la gestión integrada de las fronteras a escala europea, tal como se establece en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo ; c) el pleno respeto de las obligaciones establecidas en el Derecho internacional y de la Unión con respecto a las personas rescatadas en el mar; d) el acceso rápido y efectivo a un procedimiento justo y eficiente de protección internacional en el territorio de los Estados miembros, incluidas las fronteras exteriores de los Estados miembros, en el mar territorial o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, y el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348 y el Reglamento (UE) 2024/1347; e) la determinación del Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional; f) las medidas eficaces para desincentivar y prevenir los movimientos no autorizados de nacionales de terceros países y apátridas entre los Estados miembros; g) el acceso de los solicitantes a condiciones adecuadas de acogida, de conformidad con la Directiva (UE) 2024/1346; h) la gestión eficaz del retorno de nacionales de terceros países en situación irregular de conformidad con la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ; i) las medidas eficaces que incentiven y promuevan la integración de los beneficiarios de protección internacional en los Estados miembros; j) las medidas destinadas a luchar contra la explotación y reducir el empleo ilegal de conformidad con la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ; k) cuando proceda, la implantación y el uso de las herramientas operativas establecidas a escala de la Unión, en particular por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Agencia de Asilo»), y de los sistemas de información de la Unión gestionados por la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA).

Con vistas a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3, la Unión y los Estados miembros, dentro de sus competencias respectivas, promoverán y crearán asociaciones a medida y mutuamente beneficiosas, respetando plenamente el Derecho internacional y de la Unión y sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos, y fomentarán una estrecha cooperación con los terceros países pertinentes a nivel bilateral, regional, multilateral e internacional, en particular para: a) promover la migración legal y las vías legales para los nacionales de terceros países que necesiten protección internacional y para los que de otra manera sean admitidos para residir legalmente en los Estados miembros; b) apoyar a los socios que acogen a un gran número de migrantes y refugiados que necesitan protección y desarrollar sus capacidades operativas en materia de migración asilo y gestión de fronteras en pleno respeto de los derechos humanos; c) prevenir la migración irregular y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, incluida la reducción de las vulnerabilidades que causan, garantizando al mismo tiempo el derecho a solicitar protección internacional; d) abordar las causas profundas y los factores de la migración irregular y del desplazamiento forzoso; e) mejorar el retorno eficaz. la readmisión y la reintegración; f) garantizar la plena aplicación de la política común de visados.

1 En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, la Unión y los Estados miembros observarán el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, tal como se halla consagrado en el artículo 80 del TFUE, y tendrán en cuenta su interés común en el funcionamiento eficaz de las políticas de gestión del asilo y la migración de la Unión.

2 En el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Reglamento, los Estados miembros cooperarán estrechamente y: a) establecerán y mantendrán sistemas nacionales de gestión del asilo y la migración que proporcionen acceso efectivo a procedimientos de protección internacional, concederán protección internacional a los solicitantes que la necesiten y garantizarán el retorno efectivo y digno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de conformidad con la Directiva 2008/115/CE, y facilitarán e invertirán en la acogida adecuada de los solicitantes de protección internacional, de conformidad con la Directiva (UE) 2024/1346; b) garantizarán que se asignen recursos y personal competente y suficiente para la aplicación del presente Reglamento y, cuando los Estados miembros consideren necesario o cuando proceda, pedirán el apoyo de los órganos y organismos pertinentes de la Unión a tal fin; c) adoptarán todas las medidas necesarias y proporcionadas, respetando plenamente los derechos fundamentales, que permitan prevenir y reducir la migración irregular a los territorios de los Estados miembros, también para prevenir y luchar contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos y proteger los derechos de dichos migrantes y seres humanos; d) aplicarán de forma correcta y expeditiva las normas sobre la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional y, cuando proceda, llevarán a cabo el traslado al Estado miembro responsable de conformidad con los capítulos I a VI de la parte III y el capítulo I de la parte IV; e) proporcionarán apoyo eficaz a otros Estados miembros en forma de contribuciones de solidaridad sobre la base de las necesidades establecidas en la parte II o IV; f) adoptarán medidas efectivas para reducir los incentivos para prevenir necesarias los movimientos no autorizados de nacionales de terceros países y apátridas entre los Estados miembros.

3 Para ayudar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, el conjunto de instrumentos permanentes de apoyo de la UE en materia de migración incluirá como mínimo: a) la asistencia técnica y operativa de los órganos y organismos pertinentes de la Unión conforme a sus mandatos, en particular de la Agencia de Asilo de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo , la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896 y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo ; b) la ayuda proporcionada por los fondos de la Unión para la aplicación del marco común establecido en la presente parte de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/1147 y, cuando proceda, el Reglamento (UE) 2021/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo ; c) las excepciones en el acervo de la Unión que proporcionan a los Estados miembros los instrumentos necesarios para reaccionar ante retos migratorios específicos a que se refieren los Reglamentos (UE) 2024/1359 y (UE) 2024/1348 y el Reglamento (UE) 2024/1349 del Parlamento Europeo y del Consejo ; d) la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento Europeo y del Consejo ; e) las medidas para facilitar las actividades de retorno y reintegración, en particular mediante la cooperación con terceros países, y respetando plenamente los derechos fundamentales; f) las acciones reforzadas y actividades intersectoriales en la dimensión exterior de la migración; g) la comunicación diplomática y política mejorada; h) las estrategias de comunicación coordinadas; i) el apoyo a las políticas de migración eficaces y basadas en los derechos humanos en los terceros países; j) la promoción de la migración legal y de una movilidad bien gestionada, también mediante el refuerzo de las asociaciones bilaterales, regionales e internacionales por lo que respecta a la migración, los desplazamientos forzosos, las vías legales y las asociaciones de movilidad.

1 Los Estados miembros contarán con estrategias nacionales que establezcan un enfoque estratégico para garantizar que disponen de la capacidad para aplicar eficazmente su sistema de gestión del asilo y la migración, respetando plenamente sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y de la Unión y teniendo en cuenta su situación específica, en particular su ubicación geográfica. Al establecer sus estrategias nacionales, los Estados miembros podrán consultar a la Comisión y a los órganos y organismos pertinentes de la Unión, en particular a la Agencia de Asilo, así como a las autoridades locales y regionales, según proceda y de conformidad con el Derecho nacional. Dichas estrategias incluirán como mínimo: a) medidas preventivas para reducir el riesgo de presión migratoria y planes de contingencia, teniendo en cuenta los planes de contingencia contemplados en los Reglamentos (UE) 2019/1896 y (UE) 2021/2303 y la Directiva (UE) 2024/1346, así como los informes de la Comisión elaborados con arreglo a la Recomendación (UE) 2020/1366; b) información sobre la forma en los Estados miembros aplican los principios establecidos en la presente parte y cómo las obligaciones jurídicas derivadas de ellos se cumplen a escala nacional; c) información sobre la forma en que se han tenido en cuenta los resultados del seguimiento efectuado por la Agencia de Asilo y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la evaluación llevada a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2022/922, así como del seguimiento realizado de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) 2024/1356.

2 Las estrategias nacionales tendrán en cuenta otras estrategias pertinentes y medidas de apoyo vigentes, en particular medidas de apoyo en virtud de los Reglamentos (UE) 2021/1147 y (UE) 2021/2303, y serán coherentes y complementarias respecto de las estrategias nacionales para la gestión europea integrada de las fronteras, establecidas de conformidad con el artículo 8, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/1896.

3 Los Estados miembros remitirán sus estrategias nacionales de gestión del asilo y la migración a la Comisión seis meses antes de la adopción de la Estrategia a que se refiere el artículo 8.

4 La ayuda financiera y operativa de la Unión para el cumplimiento de las obligaciones, incluido el apoyo operativo de sus órganos y organismos, se proporcionará de acuerdo con los Reglamentos (UE) 2019/1986, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 y, en su caso, el Reglamento (UE) 2021/1148.

5 La Comisión realizará un seguimiento y proporcionará información sobre la situación migratoria mediante informes periódicos basados en datos e información facilitados por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, en la información recogida con arreglo a la Recomendación (UE) 2020/1366 y en el marco de la Red de preparación y gestión de crisis migratorias de la UE, así como, cuando corresponda, la información facilitada por los Estados miembros.

6 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá un modelo que los Estados miembros emplearán para garantizar que sus estrategias nacionales sean comparables en elementos esenciales específicos, como los planes de contingencia. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 La Comisión, previa consulta a los Estados miembros, teniendo en cuenta los informes y análisis pertinentes de los órganos y organismos de la Unión y basándose en las estrategias nacionales a que se refiere el artículo 7, elaborará una Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración (en lo sucesivo, «Estrategia») quinquenal en la que se establezca el enfoque estratégico para garantizar la aplicación coherente de las estrategias nacionales. La Comisión remitirá la Estrategia al Parlamento Europeo y al Consejo. La Estrategia no será jurídicamente vinculante.

2 La Estrategia se adoptará por primera vez a más tardar el 12 de diciembre de 2025, y posteriormente cada cinco años.

3 La Estrategia incluirá los elementos enumerados en los artículos 4 y 5, otorgará un papel destacado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tendrá también en cuenta lo siguiente: a) la aplicación de las estrategias nacionales de los Estados miembros en materia de gestión del asilo y la migración a que se refiere el artículo 7, así como la conformidad de estas con el Derecho internacional y de la Unión; b) la información pertinente recopilada por la Comisión con arreglo a la Recomendación (UE) 2020/1366; c) la información recopilada por la Comisión y la Agencia de Asilo acerca de la aplicación del acervo de la Unión en materia de asilo; d) la información obtenida del Servicio Europeo de Acción Exterior y otros órganos y organismos pertinentes de la Unión, en particular los informes de la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; e) cualquier otra información pertinente, incluida la procedente de Estados miembros, autoridades de supervisión, organizaciones internacionales y otros órganos, organismos u organizaciones competentes.

1 La Comisión adoptará anualmente un informe anual europeo sobre asilo y migración (en lo sucesivo, «informe») en el que se evalúe la situación en materia de asilo, acogida y migración durante los doce meses anteriores y cualquier posible evolución, y que proporcione una visión estratégica de la situación en el ámbito de la migración y el asilo sirviendo al mismo tiempo como herramienta de alerta temprana y sensibilización para la Unión.

2 El informe se basará en información y datos cuantitativos y cualitativos pertinentes facilitados por los Estados miembros, el Servicio Europeo de Acción Exterior, la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También podrá tener en cuenta la información facilitada por otros órganos, organismos u organizaciones pertinentes.

3 El informe contendrá los elementos siguientes: a) una evaluación de la situación general que abarque todas las rutas migratorias hacia la Unión y en todos los Estados miembros e incluya, en particular: i) el número de solicitudes de protección internacional y las nacionalidades de los solicitantes, ii) el número de menores no acompañados —y, en su caso, de personas con necesidades de acogida o procedimentales especiales— identificados, iii) el número de nacionales de terceros países o apátridas a quienes se ha concedido protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347, iv) el número de resoluciones de asilo en primera instancia y de decisiones definitivas de asilo, v) la capacidad de acogida de los Estados miembros, vi) el número de nacionales de terceros países en relación con los cuales las autoridades de los Estados miembros han detectado que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en el Estado miembro, incluidas las personas que sobrepasan el período de estancia autorizada tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 19, del Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo , vii) el número de decisiones de retorno emitidas por los Estados miembros y el número de nacionales de terceros países que han abandonado el territorio de los Estados miembros de conformidad con una decisión de retorno que cumpla la Directiva 2008/115/CE, viii) el número de nacionales de terceros países o apátridas admitidos por los Estados miembros a través de regímenes de reasentamiento, o admisión humanitaria, nacionales y de la Unión, ix) el número de nacionales de terceros países sujetos al procedimiento fronterizo previsto en los Reglamentos (UE) 2024/1348 y (UE) 2024/1349, y sus nacionalidades, x) el número de peticiones de toma a cargo o notificaciones de readmisión de conformidad con los artículos 39 y 41 entrantes y salientes, xi) el número de decisiones de traslado y el número de traslados realizados con arreglo al presente Reglamento, xii) el número y la nacionalidad de nacionales de terceros países que desembarquen tras operaciones de búsqueda y salvamento y el número de solicitudes de protección internacional formalizadas por dichos nacionales de terceros países, xiii) los Estados miembros que han experimentado llegadas recurrentes por mar, en particular mediante desembarcos tras operaciones de búsqueda y salvamento, xiv) el número de nacionales de terceros países o apátridas a las que se ha denegado la entrada de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/399, xv) el número de nacionales de terceros países o apátridas que disfrutan de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE del Consejo , xvi) el número de personas aprehendidas en relación con un cruce irregular de una frontera exterior terrestre, marítima o aérea y, siempre que se disponga de ese dato y que este sea verificable, el número de intentos de entrada irregular, xvii) el apoyo prestado por los órganos y organismos de la Unión a los Estados miembros; b) una proyección para el año siguiente que incluya el número de llegadas por mar previstas, elaborada a partir de la situación migratoria general del año anterior y que tenga en cuenta la situación actual, pero que refleje también la presión previa; c) información sobre el nivel de preparación de la Unión y de los Estados miembros y las posibles repercusiones de las situaciones previstas; d) información sobre la capacidad de los Estados miembros, en particular sobre la capacidad de acogida; e) el resultado del seguimiento efectuado por la Agencia de Asilo y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y de la evaluación llevada a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2022/922, así como del seguimiento realizado de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) 2024/1356 a que se refiere el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, letra c), del presente Reglamento; f) una evaluación de si son necesarias medidas de solidaridad y medidas en el marco del conjunto de instrumentos permanentes de apoyo de la UE en materia de migración para apoyar al Estado o Estados miembros de que se trate.

4 La Comisión adoptará el informe a más tardar el 15 de octubre de cada año y lo remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo.

5 El informe servirá de base para las decisiones a escala de la Unión sobre las medidas necesarias para gestionar las situaciones migratorias.

6 El primer informe se publicará a más tardar el 15 de octubre de 2025.

7 A efectos del informe, los Estados miembros, la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea facilitarán la información a que se refiere el artículo 10 a más tardar el 1 de junio de cada año.

8 La Comisión convocará una reunión del Mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias durante la primera quincena de julio de cada año para presentar la evaluación inicial de la situación e intercambiar información con los miembros de dicho mecanismo. La composición y el modo de funcionamiento del Mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias serán los establecidos en la Recomendación (UE) 2020/1366 en su versión original.

9 Los Estados miembros y los órganos y organismos pertinentes de la Unión facilitarán a la Comisión información actualizada a más tardar el 1 de septiembre de cada año.

10 La Comisión convocará una reunión del Mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias a más tardar el 30 de septiembre de cada año para presentar la evaluación consolidada de la situación. La composición y el modo de funcionamiento del mecanismo para la preparación y gestión de crisis migratorias de la UE serán los establecidos en la Recomendación (UE) 2020/1366 en su versión original.

1 Cuando la Comisión evalúe la situación migratoria general, o evalúe si un Estado miembro se encuentra bajo presión migratoria o en riesgo de presión migratoria o se enfrenta a una situación migratoria importante, utilizará el informe a que se refiere el artículo 9 y tendrá en cuenta cualquier otra información con arreglo al artículo 9, apartado 3, letra a).

2 La Comisión tendrá también en cuenta lo siguiente: a) la información presentada por el Estado miembro de que se trate, en particular la estimación de sus necesidades y capacidad y sus medidas de preparación y cualquier información adicional pertinente facilitada en la estrategia nacional a que se refiere el artículo 7; b) el nivel de cooperación sobre migración y en el ámbito de los retornos y la readmisión —en particular teniendo en cuenta el informe anual de conformidad con el artículo 25 bis del Reglamento (CE) n.o 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo — con terceros países de origen y tránsito, primeros países de asilo y terceros países seguros, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2024/1348; c) la situación geopolítica en terceros países pertinentes, así como las causas profundas de la migración, las posibles situaciones de instrumentalización de migrantes y los posibles cambios en el ámbito de las llegadas irregulares a través de las fronteras exteriores de los Estados miembros que podrían afectar a los movimientos migratorios; d) las correspondientes recomendaciones establecidas en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2022/922, en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2021/2303 y en el artículo 32, apartado 7, del Reglamento (UE) 2019/1896; e) la información recogida con arreglo a la Recomendación (UE) 2020/1366; f) los informes de conocimiento y análisis integrados de la situación en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo , siempre que se active la respuesta política integrada a las crisis, o el informe de conocimiento y análisis integrado de la situación migratoria elaborado en la primera fase del Mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias, cuando no se active la respuesta política integrada a las crisis; g) la información procedente del proceso de presentación de informes sobre la liberalización de visados y de los diálogos con terceros países; h) los boletines trimestrales sobre migración y otros informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; i) el apoyo prestado por los órganos y organismos de la Unión a los Estados miembros; j) las partes pertinentes de la evaluación de la vulnerabilidad a que se refiere el artículo 32 del Reglamento (UE) 2019/1896; k) la magnitud y las tendencias de los movimientos no autorizados de nacionales de terceros países o apátridas entre los Estados miembros, a partir de la información disponible de los órganos y organismos pertinentes de la Unión y los análisis de datos de los sistemas de información pertinentes.

3 Además, a fin de evaluar si un Estado miembro se enfrenta a una situación migratoria importante, la Comisión tendrá en cuenta el efecto acumulado de las llegadas anuales actuales y anteriores de nacionales de terceros países o apátridas.

1 Junto con el informe a que se refiere el artículo 9, la Comisión adoptará una decisión de ejecución por la que se determine si un Estado miembro concreto está sujeto a presión migratoria o corre riesgo de estarlo durante el año siguiente o si afronta una situación migratoria importante. A tal efecto, la Comisión consultará a los Estados miembros de que se trate. La Comisión podrá fijar un plazo para dichas consultas.

2 A efectos del apartado 1, la Comisión utilizará la información recopilada con arreglo al artículo 10, teniendo en cuenta todos los elementos del informe a que se refiere el artículo 9, todas las rutas migratorias —incluidas las características específicas del fenómeno estructural de los desembarcos tras operaciones de búsqueda y salvamento y los movimientos no autorizados de nacionales de terceros países y apátridas entre los Estados miembros—, así como la presión previa sobre el Estado miembro de que se trate y la situación actual.

3 Cuando, durante los últimos doce meses, un Estado miembro se haya enfrentado a un gran número de llegadas debido a desembarcos recurrentes tras operaciones de búsqueda y salvamento, la Comisión considerará que dicho Estado miembro está sujeto a presión migratoria, siempre que dichas llegadas sean de tal magnitud que creen obligaciones desproporcionadas incluso sobre el sistema de asilo, acogida y migración bien preparado del Estado miembro de que se trate.

4 La Comisión adoptará su decisión de ejecución a más tardar el 15 de octubre de cada año y la remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo.

1 Cada año, sobre la base del informe a que se refiere el artículo 9 y junto con este, la Comisión presentará una propuesta de acto de ejecución del Consejo por el que se establezca el contingente anual de solidaridad necesario para hacer frente a la situación migratoria en el año siguiente de un modo equilibrado y eficaz. Dicha propuesta reflejará las necesidades anuales de solidaridad previstas de los Estados miembros sujetos a presión migratoria.

2 La propuesta de la Comisión a que se refiere el apartado 1 determinará las cifras anuales totales de las reubicaciones y las contribuciones financieras necesarias para el contingente anual de solidaridad a escala de la Unión, que serán como mínimo de: a) 30000 en el caso de las reubicaciones; b) 600000000 EUR en el caso de las contribuciones financieras. La propuesta de la Comisión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo también establecerá contribuciones indicativas anuales para cada Estado miembro mediante la aplicación de la clave de referencia establecida en el artículo 66, con vistas a facilitar el ejercicio de compromisos de sus contribuciones de solidaridad (en lo sucesivo, «ejercicio de compromisos») con arreglo al artículo 13.

3 A la hora de determinar el nivel de la responsabilidad a escala de la Unión que se ha de compartir entre todos los Estados miembros y el consiguiente nivel de solidaridad, la Comisión tendrá en cuenta los criterios cualitativos y cuantitativos pertinentes, que incluirán, para el año de que se trate, el número total de llegadas, las tasas medias de reconocimiento y las tasas medias de retorno. La Comisión tendrá también en cuenta que los Estados miembros que pasen a ser Estados miembros beneficiarios con arreglo al artículo 58, apartado 1, no están obligados a llevar a cabo sus contribuciones de solidaridad comprometidas. La Comisión podrá determinar un número de reubicaciones o una cuantía de contribuciones financieras superiores a los establecidos en el apartado 2 del presente artículo y podrá determinar otras formas de solidaridad, tal como se establece en el artículo 56, apartado 2, letra c), en función de la necesidad de tales medidas derivada de los retos específicos en el ámbito de la migración en el Estado miembro de que se trate. A fin de preservar el valor igual de los diferentes tipos de medidas de solidaridad, se mantendrá la proporción entre las cifras establecidas en el apartado 2, letras a) y b), del presente artículo.

4 No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, en situaciones excepcionales, cuando la información facilitada por los Estados miembros y los órganos y organismos pertinentes de la Unión de conformidad con el artículo 9, apartado 2, o las consultas realizadas por la Comisión de conformidad con el artículo 11, apartado 1, no indiquen la necesidad de medidas de solidaridad para el año siguiente, la propuesta de la Comisión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo lo tendrá debidamente en cuenta.

5 Cuando la Comisión haya determinado en una decisión de ejecución a que se refiere el artículo 11 que uno o varios Estados miembros están sujetos a presión migratoria como consecuencia de un gran número de llegadas derivadas de desembarcos recurrentes tras operaciones de búsqueda y salvamento, teniendo en cuenta las características específicas de los Estados miembros de que se trate, la Comisión establecerá el porcentaje indicativo del contingente anual de solidaridad que debe ponerse a disposición de dichos Estados miembros.

6 La Comisión adoptará la propuesta a que se refiere el apartado 1 del presente artículo a más tardar el 15 de octubre de cada año y la remitirá al Consejo. La Comisión remitirá al mismo tiempo dicha propuesta al Parlamento Europeo. Hasta la adopción del acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57, la propuesta de la Comisión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no se hará pública. Se clasificará como «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» y se manejará como tal de conformidad con la Decisión 2013/488/UE del Consejo .

1 A fin de garantizar la aplicación efectiva de la parte IV del presente Reglamento, se crea un Foro de alto nivel de la UE sobre solidaridad (en lo sucesivo, «Foro de alto nivel»), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el Estado miembro que ejerza la Presidencia del Consejo. Los Estados miembros estarán representados con el nivel de responsabilidad y de capacidad de decisión adecuado para desempeñar las tareas encomendadas al Foro de alto nivel. Los terceros países que hayan celebrado con la Unión un acuerdo sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de protección internacional formalizada en un Estado miembro o en dicho tercer país podrán, con el fin de contribuir a la solidaridad de manera puntual, ser invitados a participar en el Foro de alto nivel según proceda.

2 El Consejo convocará una reunión del Foro de alto nivel en un plazo de quince días a partir de la adopción del informe a que se refiere el artículo 9, de la decisión a que se refiere el artículo 11 y de la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12.

3 En la reunión a que se refiere el apartado 2, el Foro de alto nivel estudiará el informe a que se refiere el artículo 9, la decisión a que se refiere el artículo 11 y la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12 y examinará de la situación general. También llegará a una conclusión sobre las medidas de solidaridad y los niveles de contribución necesarios con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 57 y, cuando se considere necesario, sobre otras medidas de respuesta migratoria en los ámbitos de responsabilidad, preparación y contingencia, así como sobre la dimensión exterior de la migración. Durante esa reunión del Foro de alto nivel, los Estados miembros se comprometerán a aportar sus contribuciones de solidaridad para la creación del contingente anual de solidaridad de conformidad con el artículo 57.

4 Cuando el Consejo, a iniciativa de un Estado miembro o tras la invitación por parte de la Comisión, considere que las contribuciones de solidaridad al contingente anual de solidaridad son insuficientes en relación con las necesidades detectadas, también cuando se hayan concedido deducciones significativas con arreglo a los artículos 61 y 62, o uno o más Estados miembros sujetos a presión migratoria tengan necesidades superiores a las previstas, o la situación general requiera apoyo de solidaridad adicional, el Consejo convocará de nuevo por mayoría simple el Foro de alto nivel para pedir a los Estados miembros que aporten contribuciones de solidaridad adicionales. Todo ejercicio de compromisos seguirá el procedimiento establecido en el artículo 57.

1 A fin de garantizar el buen funcionamiento de la parte IV del presente Reglamento, se creará un Foro de nivel técnico de la UE sobre solidaridad (en lo sucesivo, «Foro de nivel técnico»), que será convocado y presidido por el coordinador de la UE para la solidaridad en nombre de la Comisión.

2 El Foro de nivel técnico estará compuesto por representantes de las autoridades pertinentes de los Estados miembros de un nivel jerárquico suficiente para llevar a cabo las tareas encomendadas al Foro.

3 Los terceros países que hayan celebrado con la Unión un acuerdo sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de protección internacional formalizada en un Estado miembro o en dicho tercer país podrán, con el fin de contribuir a la solidaridad de manera puntual, ser invitados a participar en el Foro de nivel técnico según proceda.

4 La Agencia de Asilo participará en el Foro de nivel técnico. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea participarán en el Foro de nivel técnico cuando proceda y sean invitadas por el coordinador de la UE para la solidaridad. También podrá invitarse a participar a organismos de las Naciones Unidas en función de su participación en el mecanismo de solidaridad.

5 Tras la adopción del acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57, el coordinador de la UE para la solidaridad convocará una primera reunión del Foro de nivel técnico. Tras esa primera reunión, el Foro de nivel técnico se reunirá periódicamente y con la frecuencia necesaria, en particular de conformidad con el artículo 58, apartado 3, y el artículo 59, apartado 6, a fin de hacer operativo el mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros y responder a las necesidades de solidaridad mediante las contribuciones que se hayan determinado.

1 La Comisión nombrará a un coordinador de la UE para la solidaridad para coordinar a nivel técnico la aplicación del mecanismo de solidaridad de conformidad con la parte IV del presente Reglamento.

2 El coordinador de la UE para la solidaridad: a) apoyará las actividades relacionadas con reubicaciones desde el Estado miembro beneficiario hacia el Estado miembro contribuyente; b) coordinará y apoyará la comunicación entre los Estados miembros y los órganos, organismos y entidades que participen en la aplicación del mecanismo de solidaridad; c) mantendrá una visión general de las necesidades de los Estados miembros beneficiarios y las contribuciones de los Estados miembros contribuyentes y llevará a cabo un seguimiento de las medidas de solidaridad en curso; d) organizará reuniones periódicas entre las autoridades de los Estados miembros para garantizar la puesta en funcionamiento eficaz y eficiente del contingente anual de solidaridad con el fin de permitir una interacción y cooperación óptimas entre los Estados miembros; e) promoverá las mejores prácticas en la aplicación del mecanismo de solidaridad; f) convocará y presidirá el Foro de nivel técnico; g) desempeñará las funciones a que se refiere el artículo 7 del Reglamento (UE) 2024/1359.

3 A efectos del apartado 2, el coordinador de la UE para la solidaridad estará asistido por una oficina y contará con los recursos financieros y humanos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones. El coordinador de la UE para la solidaridad mantendrá una coordinación estrecha con la Agencia de Asilo, en particular en relación con los detalles prácticos de las reubicaciones en virtud del presente Reglamento.

4 El informe a que se refiere el artículo 9 presentará el estado de aplicación y funcionamiento del mecanismo de solidaridad.

5 Los Estados miembros facilitarán al coordinador de la UE para la solidaridad los datos y la información necesarios para que este pueda desempeñar eficazmente sus funciones.

1 Los Estados miembros examinarán una solicitud de protección internacional por parte de un nacional de un tercer país o un apátrida que la solicite ya sea en el territorio de cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será el Estado miembro responsable en función de los criterios establecidos en el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte.

2 Sin perjuicio de las normas contempladas en la parte IV del presente Reglamento, cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro en el que se haya registrado la solicitud de protección internacional.

3 Cuando a un Estado miembro le sea imposible trasladar a un solicitante al Estado miembro que se haya designado en primer lugar como responsable, debido a la existencia de motivos fundados para temer que el solicitante, como consecuencia de su traslado a ese Estado miembro, corra un riesgo real de violación de sus derechos fundamentales que suponga un trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta, el Estado miembro encargado de la determinación seguirá examinando los criterios fijados en el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte para decidir si puede designarse como responsable a otro Estado miembro. Cuando un Estado miembro no pueda realizar el traslado con arreglo al párrafo primero del presente apartado a un Estado miembro designado según los criterios fijados en el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte, o al primer Estado miembro en el que se registró la solicitud y no pueda determinar si es posible designar responsable a otro Estado miembro, dicho Estado miembro pasará a ser el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

4 Si no se ha realizado, de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1356, la inspección de seguridad establecida en su artículo 15, el primer Estado miembro en el que se registró la solicitud de protección internacional examinará si existen motivos razonables para considerar que el solicitante supone una amenaza para la seguridad interior, lo antes posible tras el registro de la solicitud, antes de aplicar los criterios para determinar el Estado miembro responsable de acuerdo con el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte. Si se ha realizado la inspección de seguridad establecida en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1356, pero el primer Estado miembro en el que se registró la solicitud de protección internacional tiene motivos justificados para examinar si hay razones fundadas para considerar que el solicitante supone una amenaza para la seguridad interior, dicho Estado miembro realizará el examen lo antes posible tras el registro de la solicitud, antes de aplicar los criterios de determinación del Estado miembro responsable de acuerdo con el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte. Cuando la inspección de seguridad realizada con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1356 o de acuerdo con los párrafos primero y segundo del presente apartado demuestre que existen razones fundadas para considerar que el solicitante supone una amenaza para la seguridad interior, el Estado miembro que realiza la inspección de seguridad será el Estado miembro responsable, y el artículo 39 del presente Reglamento no se aplicará.

5 Todo Estado miembro conservará la posibilidad de enviar a un solicitante a un tercer país seguro, siempre que se cumplan las normas y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1348.

1 Las solicitudes de protección internacional se formularán y registrarán en el Estado miembro de primera llegada.

2 Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, cuando un nacional de un tercer país o un apátrida esté en posesión de un documento de residencia o un visado válidos, la solicitud se formulará y se registrará en el Estado miembro que emitió el documento de residencia o el visado. Cuando un nacional de un tercer país o un apátrida esté en posesión de un documento de residencia o un visado que haya expirado o haya sido anulado, retirado o revocado, la solicitud de protección internacional se formulará y registrará en el Estado miembro en el que se encuentre.

3 El solicitante cooperará plenamente con las autoridades competentes de los Estados miembros en la recogida de los datos biométricos de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1358 y en las cuestiones a las que atañe el presente Reglamento, en particular, presentando y divulgando en cuanto sea posible, y a más tardar durante la entrevista mencionada en el artículo 22 del presente Reglamento, todos los elementos y la información de que disponga que sean pertinentes para determinar el Estado miembro responsable, por ejemplo presentando sus documentos de identidad si el solicitante está en posesión de tales documentos. Si, en el momento de la entrevista, el solicitante no está en situación de presentar pruebas que fundamenten los elementos y la información facilitados, o de cumplimentar el modelo a que se refiere el artículo 22, apartado 1, del presente Reglamento, la autoridad competente, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, podrá establecer un plazo razonable para la presentación de dichas pruebas dentro del período de tiempo a que se refiere el artículo 39, apartado 1, del presente Reglamento.

4 Se exigirá al solicitante que esté presente en: a) el Estado miembro a que se refieren los apartados 1 y 2 a la espera de la determinación del Estado miembro responsable y, cuando proceda, de la ejecución del procedimiento de traslado; b) el Estado miembro responsable; c) el Estado miembro de reubicación tras el traslado realizado de acuerdo con el artículo 67, apartado 11.

5 Cuando se notifique al solicitante una decisión de traslado de conformidad con el artículo 42, apartado 2, y con el artículo 67, apartado 10, el solicitante cooperará con las autoridades competentes y se atendrá a tal decisión.

1 Siempre que se haya informado al solicitante de sus obligaciones y de las consecuencias del incumplimiento de estas de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1356 o el artículo 5, apartado 1, y el artículo 21 de la Directiva (UE) 2024/1346, el solicitante no tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en los artículos 17 a 20 de dicha Directiva, en ningún otro Estado miembro distinto de aquel en el que se le exige que esté presente con arreglo al artículo 17, apartado 4, del presente Reglamento desde el momento en el que se le haya notificado una decisión de traslado al Estado miembro responsable. El párrafo primero se entenderá sin perjuicio de la necesidad de garantizar un nivel de vida que sea conforme con el Derecho de la Unión, incluida la Carta, y las obligaciones internacionales.

2 Los elementos y la información pertinentes para determinar el Estado miembro responsable que se hayan presentado tras el vencimiento del plazo solo se tendrán en cuenta si aportan pruebas que sean decisivas para la correcta aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que respecta a los menores no acompañados y a la reagrupación familiar.

3 El apartado 1 no se aplicará cuando el solicitante no se encuentre en el Estado miembro en el que esté obligado a estar presente y las autoridades competentes del Estado miembro en el que se encuentre el solicitante tengan indicios razonables para creer que el solicitante pueda haber sido objeto de cualquiera de los delitos a que se refieren los artículos 2 y 3 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo .

4 Al aplicar el presente artículo, los Estados miembros tendrán en cuenta las circunstancias concretas del solicitante, incluido cualquier riesgo real de violación de los derechos fundamentales en el Estado miembro en el que el solicitante tiene la obligación de estar presente. Las medidas adoptadas por los Estados miembros serán proporcionadas.

1 En cuanto sea posible, y en todo caso en la fecha en que se registre la solicitud de protección internacional en un Estado miembro, la autoridad competente de dicho Estado miembro proporcionará al solicitante información sobre la aplicación del presente Reglamento, sobre sus derechos con arreglo al presente Reglamento y sobre las obligaciones establecidas en el artículo 17, así como sobre las consecuencias del incumplimiento establecidas en el artículo 18. Esa información incluirá, en particular, información sobre: a) los objetivos del presente Reglamento; b) la colaboración que se espera del solicitante con las autoridades competentes según se establece en el artículo 17; c) el hecho de que el derecho a solicitar protección internacional no conlleva que el solicitante pueda elegir ni el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional ni el Estado miembro de reubicación; d) las consecuencias de formular otra solicitud en un Estado miembro distinto, así como de las consecuencias de abandonar el Estado miembro donde se requiere al solicitante que esté presente según el artículo 17, apartado 4, y en particular de que el solicitante solo tendrá derecho a las condiciones de acogida establecidas en el artículo 18, apartado 1; e) los criterios y el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable, la jerarquía de dichos criterios en las diferentes fases del procedimiento y su duración; f) las disposiciones relativas a la reagrupación familiar y, a este respecto, la definición aplicable de miembros de la familia y parientes, el derecho a pedir y recibir el modelo a que se refiere el artículo 22, apartado 1, junto con información sobre las personas y entidades que pueden prestar asistencia para cumplimentar dicho modelo, así como información sobre las organizaciones nacionales, internacionales u otras organizaciones pertinentes que puedan facilitar la identificación y localización de los miembros de la familia; g) el derecho a la entrevista personal recogida en el artículo 22 y el objetivo de esta, el procedimiento y la obligación de presentar verbalmente o mediante documentos u otra información, incluido en su caso mediante el modelo a que se refiere el artículo 22, apartado 1, tan pronto como sea posible en el procedimiento, cualquier información pertinente que pudiera ayudar a establecer la presencia de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares en los Estados miembros, incluida información sobre los medios por los que el solicitante pueda presentar dicha información, así como cualquier ayuda que el Estado miembro pueda ofrecer con respecto a la localización de miembros de la familia o parientes; h) la obligación del solicitante de divulgar lo antes posible en el procedimiento cualquier información pertinente que pudiera ayudar a verificar cualquier documento de residencia, visado o título académico anterior; i) la oportunidad de presentar razones debidamente motivadas a las autoridades competentes a fin de que consideren la posibilidad de aplicar el artículo 35, apartado 1; j) la obligación del solicitante de presentar sus documentos de identidad si está en posesión de dichos documentos y de cooperar con las autoridades competentes en la recogida de los datos biométricos de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1358; k) la existencia del derecho a la tutela judicial efectiva a fin de impugnar ante un órgano jurisdiccional una decisión de traslado dentro del plazo establecido en el artículo 43, apartado 2, y el hecho de que el alcance de dicha impugnación está limitado tal y como se recoge en el artículo 43, apartado 1; l) el derecho a recibir consejo jurídico gratuito sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de los criterios establecidos en el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte en todas las fases del procedimiento de determinación del Estado miembro responsable, tal como se establece en el artículo 21; m) en caso de recurso o revisión, el derecho a obtener asistencia jurídica gratuita, previa petición, cuando la persona en cuestión no pueda costear los gastos correspondientes; n) el hecho de que la fuga vaya a dar lugar a una prórroga del plazo de conformidad con el artículo 46; o) el hecho de que las autoridades competentes de los Estados miembros y la Agencia de Asilo vayan a procesar los datos personales del solicitante, también para el intercambio de sus datos, con la única finalidad de cumplir sus obligaciones en virtud del presente Reglamento y respetando plenamente los requisitos de protección de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión; p) las categorías de datos personales de que se trate; q) el derecho de acceso a los datos que conciernen al solicitante y el derecho a pedir que esos datos se corrijan si son inexactos o se supriman si han sido tratados ilegalmente, así como los procedimientos para el ejercicio de tales derechos —incluidos los datos de contacto de las autoridades a que se refiere el artículo 52 y de las autoridades nacionales de protección de datos responsables de atender las reclamaciones relativas a la protección de datos personales— y los datos de contacto del delegado de protección de datos; r) en el caso de un menor no acompañado, las garantías y los derechos aplicables al solicitante a este respecto, el papel y las responsabilidades del representante y el procedimiento para presentar reclamaciones contra un representante de forma confidencial y segura y de manera que se respete plenamente el derecho del niño a ser escuchado; s) el hecho de que, cuando las pruebas circunstanciales no sean coherentes, verificables y suficientemente detalladas para determinar la responsabilidad, el Estado miembro puede pedir un análisis de ADN o de sangre para demostrar la existencia de vínculos familiares, o una evaluación de la edad del solicitante; t) cuando proceda, el procedimiento de reubicación establecido en los artículos 67 y 68.

2 El solicitante tendrá la posibilidad de pedir información sobre el estado del procedimiento y las autoridades competentes informarán al solicitante de esta posibilidad. Cuando el solicitante sea un menor, el menor y su progenitor o su representante podrán pedir esa información.

1 La información a que se refiere el artículo 19 se facilitará por escrito de forma concisa, transparente, inteligible y fácilmente accesible, utilizando un lenguaje claro y sencillo y en una lengua que el solicitante comprenda o cuya comprensión sea razonable suponer. Los Estados miembros utilizarán el material informativo común elaborado para tal fin con arreglo al apartado 2 del presente artículo. El material informativo común también estará disponible en línea, en una plataforma abierta y de fácil acceso para los solicitantes de protección internacional. Si fuera necesario para una comprensión adecuada por parte del solicitante, la información también se proporcionará verbalmente, por ejemplo, en el contexto de la entrevista personal a que se refiere el artículo 22. A tal fin, el solicitante tendrá la oportunidad de formular preguntas para aclarar la información proporcionada. Los Estados miembros podrán valerse de la ayuda de equipos multimedios.

2 En estrecha cooperación con las autoridades nacionales responsables, la Agencia de Asilo elaborará material informativo común, así como información específica para menores no acompañados, solicitantes vulnerables y, en su caso, solicitantes con necesidades de acogida o procedimentales especiales, que contenga al menos la información a la que se refiere el artículo 19. Ese material informativo común también contendrá información sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1358 y, en particular, sobre los fines para los que puedan tratarse los datos del solicitante en Eurodac. El material informativo común se elaborará de manera que los Estados miembros puedan completarlo con información adicional específica del Estado miembro.

3 Cuando el solicitante sea un menor, la información a que se refiere el artículo 19 se facilitará de una manera adaptada a los niños, por personal adecuadamente formado y en presencia del representante del solicitante.

1 Los solicitantes tendrán derecho a consultar de forma efectiva a un asesor jurídico u otro consejero admitido o autorizado como tal por el Derecho nacional, sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de los criterios establecidos en el capítulo II o las cláusulas establecidas en el capítulo III de la presente parte en todas las fases del procedimiento de determinación del Estado miembro responsable establecidas en el presente Reglamento.

2 Sin perjuicio del derecho del solicitante a elegir su propio asesor jurídico u otro consejero a su propia costa, el solicitante podrá pedir consejo jurídico gratuito en todas las fases del procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

3 El consejo jurídico gratuito será prestado por asesores jurídicos u otros consejeros admitidos o autorizados por el Derecho nacional para asesorar, asistir o representar a los solicitantes, o por organizaciones no gubernamentales autorizadas por el Derecho nacional para prestar servicios jurídicos a los solicitantes o representarlos. A efectos del párrafo primero, el acceso efectivo al consejo jurídico gratuito podrá proporcionarse encomendando a una persona la prestación de consejo jurídico en la fase administrativa del procedimiento a varios solicitantes al mismo tiempo.

4 Los Estados miembros podrán organizar la prestación de consejo jurídico con arreglo a sus sistemas nacionales.

5 Los Estados miembros establecerán normas de procedimiento específicas relativas a las modalidades de presentación y tramitación de las peticiones de consejo jurídico gratuito con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

6 A efectos del procedimiento de determinación del Estado miembro responsable, el consejo jurídico gratuito incluirá proporcionar: a) orientaciones y explicaciones sobre los criterios y procedimientos para determinar el Estado miembro responsable, con inclusión de información sobre los derechos y obligaciones durante todas las fases de dicho procedimiento; b) orientación y asistencia para proporcionar información que pueda ayudar a determinar el Estado miembro responsable de conformidad con los criterios establecidos en el capítulo II de la presente parte; c) orientación y asistencia relativas al modelo a que se refiere el artículo 22, apartado 1.

7 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrá excluirse la prestación de consejo jurídico gratuito en el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable cuando el solicitante ya esté asistido y representado por un asesor jurídico.

8 A efectos de la aplicación del presente artículo, los Estados miembros podrán pedir asistencia a la Agencia de Asilo. Además, podrá prestarse apoyo financiero a los Estados miembros a través de fondos de la Unión, de conformidad con los actos jurídicos aplicables a dicha financiación.

1 Para facilitar el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable, las autoridades competentes del Estado miembro encargado de la determinación a que se refiere el artículo 38, apartado 1, celebrarán una entrevista personal con el solicitante a efectos de aplicar el artículo 39. La entrevista también permitirá al solicitante la correcta comprensión de la información recibida con arreglo al artículo 19. Las autoridades competentes recopilarán información sobre la situación personal concreta del solicitante formulando de forma proactiva preguntas que ayuden a determinar el Estado miembro responsable a efectos de aplicar el artículo 39. Cuando existan indicios de que el solicitante tenga miembros de la familia o parientes en un Estado miembro, el solicitante recibirá un modelo, que deberá elaborar la Agencia de Asilo. El solicitante cumplimentará ese modelo con la información de que disponga para facilitar la aplicación del artículo 39. Cuando sea posible, el solicitante cumplimentará ese modelo antes de la entrevista personal prevista en el presente artículo. La Agencia de Asilo elaborará el modelo a que se refiere el párrafo tercero del presente apartado a más tardar el 12 de abril de 2025. La Agencia de Asilo también elaborará directrices para la identificación y localización de los miembros de la familia en apoyo de la aplicación de los artículos 25 a 28 y 34 por el Estado miembro requirente y el Estado miembro requerido de conformidad con los artículos 39 y 40. El solicitante tendrá la oportunidad de presentar razones debidamente motivadas a las autoridades competentes a fin de que consideren la posibilidad de aplicar el artículo 35, apartado 1.

2 Podrá prescindirse de la entrevista personal cuando: a) el solicitante se haya dado a la fuga; b) el solicitante no haya acudido a la entrevista personal y no haya comunicado motivos justificados a los que se deba su ausencia; c) el solicitante, tras haber recibido la información a la que se refiere el artículo 19, ya haya proporcionado por otros medios la información necesaria para determinar el Estado miembro responsable. A efectos del párrafo primero, letra c), del presente apartado, el Estado miembro que omita la entrevista ofrecerá al solicitante la oportunidad de presentar toda la información adicional que sea pertinente para determinar correctamente el Estado miembro responsable, en el plazo de tiempo al que se refiere el artículo 39, apartado 1, incluidas razones debidamente motivadas por los que la autoridad deba considerar la necesidad de una entrevista personal.

3 La entrevista personal se celebrará en momento oportuno y, en todo caso, antes de que se efectúe cualquier petición de toma a cargo conforme al artículo 39.

4 La entrevista personal se celebrará en la lengua que prefiera el solicitante a menos que haya otra lengua que entienda y en la que sea capaz de comunicarse con claridad. Las entrevistas a menores no acompañados —y, en su caso, acompañados— serán realizadas por una persona que tenga los conocimientos necesarios sobre los derechos y las necesidades especiales de los menores, de manera sensible a los niños y adaptada al contexto, teniendo en cuenta la edad y madurez del menor y en presencia del representante y, cuando proceda, del asesor jurídico del menor. Si fuera necesario, se facilitará un intérprete que pueda asegurar la correcta comunicación entre el solicitante y la persona que lleve a cabo la entrevista personal. Podrá preverse la presencia de un mediador cultural durante la entrevista personal. Cuando así lo pida el solicitante y sea posible, la persona que realice la entrevista y, cuando proceda, el intérprete, serán del sexo que prefiera el solicitante.

5 Cuando las circunstancias lo justifiquen debidamente, los Estados miembros podrán celebrar la entrevista personal por videoconferencia. En tal caso, el Estado miembro garantizará que se adopten las disposiciones necesarias para que las instalaciones, las normas de procedimiento y técnicas, la asistencia jurídica y la interpretación sean adecuadas, teniendo en cuenta las orientaciones de la Agencia de Asilo.

6 La entrevista personal deberá tener lugar en condiciones que garanticen la adecuada confidencialidad. Será efectuada por una persona cualificada de acuerdo con el Derecho nacional. Los solicitantes que se considere que requieren garantías procedimentales especiales de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1348 recibirán apoyo adecuado con el fin de crear las condiciones necesarias para que efectivamente presenten todos los elementos que permitan la determinación del Estado miembro responsable. Además, el personal que entreviste a los solicitantes deberá poseer conocimientos generales de los factores que puedan afectar negativamente a la capacidad del solicitante de ser entrevistado, tales como indicios de haber sufrido torturas en el pasado o haber sido víctima de trata de seres humanos.

7 El Estado miembro que celebre la entrevista personal efectuará una grabación sonora de la entrevista y elaborará un resumen escrito de esta, que contendrá al menos la principal información proporcionada por el solicitante en la entrevista. El solicitante deberá ser informado previamente de la realización de dicha grabación y del propósito de esta. En caso de duda sobre las declaraciones realizadas por el solicitante durante la entrevista personal, prevalecerá la grabación sonora. El resumen podrá adoptar la forma de un informe o de un formulario normalizado. El Estado miembro garantizará que el solicitante o el asesor jurídico u otro consejero admitido o autorizado como tal con arreglo al Derecho nacional que represente legalmente al solicitante tenga acceso al resumen en el momento oportuno, lo antes posible tras la entrevista y, en todo caso, antes de que las autoridades competentes adopten la decisión sobre el Estado miembro responsable. Se ofrecerá al solicitante la oportunidad de hacer comentarios o aclaraciones orales o por escrito en relación con cualquier error de traducción, malentendido u otro error material que figure en el resumen escrito, al finalizar la entrevista personal o dentro de un plazo específico.

1 El interés superior del niño constituirá una consideración primordial de los Estados miembros en todos los procedimientos previstos en el presente Reglamento. Se dará prioridad a los procedimientos que incluyan a menores.

2 Cada Estado miembro en el que se encuentre un menor no acompañado garantizará que el menor esté representado y asistido por un representante con respecto a los procedimientos correspondientes contemplados en el presente Reglamento. El representante tendrá los recursos, las cualificaciones, la formación, los conocimientos especializados y la independencia adecuados para garantizar que se toma en consideración el interés superior del niño durante los procedimientos tramitados con arreglo al presente Reglamento. El representante tendrá acceso al contenido de los documentos importantes del expediente del solicitante, incluido el material informativo específico para los menores no acompañados, y mantendrá informado al menor no acompañado sobre la situación de los procedimientos en el marco del presente Reglamento. Cuando la solicitud la formule una persona que alegue ser un menor, o respecto de la cual existan motivos objetivos para creer que es un menor, y que no esté acompañada, las autoridades competentes: a) designarán lo antes posible y, en todo caso, a su debido tiempo, a efectos de asistir al menor en el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable, una persona con las capacidades y conocimientos especializados necesarios para asistir provisionalmente al menor a fin de salvaguardar su interés superior y su bienestar general, de manera que pueda disfrutar de los derechos en virtud del presente Reglamento y, en su caso, para actuar como representante hasta que se haya nombrado a un representante; b) nombrarán un representante lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que se formule la solicitud. Cuando haya un número desproporcionado de solicitudes formuladas por menores no acompañados, o en otras situaciones excepcionales, el plazo para designar a un representante con arreglo al párrafo segundo, letra b), podrá ampliarse en diez días hábiles. Cuando la autoridad competente concluya que un solicitante que afirma ser menor ha cumplido los dieciocho años sin lugar a dudas, no estará obligada a designar un representante de conformidad con el presente apartado. Las funciones del representante o de la persona a la que se refiere el párrafo segundo, letra a), cesarán si las autoridades competentes, tras la evaluación de la edad a que se refiere el artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1348, no presuponen que el solicitante sea menor, o consideran que no lo es, o si el solicitante deja de ser un menor no acompañado. Cuando se designe una organización como representante, esta nombrará a una persona responsable de ejercer las funciones de dicha organización por lo que respecta al menor. El párrafo primero se aplicará a dicha persona. El representante previsto en el párrafo primero podrá ser la misma persona u organización establecidas en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2024/1348.

3 Los Estados miembros garantizarán que los representantes de los menores no acompañados participen a lo largo de todo el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento. El representante ayudará al menor no acompañado facilitando la información pertinente para la valoración del interés superior del niño de acuerdo con el apartado 4, incluido el ejercicio del derecho a ser escuchado, y promoverá su colaboración con otros agentes, como organizaciones de búsqueda de familiares, cuando sea adecuado para tal fin, respetando debidamente las obligaciones en materia de confidencialidad con respecto al menor.

4 Los Estados miembros cooperarán estrechamente entre sí para determinar el interés superior del menor, en particular teniendo debidamente en cuenta los factores siguientes: a) las posibilidades de reagrupación familiar; b) el bienestar y el desarrollo social del menor a corto, medio y largo plazo, en particular situaciones de vulnerabilidad adicionales, como trauma, necesidades sanitarias específicas o discapacidad, teniendo especialmente en cuenta el contexto étnico, religioso, cultural y lingüístico del menor y considerando además la necesidad de estabilidad y continuidad de la asistencia social y educativa; c) consideraciones de seguridad y protección, especialmente en caso de riesgo de que el menor sea víctima de cualquier forma de violencia o explotación, incluida la trata de seres humanos; d) la opinión del menor, teniendo en cuenta su edad y madurez; e) cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la información facilitada por el representante en el Estado miembro en el que se encuentre el menor no acompañado; f) cualquier otra razón pertinente para determinar el interés superior del niño.

5 Antes de trasladar a un menor no acompañado, el Estado miembro que efectúa el traslado se lo notificará al Estado miembro responsable o al Estado miembro de reubicación, que confirmará que se van a adoptar sin demora todas las medidas adecuadas a que se refieren los artículos 16 y 27 de la Directiva (UE) 2024/1346 y el artículo 23 del Reglamento (UE) 2024/1348, incluida la designación de un representante en el Estado miembro responsable o el Estado miembro de reubicación. Cualquier decisión de traslado de un menor no acompañado deberá ir precedida de una evaluación individualizada del interés superior del niño. La evaluación se basará en los factores pertinentes enumerados en el apartado 4 del presente artículo y las conclusiones de la evaluación de dichos factores se explicarán claramente en la decisión de traslado. La evaluación será llevada a cabo sin demora por personal adecuadamente formado que cuente con las cualificaciones y los conocimientos especializados necesarios para garantizar que se toma en consideración el interés superior del niño.

6 A efectos de la aplicación del artículo 25, el Estado miembro en el que se haya registrado por primera vez la solicitud de protección internacional del menor no acompañado llevará a cabo de inmediato las acciones necesarias para identificar cualesquier miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado que se encuentren en el territorio de los Estados miembros, al tiempo que protege el interés superior del menor. A este efecto, dicho Estado miembro podrá solicitar la asistencia de organizaciones internacionales o de otras organizaciones pertinentes, y podrá facilitar el acceso del menor a los servicios de localización de dichas organizaciones. El personal de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 52 que se ocupan de las peticiones relativas a menores no acompañados recibirá una formación adecuada sobre las necesidades específicas de los menores que resulte pertinente para la aplicación del presente Reglamento.

7 Con vistas a facilitar las actuaciones necesarias para identificar a los miembros de la familia o parientes de un menor no acompañado que vivan en el territorio de otro Estado miembro con arreglo al apartado 6 del presente artículo, la Comisión adoptará actos de ejecución, entre ellos un formulario normalizado para el intercambio de la información pertinente entre los Estados miembros. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 Los criterios de determinación del Estado miembro responsable se aplicarán en el orden que figuran en el presente capítulo.

2 La determinación del Estado miembro responsable en aplicación de los criterios establecidos en el presente capítulo se realizará atendiendo a la situación en el momento en que se registró por primera vez la solicitud de protección internacional ante un Estado miembro.

1 Si el solicitante es un menor no acompañado, solo serán de aplicación los criterios establecidos en el presente artículo. Dichos criterios serán de aplicación en el orden en que se establecen en los apartados 2 a 5.

2 El Estado miembro responsable será el Estado miembro en el que se encuentre legalmente un miembro de la familia o un hermano del menor no acompañado, a menos que se demuestre que ello va en contra del interés superior del niño. Cuando el solicitante sea un menor casado cuyo cónyuge no esté presente legalmente en el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro responsable será aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre u otro adulto responsable del menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado miembro, o un hermano, a menos que se demuestre que ello va en contra del interés superior del niño.

3 Si el solicitante es un menor no acompañado que tiene un pariente legalmente presente en otro Estado miembro, y si se comprueba, sobre la base de un examen del caso concreto, que dicho pariente puede ocuparse de él, dicho Estado miembro reunirá al menor con su pariente y será el Estado miembro responsable, a menos que se demuestre que ello no redunda en el interés superior del niño.

4 Cuando los miembros de la familia, los hermanos o los parientes a los que se refieren los apartados 2 y 3 se encuentren presentes en más de un Estado miembro, el Estado miembro responsable se determinará en función del interés superior del niño.

5 A falta de un miembro de la familia, hermano o pariente a que se refieren los apartados 2 y 3, el Estado miembro responsable será aquel en el que se haya registrado por primera vez la solicitud de protección internacional del menor no acompañado, si ello redunda en el interés superior del niño.

6 La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 78 en lo referente a: a) la identificación de los miembros de la familia, hermanos o parientes de los menores no acompañados; b) los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados; c) los criterios para evaluar la capacidad del pariente de hacerse cargo de un menor no acompañado, incluso cuando los miembros de la familia, hermanos o parientes del menor no acompañado se encuentren presentes en más de un Estado miembro. Al ejercer sus facultades para adoptar actos delegados, la Comisión no deberá excederse del alcance del interés superior del niño, tal como se establece en el artículo 23, apartado 4.

7 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos uniformes para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros a efectos del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 Si se hubiera autorizado a algún miembro de la familia del solicitante a residir como beneficiario de protección internacional en un Estado miembro, o si algún miembro de la familia del solicitante reside en un Estado miembro con base en un permiso de residencia de larga duración de conformidad con la Directiva 2003/109/CE del Consejo o un permiso de residencia de larga duración concedida con arreglo al Derecho nacional en caso de que dicha Directiva no se aplique en el Estado miembro en cuestión, ese Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional, siempre que los interesados hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

2 Si el miembro de la familia hubiera estado autorizado en el pasado a residir como beneficiario de protección internacional pero posteriormente hubiera adquirido la ciudadanía de un Estado miembro, dicho Estado miembro será responsable del examen de la solicitud, siempre que los interesados hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

3 Los apartados 1 y 2 se aplicarán también a los hijos nacidos después de la llegada del miembro de la familia al territorio de los Estados miembros.

Cuando el solicitante tenga un miembro de su familia cuya solicitud de protección internacional en un Estado miembro todavía no haya sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo, dicho Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional, siempre que los interesados hubieran manifestado por escrito que así lo desean.

En caso de que varios miembros de una familia o hermanos menores solteros registren una solicitud de protección internacional en un mismo Estado miembro simultáneamente o en fechas lo suficientemente cercanas como para que los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable puedan desarrollarse conjuntamente, y en caso de que la aplicación de los criterios mencionados en el presente Reglamento tuviera como consecuencia la separación de tales personas, la determinación del Estado miembro responsable del examen de sus solicitudes se determinará en el siguiente orden de prelación: a) el Estado miembro al que los criterios designen responsable de hacerse cargo de la mayoría de ellos; b) el Estado miembro al que los criterios designen responsable del examen de la solicitud del de mayor edad.

1 Si el solicitante es titular de un documento de residencia válido, el Estado miembro que haya expedido dicho permiso será responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

2 Si el solicitante es titular de un visado válido, el Estado miembro que haya expedido dicho visado será responsable de examinar la solicitud de protección internacional, excepto si dicho visado hubiera sido expedido en nombre de otro Estado miembro con arreglo a un acuerdo de representación en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 810/2009. En tal caso, el Estado miembro representado será responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

3 Si el solicitante es titular de varios documentos de residencia o visados válidos, expedidos por diferentes Estados miembros, el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional será, en el siguiente orden: a) el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que conceda el derecho de residencia más prolongado o, en caso de períodos de idéntica validez, el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia que caduque en fecha posterior; b) en caso de visados del mismo tipo, el Estado miembro que expidió el visado cuya fecha de expiración sea más prolongada; c) en caso de visados de naturaleza diferente, el Estado miembro que haya expedido el visado con mayor período de validez o, en caso de períodos de idéntica validez, el Estado miembro que haya expedido el visado que caduque en fecha posterior.

4 Si el solicitante es titular de uno o varios documentos de residencia que hayan caducado o hayan sido anulados, revocados o retirados menos de tres años antes de que se registrara la solicitud, o de uno o varios visados que hayan caducado o hayan sido anulados, revocados o retirados menos de dieciocho meses antes de que se registrara la solicitud, se aplicarán los apartados 1, 2 y 3.

5 La circunstancia de que el documento de residencia o el visado se haya expedido sobre la base de una identidad ficticia o usurpada, o previa presentación de documentos falsificados, falsos o sin validez, no impedirá la atribución de la responsabilidad al Estado miembro que haya expedido dicho documento de residencia o visado. No obstante, el Estado miembro que haya expedido el documento de residencia o el visado no será responsable si puede demostrar que el fraude se produjo con posterioridad a su expedición.

1 Si el solicitante está en posesión de un título académico o cualificación expedido por un centro de enseñanza establecido en un Estado miembro, dicho Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional, a condición de que la solicitud se haya registrado menos de seis años después de la expedición del título académico o cualificación.

2 Si el solicitante posee uno o varios títulos o cualificaciones expedidos por centros de enseñanza de distintos Estados miembros, la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional recaerá en el Estado miembro que expidió el título o cualificación obtenido tras el período de tiempo de estudio más prolongado o, cuando dichos períodos sean idénticos, el Estado miembro en el que se haya obtenido el título o la cualificación más reciente.

1 Si un nacional de un tercer país o un apátrida entra en el territorio de los Estados miembros a través de un Estado miembro en que se le dispensa de la obligación de visado, dicho Estado miembro será responsable del examen de su solicitud de protección internacional.

2 El apartado 1 no se aplicará si la solicitud de protección internacional del nacional de un tercer país o el apátrida se registra en otro Estado miembro en que también se le dispensa de la obligación de visado para la entrada en el territorio. En tal caso, ese otro Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

Si la solicitud de protección internacional se formula en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto de un Estado miembro, la responsabilidad del examen de la solicitud recaerá en dicho Estado miembro.

1 Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios según se describen en las listas citadas en el artículo 40, apartado 4, del presente Reglamento, incluidos los datos mencionados en el Reglamento (UE) 2024/1358, que un solicitante ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de un tercer país, el primer Estado miembro en el que haya entrado el solicitante será responsable del examen de la solicitud de protección internacional. Esa responsabilidad cesará si la solicitud se registra más de veinte meses después de la fecha en que se produjo el cruce de fronteras.

2 No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, si se determina, sobre la base de las pruebas o indicios descritos en las listas a que se refiere el artículo 40, apartado 4, del presente Reglamento, incluidos los datos mencionados en el Reglamento (UE) 2024/1358, que un solicitante ha desembarcado en el territorio de un Estado miembro tras una operación de búsqueda y salvamento, dicho Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional. Esa responsabilidad cesará si la solicitud se registra más de doce meses después de la fecha en que se produjo el desembarco.

3 Los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán si puede determinarse, sobre la base de pruebas o indicios según se describen en las listas a que se refiere el artículo 40, apartado 4, del presente Reglamento, incluidos los datos mencionados en el Reglamento (UE) 2024/1358, que el solicitante fue reubicado en otro Estado miembro de acuerdo con el artículo 67 del presente Reglamento tras haber cruzado la frontera. En tal caso, ese otro Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de protección internacional.

1 Cuando debido a un embarazo, al nacimiento reciente de un hijo, a una enfermedad mental o física grave, minusvalía importante, trauma psicológico grave o edad avanzada un solicitante dependa de la asistencia de sus hijos, hermanos o progenitores que residan legalmente en uno de los Estados miembros o cuando los hijos, hermanos o progenitores que residan legalmente en uno de los Estados miembros dependan de la asistencia del solicitante, los Estados miembros normalmente mantendrán reunido o agruparán al solicitante con dichos hijos, hermanos o progenitores, siempre que los lazos familiares existieran antes de la llegada del solicitante al territorio de los Estados miembros, que los hijos, hermanos o progenitores o el solicitante puedan hacerse cargo de la persona dependiente y que, habiendo sido informados de dicha posibilidad, los interesados manifiesten por escrito que así lo desean. Cuando existan indicios de que un hijo, hermano o progenitor reside legalmente en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra la persona dependiente, dicho Estado miembro verificará si dicho hijo, hermano o progenitor pueden hacerse cargo de la persona dependiente antes de efectuar una petición de toma a cargo en virtud del artículo 39.

2 Cuando los hijos, hermanos o progenitores a que se refiere el apartado 1 residan legalmente en otro Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra el solicitante, el Estado miembro responsable será aquel en el que residan legalmente dichos hijos, hermanos o progenitores, a menos que el estado de salud del solicitante le impida viajar durante un período considerable de tiempo a dicho Estado miembro. En tal caso, el Estado miembro responsable será aquel en que se encuentre el solicitante. Dicho Estado miembro no tendrá la obligación de trasladar a los hijos, hermanos o progenitores del solicitante a su territorio.

3 La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 78 en lo referente a: a) los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar el vínculo de dependencia; b) los criterios para establecer la existencia de vínculos familiares probados; c) los criterios para evaluar la capacidad de la persona en cuestión para ocuparse de la persona dependiente; d) los elementos que deben tenerse en cuenta para evaluar la incapacidad de la persona interesada para viajar durante un largo período de tiempo.

4 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos uniformes para la consulta y el intercambio de información entre los Estados miembros a efectos del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 Como excepción a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, un Estado miembro podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional de un nacional de un tercer país o un apátrida que haya sido registrada en dicho Estado miembro, aun cuando este examen no sea responsabilidad suya con arreglo a los criterios establecidos en el presente Reglamento.

2 El Estado miembro en que se haya registrado una solicitud de protección internacional y esté llevando a cabo el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable, o bien el Estado miembro responsable, podrá pedir a otro Estado miembro, en todo momento antes de que se adopte una primera decisión en cuanto al fondo, que asuma la responsabilidad de un solicitante a fin de agrupar a cualesquiera otros familiares, por motivos humanitarios basados en particular en vínculos significativos relacionados con consideraciones familiares, sociales o culturales, aunque ese otro Estado miembro no sea responsable con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 25 a 28 y en el artículo 34. Las personas interesadas manifestarán su consentimiento por escrito a tal efecto. La petición de toma a cargo contendrá todo el material de que disponga el Estado miembro requirente y que sea necesario para facilitar al Estado miembro requerido la evaluación de la situación. El Estado miembro requerido procederá a las comprobaciones necesarias para examinar los motivos humanitarios mencionados en la solicitud, y responderá al Estado miembro requirente en el plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha petición utilizando la red de comunicación electrónica creada en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1560/2003. La denegación de la petición deberá motivarse.

1 El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá: a) hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 39, 40 y 46, del solicitante cuya solicitud se haya registrado en otro Estado miembro; b) readmitir, según las condiciones establecidas en los artículos 41 y 46 del presente Reglamento, a un solicitante o nacional de un tercer país o apátrida con respecto al cual dicho Estado miembro haya sido designado Estado miembro responsable en el marco del artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1358; c) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 41 y 46 del presente Reglamento, a una persona admitida que haya formulado una solicitud de protección internacional o que se encuentre en situación irregular en un Estado miembro distinto del Estado miembro que aceptó admitirla de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1350 o que concedió la protección internacional o el estatuto humanitario en virtud de un régimen nacional de reasentamiento.

2 A efectos del presente Reglamento, no será posible disociar la situación de un menor que acompañe al solicitante y responda a la definición de miembro de la familia de la del miembro de su familia y el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional de dicho miembro de la familia se hará cargo del menor o lo readmitirá, sin necesidad de consentimiento escrito de la persona en cuestión, aun cuando el menor no sea individualmente un solicitante, a menos que pueda demostrarse que esto va en contra del interés superior del niño. Se dará el mismo trato a los hijos nacidos después de la llegada del solicitante al territorio de los Estados miembros, sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento para hacerse cargo de los ellos. No obstante el requisito de consentimiento escrito establecido en el artículo 26, cuando se inicie un nuevo procedimiento de toma a cargo de un menor con respecto a un Estado miembro indicado como Estado miembro responsable con arreglo al artículo 26, no se exigirá a las personas de que se trate el consentimiento por escrito, a menos que se demuestre que el traslado al Estado miembro responsable no redunda en el interés superior del niño.

3 En las situaciones mencionadas en el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo, el Estado miembro responsable examinará o concluirá el examen de una solicitud de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1348.

1 Cuando un Estado miembro expida un documento de residencia al solicitante, decida aplicar el artículo 35, considere que trasladar a un menor no acompañado al Estado miembro responsable no redunda en el interés superior del menor o no traslade a la persona en cuestión al Estado miembro responsable en los plazos establecidos en el artículo 46, dicho Estado miembro pasará a ser el Estado miembro responsable y se le transferirán las obligaciones establecidas en el artículo 36. Cuando proceda, informará al Estado miembro anteriormente responsable, al Estado miembro que esté procediendo a determinar el Estado miembro responsable o al Estado miembro al que se haya pedido que se haga cargo del solicitante o que haya recibido una notificación de readmisión, utilizando la red de comunicación electrónica creada en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1560/2003. El Estado miembro que pase a ser responsable con arreglo al párrafo primero del presente apartado indicará que ha pasado a ser el Estado miembro responsable de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1358.

2 Tras un examen de una solicitud en el marco del procedimiento fronterizo con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1348, las obligaciones establecidas en el artículo 36, apartado 1, del presente Reglamento cesarán quince meses después de haber adquirido carácter definitivo una resolución por la que se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible, infundada o manifiestamente infundada con respecto al estatuto de refugiado o al estatuto de protección subsidiaria, o una resolución por la que se declare una solicitud implícita o explícitamente retirada. Una solicitud registrada después del período al que se refiere el párrafo primero se considerará una nueva solicitud a los efectos del presente Reglamento, por lo que dará lugar a un nuevo procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

3 No obstante lo dispuesto en el apartado 2, párrafo primero, del presente artículo, cuando la persona solicite protección internacional en otro Estado miembro dentro del período de quince meses a que se refiere dicho párrafo y esté pendiente un procedimiento de readmisión en la fecha de expiración de dicho período de quince meses, la responsabilidad no cesará hasta que haya concluido dicho procedimiento de readmisión o hayan expirado los plazos para que el Estado miembro que efectúa el traslado lo lleve a cabo de conformidad con el artículo 46.

4 Las obligaciones establecidas en el artículo 36, apartado 1, del presente Reglamento cesarán si el Estado miembro responsable demuestra, a partir de los datos registrados y almacenados en virtud del Reglamento (UE) 2017/2226 u otras pruebas, que la persona en cuestión ha abandonado el territorio de los Estados miembros durante un período de al menos nueve meses, a menos que la persona de que se trate sea titular de un documento de residencia válido expedido por el Estado miembro responsable. Una solicitud registrada después del período de ausencia al que se refiere el párrafo primero se considerará una nueva solicitud a los efectos del presente Reglamento, por lo que dará lugar a un nuevo procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

5 La obligación establecida en el artículo 36, apartado 1, letra b), del presente Reglamento de readmitir a un nacional de un tercer país o a un apátrida cesará cuando se determine, sobre la base de la actualización del conjunto de datos mencionado en el artículo 16, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2024/1358, que la persona en cuestión ha abandonado el territorio de los Estados miembros, ya sea de forma voluntaria o forzosa, en cumplimiento de una decisión de retorno o una orden de expulsión dictada como consecuencia de la retirada o la denegación de la solicitud. Una solicitud registrada después de una expulsión efectiva o de un retorno voluntario será considerada una nueva solicitud a los efectos del presente Reglamento, lo cual dará lugar a un nuevo procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

1 El Estado miembro en el que se haya registrado por primera vez una solicitud de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1348 o, en su caso, el Estado miembro de reubicación, iniciará sin demora el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable.

2 Si el solicitante se da a la fuga, el Estado miembro en el que se haya registrado por primera vez una solicitud, o en su caso, el Estado miembro de reubicación, continuará el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable.

3 El Estado miembro que ha llevado a cabo el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable o que se ha convertido en responsable de conformidad con el artículo 16, apartado 4, del presente Reglamento, indicará sin demora en Eurodac, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1358 lo siguiente: a) su responsabilidad según el artículo 16, apartado 2; b) su responsabilidad según el artículo 16, apartado 3; c) su responsabilidad según el artículo 16, apartado 4; d) su responsabilidad debido a que no ha cumplido con los plazos establecidos en el artículo 39; e) la responsabilidad del Estado miembro que ha aceptado una petición de toma a cargo del solicitante con arreglo al artículo 40; f) su responsabilidad según el artículo 68, apartado 3. Hasta que se haya añadido dicha información, se aplicarán los procedimientos del apartado 4 del presente artículo.

4 Un solicitante que se encuentre en otro Estado miembro sin un documento de residencia o que formule en dicho Estado miembro una solicitud de protección internacional durante el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable, será readmitido por el Estado miembro encargado de la determinación, de acuerdo con las condiciones establecidas en los artículos 41 y 46. Dicha obligación cesará cuando el Estado miembro encargado de la determinación constate que el solicitante ha obtenido un documento de residencia de otro Estado miembro.

5 Un solicitante que se encuentre en otro Estado miembro sin un documento de residencia o que en dicho Estado miembro formule una solicitud de protección internacional una vez que otro Estado miembro haya confirmado la reubicación de la persona en cuestión de conformidad con el artículo 67, apartado 9, y antes de que se haya producido el traslado al Estado miembro de reubicación con arreglo al artículo 67, apartado 11, será readmitido por dicho Estado miembro, de acuerdo con las condiciones establecidas en los artículos 41 y 46. Dicha obligación cesará cuando el Estado miembro de reubicación constate que el solicitante ha obtenido un documento de residencia de otro Estado miembro.

1 Si el Estado miembro a que se refiere el artículo 38, apartado 1, considera que otro Estado miembro es el responsable del examen de dicha solicitud, pedirá inmediatamente, y en todo caso en un plazo de dos meses desde el registro de la solicitud, que ese otro Estado miembro se haga cargo del solicitante. Los Estados miembros darán prioridad a las peticiones formuladas sobre la base de los artículos 25 a 28 y 34. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, en caso de registrarse una respuesta positiva de Eurodac con datos registrados con arreglo a los artículos 22 y 24 del Reglamento (UE) 2024/1358 o una respuesta positiva del VIS con datos registrados de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 767/2008, la petición de toma a cargo se enviará en el plazo de un mes desde la recepción de dicha respuesta positiva. Si la petición de toma a cargo respecto de un solicitante no se formula en los plazos establecidos en los párrafos primero y segundo, la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional corresponderá al Estado miembro ante el que se hubiera registrado la solicitud. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, si el Estado miembro encargado de la determinación, en cualquier momento antes de que se adopte una primera decisión en cuanto al fondo, considera que ello redunda en el interés superior del niño, continuará el procedimiento para determinar el Estado miembro responsable y pedirá a otro Estado miembro que se haga cargo del solicitante, en particular si dicha petición se basa en los artículos 26, 27 y 34, no obstante hayan vencido los plazos establecidos en los párrafos primero y segundo del presente apartado.

2 El Estado miembro requirente podrá pedir una respuesta urgente cuando la solicitud de protección internacional se haya registrado después de que se dictara una decisión de denegación de entrada o una decisión de retorno. En la petición de toma a cargo se indicarán los motivos que justifiquen una respuesta urgente y el plazo en el que se pide una respuesta. Dicho plazo tendrá una duración mínima de una semana.

3 La petición de toma a cargo incluirá una motivación completa y detallada, basada en todas las circunstancias del caso, incluidos los elementos pertinentes de la declaración del solicitante, en relación con los criterios pertinentes establecidos en el capítulo II, así como, cuando proceda, el modelo a que se refiere el artículo 22, apartado 1. Se cursará mediante un formulario normalizado e incluirá las pruebas o indicios descritos en las listas a las que se refiere el artículo 40, apartado 4, o cualquier otra documentación o información pertinente para justificar la petición, que permitan a las autoridades del Estado miembro requerido verificar si es responsable en virtud de los criterios definidos en el presente Reglamento. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos uniformes para la preparación y presentación de las peticiones de toma a cargo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 El Estado miembro requerido realizará las comprobaciones necesarias y responderá a la petición de toma a cargo de un solicitante sin demora y, en todo caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de dicha petición. Los Estados miembros darán prioridad a las peticiones formuladas sobre la base de los artículos 25 a 28 y del artículo 34. A tal fin, el Estado miembro requerido podrá solicitar la asistencia de organizaciones nacionales, internacionales u otras organizaciones pertinentes para verificar los elementos probatorios e indicios pertinentes presentados por el Estado miembro requirente, en particular para la identificación y localización de los miembros de la familia.

2 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de registrarse una respuesta positiva de Eurodac con datos registrados con arreglo a los artículos 22 y 24 del Reglamento (UE) 2024/1358 o una respuesta positiva del VIS con datos registrados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 767/2008, el Estado miembro requerido responderá a la petición en el plazo de dos semanas desde la recepción de esta.

3 En el procedimiento de determinación del Estado responsable se utilizarán elementos probatorios e indicios.

4 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá y revisará periódicamente dos listas que indiquen los elementos probatorios e indicios pertinentes de conformidad con los criterios establecidos en los párrafos segundo y tercero del presente apartado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2. A efectos del párrafo primero, se entenderá por pruebas, las pruebas formales que determinan la responsabilidad en virtud del presente Reglamento mientras no sean refutadas por pruebas en contrario. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión modelos de los diferentes tipos de documentos administrativos, de conformidad con la tipología establecida en la lista de pruebas formales. A efectos del párrafo primero, se entenderá por indicios, los elementos indicativos que, pese a ser refutables, pueden ser suficientes en ciertos casos en función del valor probatorio que se les atribuya. Su fuerza probatoria, en relación con la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional, se evaluará individualmente.

5 La exigencia de pruebas e indicios no deberá superar lo que resulte necesario para la correcta aplicación del presente Reglamento.

6 El Estado miembro requerido admitirá su responsabilidad siempre que los indicios sean coherentes, verificables y suficientemente detallados para establecer la responsabilidad. Cuando la petición se formule sobre la base de los artículos 25 a 28 y 34 y el Estado miembro requerido no considere que los indicios sean coherentes, verificables y suficientemente detallados para determinar la responsabilidad, expondrá los motivos en la respuesta a que se refiere el apartado 8 del presente artículo.

7 Cuando el Estado miembro requirente haya pedido una respuesta urgente con arreglo al artículo 39, apartado 2, el Estado miembro requerido responderá en el plazo solicitado o, si no es posible, en las dos semanas posteriores a la recepción de la petición.

8 Cuando el Estado miembro requerido no presente objeciones a la petición en el plazo de un mes indicado en el apartado 1 del presente artículo, o cuando proceda, dentro del plazo de dos semanas mencionado en los apartados 2 y 7 del presente artículo, mediante una respuesta que exponga los motivos fundados, sobre la base de todas las circunstancias del caso, en relación con los criterios pertinentes establecidos en el capítulo II, el hecho de no objetar equivaldrá a la aceptación de la petición e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona y, en particular, la obligación de adoptar las medidas adecuadas para su llegada. Los motivos fundados se respaldarán con pruebas e indicios cuando se disponga de ellos. La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un formulario normalizado para las respuestas que expongan los motivos fundados con arreglo al presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 77, apartado 2.

1 En una situación como la mencionada en el artículo 36, apartado 1, letras b) o c), el Estado miembro en el que la persona esté presente enviará inmediatamente una notificación de readmisión y, en cualquier caso, en las dos semanas posteriores a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac. La falta de notificación de readmisión en dicho plazo no afectará a la obligación del Estado miembro responsable de readmitir a la persona interesada.

2 La notificación de readmisión se efectuará utilizando un formulario normalizado e incluirá las pruebas o indicios descritos en las listas a que se refiere el artículo 40, apartado 4, o los elementos pertinentes de las declaraciones de la persona en cuestión.

3 El Estado miembro notificado confirmará la recepción de la notificación al Estado miembro que la envió en el plazo de dos semanas, a menos que el Estado miembro notificado demuestre en ese plazo que no es responsable de acuerdo con el artículo 37 o que la notificación de readmisión se basa en una indicación incorrecta del Estado miembro responsable con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1358.

4 La falta de respuesta en el plazo de dos semanas establecido en el apartado 3 equivaldrá a la confirmación de la recepción de la notificación.

5 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos uniformes para la preparación y presentación de las notificaciones de readmisión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 El Estado miembro encargado de la determinación y cuya petición de toma a cargo del solicitante con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra a), haya sido aceptada, o que haya enviado una notificación de readmisión con respecto a las personas a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letras b) y c), adoptará una decisión sobre el traslado dos semanas después de la aceptación o la confirmación.

2 Cuando el Estado miembro requerido o notificado acepte hacerse cargo de un solicitante o confirme la readmisión de una persona mencionada en el artículo 36, apartado 1, letras b) o c), el Estado miembro que efectúe el traslado, informará a la persona interesada de la decisión de trasladarla al Estado miembro responsable, por escrito y sin dilación y en un lenguaje claro, y, en su caso, de la decisión de no examinar su solicitud de protección internacional, del plazo para llevar a cabo el traslado y de la obligación de cumplir la decisión de conformidad con el artículo 17, apartado 5.

3 Cuando un asesor jurídico u otro consejero admitido o autorizado como tal por el Derecho nacional, represente legalmente a la persona interesada, el Estado miembro podrá notificar la decisión a que se refiere el apartado 1 a dicho asesor jurídico o consejero en lugar de a la persona en cuestión y, si procede, comunicarla a la persona interesada.

4 La decisión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo también incluirá información sobre las vías de recurso disponibles con arreglo al artículo 43, incluido, el derecho a solicitar el efecto suspensivo, y sobre los plazos de interposición de los recursos y de ejecución del traslado y, si fuera necesario, contendrá información relativa al lugar y a la fecha en que la persona interesada deba comparecer, si dicha persona se traslada al Estado miembro responsable por sus propios medios. Los Estados miembros se asegurarán de que se comunica a la persona interesada información sobre las personas y organismos que le pueden prestar asistencia jurídica junto con la decisión a la que se refiere el apartado 1, salvo que dicha información haya sido ya comunicada.

5 Cuando la persona interesada no esté representada legalmente por un asesor jurídico u otro consejero admitido o autorizado como tal por el Derecho nacional, los Estados miembros le facilitarán información sobre los elementos principales de la decisión, incluyendo en todo caso información sobre las vías de recurso disponibles y los plazos de interposición de los recursos, en una lengua que la persona interesada comprenda o cuya comprensión sea razonable suponer.

1 El solicitante u otra persona mencionada en el artículo 36, apartado 1, letras b) y c), tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de revisión, de hecho o de derecho, contra la decisión de traslado ante un órgano jurisdiccional. El alcance de dicho recurso se limitará a la evaluación de lo siguiente: a) si el traslado pudiera suponer para la persona interesada un riesgo real de trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta; b) si existen circunstancias posteriores a la decisión de traslado decisivas para la correcta aplicación del presente Reglamento; c) si se han incumplido los artículos 25 a 28 y 34, en el caso de personas de las que se haya hecho cargo un Estado miembro con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra a).

2 Los Estados miembros establecerán un plazo de al menos una semana pero no más de tres semanas a partir de la notificación de una decisión de traslado para que la persona interesada pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al apartado 1.

3 La persona interesada tendrá derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional, en un plazo razonable tras la notificación de la decisión de traslado, pero en ningún caso más allá del plazo previsto por los Estados miembros de conformidad con el apartado 2, que suspenda la ejecución de la decisión de traslado hasta la resolución de su recurso o revisión. Los Estados miembros podrán disponer en su Derecho nacional que la solicitud de suspensión de la ejecución de la decisión de traslado se presente junto con el recurso en virtud del apartado 1. Los Estados miembros se asegurarán de que se produce la tutela efectiva mediante la suspensión del traslado hasta que se adopte la decisión sobre la primera petición de suspensión. Cualquier decisión relativa a la suspensión de la ejecución de la decisión de traslado se adoptará en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que el órgano jurisdiccional competente haya recibido dicha solicitud. Cuando la persona interesada no haya ejercido su derecho a solicitar el efecto suspensivo, el recurso o revisión de la decisión de traslado no suspenderá la ejecución de la decisión de traslado. Una decisión que no suspenda la ejecución de la decisión de traslado tendrá que motivarse. Si se concede el efecto suspensivo, el órgano jurisdiccional procurará pronunciarse sobre el fondo del recurso o revisión en el plazo de un mes tras la decisión de otorgar el efecto suspensivo.

4 Los Estados miembros garantizarán el acceso de la persona interesada a asistencia jurídica y, en caso necesario, lingüística.

5 Los Estados miembros garantizarán la asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso a petición del interesado cuando este no pueda sufragar los costes correspondientes. Los Estados miembros podrán disponer que, por lo que respecta a las tasas y otros gastos, el trato de las personas sujetas al presente Reglamento no sea más favorable que el que generalmente conceden a sus nacionales en asuntos relacionados con la asistencia jurídica y la representación legal. Los Estados miembros podrán establecer que no se conceda asistencia jurídica y representación legal gratuitas cuando la autoridad competente o un órgano jurisdiccional estime que el recurso o la revisión tienen pocos visos de prosperar, a condición de que no se restrinjan de manera arbitraria el acceso a la asistencia jurídica y la representación legal. Cuando la decisión por la que no se conceda asistencia jurídica y representación legal gratuitas con arreglo al párrafo segundo sea adoptada por una autoridad que no sea un órgano jurisdiccional, los Estados miembros podrán disponer vías de recurso efectivo contra dicha decisión ante un órgano jurisdiccional. Cuando se impugne la decisión, el recurso formará parte integrante del recurso a que se refiere el apartado 1. Los Estados miembros garantizarán que no se restrinja de manera arbitraria la asistencia jurídica y la representación legal, ni se obstaculice la tutela judicial efectiva del solicitante. La asistencia jurídica gratuita incluirá, como mínimo, la preparación de la documentación requerida en relación con el procedimiento. La representación legal incluirá, como mínimo, la representación ante un órgano jurisdiccional y podrá restringirse a los asesores jurídicos o consejeros expresamente designados por el Derecho nacional para asistir jurídicamente y representar legalmente a los solicitantes. El procedimiento de acceso a la asistencia jurídica y la representación legal gratuitas quedarán establecidos en el Derecho nacional.

1 Los Estados miembros no podrán internar a una persona por el único motivo de que se encuentre sometida al procedimiento establecido en el presente Reglamento.

2 Cuando exista un riesgo de fuga o cuando la protección de la seguridad nacional o del orden público así lo requiera, los Estados miembros podrán internar a la persona en cuestión para garantizar el desarrollo de los procedimientos de traslado de conformidad con el presente Reglamento, sobre la base de una evaluación individual de las circunstancias concretas de la persona, y únicamente en la medida en que el internamiento sea proporcionado y no puedan aplicarse de forma eficaz otras medidas menos coercitivas.

3 El internamiento será lo más breve posible y no podrá superar el período de tiempo razonablemente necesario para completar, con la debida diligencia, los procedimientos administrativos necesarios hasta que se efectúe el traslado de conformidad con el presente Reglamento.

4 Por lo que respecta a las condiciones de internamiento y a las garantías aplicables a los solicitantes internados, con arreglo al presente artículo y a los artículos 11, 12 y 13 de la Directiva (UE) 2024/1346.

5 El internamiento con arreglo al presente artículo será ordenado por escrito por las autoridades administrativas o judiciales. La orden de internamiento reflejará los motivos de hecho y de derecho en que se base. Cuando una autoridad administrativa ordene el internamiento, los Estados miembros someterán a un control judicial rápido la legalidad del internamiento, el cual se efectuará de oficio o a instancia del solicitante o por ambas vías.

1 Como excepción a lo dispuesto en los artículos 39 y 41, cuando una persona sea internada con arreglo al artículo 44, el plazo de presentación de una petición de toma a cargo o una notificación de readmisión no superará las dos semanas a partir del momento en que se registró la solicitud de protección internacional o las dos semanas tras la recepción de la respuesta positiva de Eurodac si no se ha registrado ninguna petición nueva en el Estado miembro que envía la notificación. Cuando una persona sea internada en una fase posterior al registro de la solicitud, el período para presentar una petición de toma a cargo o una notificación de readmisión no excederá de una semana a partir de la fecha en la que la persona fue internada.

2 Como excepción a lo dispuesto en el artículo 40, apartado 1, el Estado miembro requerido responderá lo antes posible, y en todo caso en el plazo de una semana a partir de la recepción de la petición. La falta de respuesta en el plazo de una semana equivaldrá a la aceptación de la petición de toma a cargo e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona, con inclusión de la obligación de adoptar las medidas adecuadas para su llegada.

3 Como excepción a lo dispuesto en el artículo 46, cuando una persona sea internada, su traslado desde el Estado miembro que efectúe el traslado al Estado miembro responsable se llevará a cabo tan pronto como sea posible, y en el plazo de cinco semanas a partir de: a) la fecha en la que se aceptó la petición de toma a cargo o se confirmó la notificación de readmisión, o b) la fecha en la que el recurso o revisión deje de tener efecto suspensivo de conformidad con el artículo 43, apartado 3.

4 Cuando el Estado miembro que efectúe el traslado no respete los plazos de presentación de una petición de toma a cargo o de una notificación de readmisión o no adopte una decisión de traslado en el plazo establecido en el artículo 42, apartado 1, o cuando el traslado no se produzca en el plazo de cinco semanas mencionado en el apartado 3 del presente artículo, no se mantendrá a la persona internada. En consecuencia, seguirán siendo de aplicación los artículos 39, 41 y 46.

1 El traslado de un solicitante o de otra persona a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letras b) y c), desde el Estado miembro que efectúe el traslado al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro que efectúe el traslado, previa concertación entre los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y en el plazo de seis meses a partir de la aceptación de la petición de toma a cargo, de la confirmación de la notificación de readmisión por otro Estado miembro o de la resolución definitiva de un recurso o revisión de una decisión de traslado que, con arreglo al artículo 43, apartado 3, tenga efecto suspensivo. Los Estados miembros darán prioridad a los traslados de solicitantes tras la aceptación de las peticiones formuladas sobre la base de los artículos 25 a 28 y del artículo 34. Cuando el traslado se efectúe con fines de reubicación, dicho traslado se llevará a cabo en el plazo establecido en el artículo 67, apartado 11. En caso de que los traslados al Estado miembro responsable se efectúen en forma de salida controlada o con escolta, los Estados miembros garantizarán que se lleven a cabo de forma humana, en cumplimiento y con pleno respeto de la dignidad y otros derechos fundamentales de la persona. En caso necesario, el Estado miembro que efectúe el traslado proporcionará a la persona interesada un salvoconducto. La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá el modelo de salvoconducto. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2. El Estado miembro responsable informará al Estado miembro que efectúe el traslado, según proceda, de la adecuada llegada de la persona interesada o de que esta no ha comparecido dentro de los plazos señalados.

2 Si el traslado no se produce en el plazo establecido en el apartado 1, párrafo primero, el Estado miembro responsable quedará eximido de su obligación de hacerse cargo o de readmitir a la persona interesada, y la responsabilidad se transferirá al Estado miembro que efectúe el traslado. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión de la persona interesada o hasta un máximo de tres años en caso de que el Estado miembro requirente informara al Estado miembro responsable de que la persona interesada, o un miembro de la familia que iba a ser trasladado junto con la persona interesada, se haya fugado, se resista físicamente al traslado, se muestre intencionadamente incapaz para el traslado o no cumpla los requisitos médicos para el traslado. Si la persona interesada vuelve a estar a disposición de las autoridades y el tiempo restante del período a que se refiere el apartado 1 es inferior a tres meses, el Estado miembro que efectúe el traslado dispondrá de un plazo de tres meses para para efectuar dicho traslado.

3 Si una persona es trasladada por error o si, como consecuencia de un recurso o revisión, se anula una decisión de traslado después de haberlo ejecutado, el Estado miembro que ejecutó el traslado readmitirá inmediatamente a la persona.

4 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos para la consulta e intercambio de información entre los Estados miembros a efectos del presente artículo, en particular en los casos de aplazamiento del traslado o traslado tardío o de traslado a raíz de una aceptación implícita, o de traslados de menores o de personas dependientes, así como en casos de traslados controlados. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2021/1147, se pagará una contribución al Estado miembro que efectúa el traslado de un solicitante o de otra persona a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letras b) o c), del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 46 del presente Reglamento.

2 Cuando la persona interesada tenga que ser devuelta a un Estado miembro como consecuencia de un traslado por error o de una decisión de traslado anulada por recurso o revisión tras la ejecución del traslado, el Estado miembro que ejecutó inicialmente el traslado sufragará los costes del traslado de la persona afectada de vuelta a su territorio.

3 Las personas que deban ser trasladadas con arreglo al presente Reglamento no deberán sufragar los costes de traslado.

1 El Estado miembro que efectúe el traslado de un solicitante o de otra persona a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letras b) o c), comunicará al Estado miembro responsable los datos de la persona que deba ser trasladada que sean adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines exclusivos de garantizar que las autoridades competentes con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro responsable, puedan prestar una asistencia adecuada a la persona interesada, incluida la asistencia sanitaria inmediata requerida para proteger sus intereses vitales y garantizar la continuidad de la protección y los derechos reconocidos en el presente Reglamento y en otros instrumentos jurídicos pertinentes en materia de asilo. Dichos datos se comunicarán al Estado miembro responsable en un plazo razonable antes de efectuar el traslado, para garantizar que las autoridades competentes tengan suficiente tiempo para adoptar las medidas necesarias.

2 El Estado miembro que efectúe el traslado transmitirá al Estado miembro responsable toda información que sea esencial para la protección de los derechos y cualesquiera necesidades inmediatas especiales de la persona que va a ser trasladada, y en particular: a) información sobre cualquier medida inmediata que el Estado miembro responsable tenga que adoptar para garantizar que se atienden adecuadamente las necesidades especiales de la persona que va a ser trasladada, incluida la asistencia médica inmediata que requiera, así como, en su caso, las disposiciones necesarias para proteger el interés superior del niño; b) datos de contacto de miembros de la familia, parientes o cualesquiera otros familiares en el Estado miembro receptor, si procede; c) en el caso de los menores, información sobre la evaluación del interés superior del niño y sobre su educación; d) una estimación de la edad del solicitante, si procede; e) en su caso, el formulario de triaje, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1356, incluidas las pruebas mencionadas en el formulario; f) cualquier otra información pertinente.

3 El intercambio de información con arreglo al presente artículo únicamente tendrá lugar entre las autoridades comunicadas a la Comisión de conformidad con el artículo 52 del presente Reglamento a través de la red de comunicaciones electrónicas establecida en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1560/2003. La información intercambiada únicamente se utilizará para los fines previstos en el apartado 1 del presente artículo y no será objeto de ningún tratamiento ulterior.

4 A efectos de facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros, la Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un formulario normalizado para la transmisión de los datos requeridos por el presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 77, apartado 2.

5 El artículo 51, apartados 8 y 9, se aplicará al intercambio de información previsto en el presente artículo.

A efectos de la aplicación del artículo 41, cuando un Estado miembro que efectúe un traslado posea información que indique que existen motivos razonables para considerar que el solicitante u otra persona a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letras b) y c), pueda constituir un peligro para la seguridad nacional o el orden público de un Estado miembro, las autoridades competentes de dicho Estado miembro indicarán la existencia de tal información al Estado miembro responsable. La información se compartirá con las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras autoridades competentes de dichos Estados miembros por medio de los canales adecuados para ese intercambio de información.

1 Con el único fin de prestar asistencia o tratamiento médicos, en particular a las personas vulnerables, incluidas las personas discapacitadas, las personas mayores, las mujeres embarazadas, los menores y las personas que han sido víctimas de torturas, violación u otras formas graves de violencia sexual, física o psicológica, el Estado miembro que efectúe el traslado transmitirá al Estado miembro responsable, en la medida en que esté a disposición de sus autoridades competentes de conformidad con el Derecho nacional, información sobre cualesquiera necesidades especiales de la persona que deba ser trasladada que, en determinados casos específicos, podrá incluir información sobre el estado de salud física y psíquica de dicha persona. Dicha información se transmitirá mediante un certificado sanitario común junto con los documentos necesarios. El Estado miembro responsable garantizará que se atiendan adecuadamente esas necesidades especiales, incluida en especial la asistencia médica que se requiera. La Comisión, mediante actos de ejecución, elaborará un certificado sanitario común a que se refiere el párrafo primero. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 77, apartado 2.

2 El Estado miembro que efectúe el traslado transmitirá la información a que se refiere el apartado 1 al Estado miembro responsable únicamente tras obtener el consentimiento expreso del solicitante o de su representante o cuando dicha transmisión sea necesaria para proteger la salud y la seguridad públicas o en caso de que la persona en cuestión esté física o jurídicamente incapacitada para dar su consentimiento, a fin de proteger el interés vital de la persona en cuestión o de otra persona. La falta de consentimiento, incluida la denegación del consentimiento, no impedirá que se efectúe el traslado.

3 El tratamiento de datos personales sanitarios mencionados en el apartado 1 será realizado únicamente por profesionales de la salud sujetos a la obligación de secreto profesional, en virtud del Derecho nacional, o por otra persona sujeta a una obligación equivalente de secreto profesional.

4 El intercambio de información en virtud del presente artículo únicamente tendrá lugar entre los profesionales de la salud o las demás personas a que se refiere el apartado 3. La información intercambiada se utilizará únicamente para los fines previstos en el apartado 1 y no será objeto de ningún tratamiento ulterior.

5 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos uniformes y modalidades prácticas para el intercambio de la información contemplada en el apartado 1. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 77, apartado 2.

6 El artículo 51, apartados 8 y 9, se aplicará al intercambio de información previsto en el presente artículo.

1 Cada Estado miembro comunicará a cualquier Estado miembro que lo solicite los datos personales de una persona perteneciente al ámbito de aplicación del presente Reglamento, en la medida en que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario a efectos de: a) la determinación del Estado miembro responsable; b) el examen de la solicitud de protección internacional; c) el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente Reglamento; d) la ejecución de una decisión de retorno.

2 La información mencionada en el apartado 1 únicamente podrá incluir: a) los datos personales de la persona interesada y, cuando proceda, de los miembros de su familia, parientes o cualesquiera otros familiares, a saber el nombre completo y, cuando proceda, el nombre anterior, apodos o seudónimos, actual y anterior nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento; b) información sobre los documentos de identidad y de viaje, incluida información sobre el número, período de validez, fecha de expedición, autoridad expedidora y lugar de expedición; c) cualquier otra información necesaria para establecer la identidad de la persona interesada, incluidos datos biométricos tomados del solicitante por el Estado miembro en cuestión, en particular a efectos del artículo 67, apartado 8, del presente Reglamento, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2024/1358; d) información sobre los lugares de residencia y los itinerarios de viaje; e) información sobre los documentos de residencia o visados expedidos por un Estado miembro; f) información sobre el lugar en que se registró la solicitud; g) información sobre la fecha de registro de cualquier solicitud de protección internacional anterior, la fecha de presentación de la solicitud actual, la fase alcanzada del procedimiento y, en su caso, la decisión que se haya adoptado.

3 Siempre que sea necesario para el examen de la solicitud de protección internacional, el Estado miembro responsable podrá pedir a otro Estado miembro que le informe sobre los motivos invocados por el solicitante en apoyo de su solicitud y, cuando proceda, los motivos de cualquier decisión tomada que le concierna. Cuando el Estado miembro responsable aplique el artículo 55 del Reglamento (UE) 2024/1348, ese Estado miembro también podrá pedir información que permita a sus autoridades competentes determinar si han surgido nuevos elementos o si el solicitante ha presentado nuevos elementos. El Estado miembro requerido podrá negarse a dar curso a la petición si la comunicación de dicha información puede perjudicar sus intereses esenciales o poner en peligro la protección de los derechos y libertades de la persona afectada o de cualquier otra persona. El Estado miembro requirente informará al solicitante por adelantado sobre la información específica solicitada y el motivo de dicha petición.

4 Toda petición de información se enviará únicamente en el contexto de una solicitud individual de protección internacional o traslado con fines de reubicación. Dicha petición deberá motivarse y, cuando tenga por objeto verificar la existencia de un criterio que pudiera implicar la responsabilidad del Estado miembro requerido, señalará las pruebas en las que se funda, incluida la información pertinente procedente de fuentes fiables relativa a las vías y medios de entrada a los territorios de los Estados miembros de los solicitantes, o a las partes concretas y verificables de las declaraciones del solicitante en que se funda. Esa información pertinente procedente de fuentes fiables no será suficiente para determinar la responsabilidad y la competencia de un Estado miembro según el presente Reglamento, pero podrá contribuir a evaluar otras indicaciones relacionadas con un solicitante concreto.

5 El Estado miembro requerido estará obligado a responder en el plazo de tres semanas. Toda respuesta tardía deberá justificarse debidamente. La falta de respuesta en el plazo de tres semanas no podrá eximir al Estado miembro requerido de la obligación de responder. Si dicho Estado miembro requerido tiene en su posesión información de la que se derive su responsabilidad, dicho Estado miembro no podrá alegar el vencimiento de los plazos establecidos en el artículo 39 como motivo para incumplir una petición de toma a cargo o de readmisión. En ese caso, los plazos establecidos en el artículo 39 para presentar la petición de toma a cargo se prorrogarán por un período de tiempo equivalente a la demora de la respuesta del Estado miembro requerido.

6 El intercambio de información se realizará a petición de un Estado miembro y únicamente podrá tener lugar entre las autoridades cuya designación a estos efectos haya comunicado cada Estado miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 52, apartado 1.

7 La información intercambiada únicamente podrá utilizarse para los fines previstos en el apartado 1. En cada Estado miembro únicamente podrá comunicarse dicha información, atendiendo a su naturaleza y a las competencias de la autoridad destinataria, a las autoridades y órganos jurisdiccionales encargados de: a) la determinación del Estado miembro responsable; b) el examen de la solicitud de protección internacional; c) el cumplimiento de cualquiera otra obligación derivada del presente Reglamento.

8 El Estado miembro que transmita los datos garantizará que la información es exacta y actual. En el supuesto de que el Estado miembro transmita datos inexactos o que no hubieran debido transmitirse, se informará inmediatamente de ello a los Estados miembros destinatarios. Dichos Estados miembros estarán obligados a rectificar dicha información o a eliminarla.

9 En cada uno de los Estados miembros afectados se dejará constancia de la transmisión y la recepción de la información intercambiada, en el expediente individual de la persona afectada o en un registro.

1 Cada Estado miembro notificará sin demora a la Comisión las autoridades competentes encargadas del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Reglamento y toda modificación de las mismas. Los Estados miembros garantizarán que dichas autoridades dispongan de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de su misión relativa a la aplicación de los procedimientos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional de un modo rápido y eficiente, y, en particular, para garantizar los derechos procedimentales y fundamentales de los solicitantes y sus miembros de la familia y parientes que se encuentran en diferentes Estados miembros y responder en los plazos previstos a las peticiones de información, a las peticiones de toma a cargo y a las notificaciones de readmisión y, cuando proceda, para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la parte IV.

2 La Comisión publicará una lista completa de las autoridades mencionadas en el apartado 1 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando se produzcan cambios en dicha lista, la Comisión publicará una lista consolidada actualizada una vez al año.

3 Los Estados miembros se asegurarán de que el personal de las autoridades mencionadas en el apartado 1 reciban la formación necesaria sobre la aplicación del presente Reglamento.

4 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá canales de comunicación electrónica seguros entre las autoridades mencionadas en el apartado 1 y entre dichas autoridades y la Agencia de Asilo para transmitir información, datos biométricos obtenidos con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1358, peticiones, notificaciones, respuestas y toda otra correspondencia escrita y garantizar que los remitentes reciban automáticamente un justificante electrónico de entrega. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

1 Los Estados miembros podrán establecer entre sí, de manera bilateral, acuerdos administrativos relativos a las disposiciones prácticas de aplicación del presente Reglamento, con el fin de facilitar su aplicación y aumentar su eficacia. Dichos acuerdos podrán referirse a: a) intercambios de funcionarios de enlace; b) la simplificación de los procedimientos y la reducción de los plazos aplicables a la transmisión y al examen de las peticiones de toma a cargo o las notificaciones de readmisión; c) contribuciones de solidaridad realizadas de conformidad con la parte IV.

2 Los Estados miembros también podrán mantener los acuerdos administrativos celebrados con arreglo al Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo y al Reglamento (UE) n.o 604/2013. Cuando dichos acuerdos no sean compatibles con el presente Reglamento, los Estados miembros en cuestión modificarán dichos acuerdos a fin de eliminar cualquier incompatibilidad.

3 Antes de celebrar o modificar cualquier acuerdo mencionado en el apartado 1, letra b), los Estados miembros en cuestión consultarán a la Comisión respecto de la compatibilidad del acuerdo con el presente Reglamento.

4 Si la Comisión considera que los acuerdos a que se refiere el apartado 1, letra b), son incompatibles con el presente Reglamento, lo notificará a los Estados miembros en cuestión, en un plazo razonable. Los Estados miembros en cuestión adoptarán todas las medidas adecuadas para modificar el acuerdo en cuestión en un plazo razonable a fin de eliminar dichas incompatibilidades.

5 Los Estados miembros notificarán a la Comisión todos los acuerdos a los que se refiere el apartado 1 y todas las denuncias o modificaciones de los mismos.

La Agencia de Asilo establecerá y facilitará las actividades de una o varias redes de autoridades competentes a que se refiere el artículo 52, apartado 1, con vistas a reforzar la cooperación práctica, incluidos los traslados, y el intercambio de información en todas las cuestiones relacionadas con la plena aplicación del presente Reglamento, incluidos el desarrollo de herramientas prácticas, las mejores prácticas y la orientación. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y demás órganos y organismos pertinentes de la Unión podrán estar representados en dichas redes cuando sea necesario.

1 A fin de facilitar el correcto funcionamiento de los mecanismos establecidos en virtud del presente Reglamento y resolver las dificultades en su aplicación, cuando dos o más Estados miembros encuentren dificultades en su cooperación con arreglo al presente Reglamento o en su aplicación entre ellos, los Estados miembros en cuestión celebrarán sin demora consultas, a petición de uno o varios de ellos, para hallar soluciones adecuadas en un plazo razonable, de acuerdo con el principio de cooperación leal tal y como reconoce el artículo 4, aparatado 3, del TUE. Cuando corresponda, la información sobre las dificultades encontradas y la solución hallada podrá compartirse con la Comisión y con el resto de los Estados miembros en el seno del Comité a que se refiere el artículo 77.

2 Cuando no se encuentre una solución en virtud del apartado 1 o cuando los problemas persistan, uno o varios de los Estados miembros en cuestión podrá solicitar a la Comisión que celebre consultas con dichos Estados miembros con vistas a hallar soluciones adecuadas. La Comisión celebrará dichas consultas sin demora. Los Estados miembros en cuestión participarán activamente en las consultas. Los Estados miembros y la Comisión adoptarán todas las medidas necesarias para resolver con rapidez la cuestión. La Comisión podrá adoptar recomendaciones dirigidas a los Estados miembros en cuestión indicando las medidas que deben adoptarse y los plazos adecuados. Cuando proceda, la información sobre las dificultades encontradas, las recomendaciones formuladas y la solución hallada podrán compartirse con los otros Estados miembros en el seno del Comité a que se refiere el artículo 77. El procedimiento previsto en el presente artículo no afectará a los plazos establecidos en el presente Reglamento en casos concretos.

3 El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Comisión para supervisar la aplicación del Derecho de la Unión en virtud de los artículos 258 y 260 del TFUE. También se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros en cuestión sometan su controversia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 273 del TFUE, o de la posibilidad por parte de cualquier Estado miembro de recurrir al Tribunal de Justicia de acuerdo con el artículo 259 del TFUE.

1 El contingente anual de solidaridad, que incluirá las contribuciones fijadas en el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57, prometidas por los Estados miembros durante la reunión del Foro de alto nivel, servirá como principal instrumento de respuesta de solidaridad para los Estados miembros sometidos a presión migratoria sobre la base de las necesidades establecidas en la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12.

2 El contingente anual de solidaridad constará de los siguientes tipos de medidas de solidaridad, que se considerarán de igual valor: a) reubicación, con arreglo a los artículos 67 y 68: i) de los solicitantes de protección internacional, ii) cuando así lo acuerden bilateralmente el Estado miembro contribuyente y el Estado miembro beneficiario de que se trate, de los beneficiarios de protección internacional a los que se ha concedido protección internacional menos de tres años antes de la adopción del acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57; b) contribuciones financieras aportadas por los Estados miembros destinadas principalmente a acciones en los Estados miembros relacionadas con la migración, la acogida, el asilo, la reintegración previa a la salida, la gestión de las fronteras y el apoyo operativo, que podrán servir de apoyo a acciones en terceros países o en relación con ellos que podrían repercutir directamente en los flujos migratorios en las fronteras exteriores de los Estados miembros o mejorar el sistema de asilo, de acogida y de migración del tercer país de que se trate, incluidos los programas de retorno voluntario asistido y reintegración, de conformidad con el artículo 64; c) medidas de solidaridad alternativas en el ámbito de la migración, la acogida, el asilo, el retorno, la reintegración y la gestión de fronteras, centradas en el apoyo operativo, el desarrollo de capacidades, los servicios, el apoyo al personal, las instalaciones y el equipo técnico, de conformidad con el artículo 65. Los Estados miembros beneficiarios aplicarán las acciones en terceros países o en relación con ellos a que se refiere el párrafo primero, letra b), del presente apartado de conformidad con el ámbito de aplicación y los objetivos del presente Reglamento y del Reglamento (UE) 2021/1147.

3 Las contribuciones financieras a que se refiere el apartado 2, letra b), para proyectos en terceros países se centrarán, en particular, en: a) aumentar la capacidad de asilo y acogida en terceros países, también mediante el refuerzo de las capacidades y los conocimientos especializados humanos e institucionales; b) promover la migración legal y una movilidad bien gestionada, también mediante el refuerzo de las asociaciones bilaterales, regionales e internacionales por lo que respecta a la migración, los desplazamientos forzosos, las vías legales y las asociaciones de movilidad; c) apoyar el retorno voluntario asistido y los programas de reintegración sostenible de los migrantes retornados y sus familias; d) reducir las vulnerabilidades causadas por el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, así como programas de lucha contra el tráfico ilícito y la trata; e) apoyar las políticas de migración eficaces y basadas en los derechos humanos.

1 Sobre la base de la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12 y de conformidad con el ejercicio de compromisos llevado a cabo en el Foro de alto nivel a que se refiere el artículo 13, el Consejo adoptará anualmente, antes de que finalice cada año natural, un acto de ejecución por el que se establece el contingente anual de solidaridad, que incluirá el número de referencia de las reubicaciones y las contribuciones financieras necesarias para el contingente anual de solidaridad a escala de la Unión y los compromisos específicos que cada Estado miembro haya asumido para cada tipo de contribución de solidaridad a que se refiere el artículo 56, apartado 2, durante la reunión del Foro de alto nivel a que se refiere el artículo 13. El Consejo adoptará por mayoría cualificada el acto de ejecución a que se refiere el presente apartado. El Consejo podrá modificar por mayoría cualificada la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12.

2 En caso necesario, el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el apartado 1 del presente artículo establecerá también el porcentaje indicativo del contingente anual de solidaridad que podrá ponerse a disposición de los Estados miembros sometidos a presión migratoria como consecuencia de un gran número de llegadas derivadas de desembarcos recurrentes tras operaciones de búsqueda y salvamento, teniendo en cuenta las características específicas geográficas de los Estados miembros de que se trate. También podrá establecer otras formas de solidaridad, tal como se establece en el artículo 56, apartado 2, letra c), en función de las necesidades de tales medidas derivadas de los retos específicos en el ámbito de la migración en los Estados miembros de que se trate.

3 Durante la reunión del Foro de alto nivel a que se refiere el artículo 13, los Estados miembros llegarán a una conclusión sobre un número de referencia global para cada medida de solidaridad en el contingente anual de solidaridad, sobre la base de la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12. Durante esa reunión, los Estados miembros también se comprometerán a aportar sus contribuciones a este contingente anual de solidaridad, de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, y la cuota equitativa obligatoria calculada con arreglo a la clave de referencia establecida en el artículo 66.

4 A la hora de aplicar el apartado 3 del presente artículo, los Estados miembros contarán con plena discreción al elegir entre los tipos de medidas de solidaridad enumerados en el artículo 56, apartado 2, o una combinación de ellos. Los Estados miembros que se comprometan a adoptar medidas de solidaridad alternativas indicarán el valor financiero de dichas medidas a partir de criterios objetivos. Cuando las medidas de solidaridad alternativas no figuren en la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12, los Estados miembros podrán seguir comprometiéndose a adoptar tales medidas. Cuando los Estados miembros beneficiarios no soliciten tales medidas en un año determinado, estas se convertirán en contribuciones financieras.

1 Un Estado miembro identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como sometido a presión migratoria informará a la Comisión y al Consejo, tras la adopción del acto de ejecución del Consejo mencionado en el artículo 57, de su intención de hacer uso del contingente anual de solidaridad. La Comisión informará al Parlamento Europeo.

2 El Estado miembro de que se trate incluirá información sobre el tipo y el nivel de las medidas de solidaridad a que se refiere el artículo 56, apartado 2, que son necesarias para hacer frente a la situación, incluido, cuando proceda, el uso que se haga de los componentes del conjunto de instrumentos permanentes de apoyo a la UE en materia de migración. Cuando dicho Estado miembro tenga la intención de utilizar contribuciones financieras, también indicará los programas de gasto de la Unión en cuestión.

3 Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 2, el Estado miembro de que se trate tendrá acceso al contingente anual de solidaridad de conformidad con el artículo 60. El coordinador de la UE para la solidaridad convocará sin demora y, en cualquier caso, en un plazo de diez días a partir de la recepción de la información, el Foro de nivel técnico para hacer operativas las medidas de solidaridad.

1 Cuando un Estado miembro no haya sido identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como sometido a presión migratoria pero se considera a sí mismo como sometido a presión migratoria, notificará a la Comisión que necesita hacer uso del contingente anual de solidaridad e informará de ello al Consejo. La Comisión informará al Parlamento Europeo.

2 La notificación a que se refiere el apartado 1 incluirá: a) una explicación debidamente fundada sobre la existencia y el alcance de la presión migratoria en el Estado miembro que envía la notificación, incluidos datos actualizados sobre los indicadores a que se refiere el artículo 9, apartado 3, letra a); b) información sobre el tipo y el nivel de las medidas de solidaridad a que se refiere el artículo 56 que son necesarias para hacer frente a la situación, incluido, cuando proceda, el uso que se haga de los componentes del conjunto de instrumentos permanentes de apoyo a la UE en materia de migración y, cuando el Estado miembro en cuestión, tenga la intención de utilizar contribuciones financieras, la indicación de los programas de gasto de la Unión en cuestión; c) una descripción de cómo el contingente anual de solidaridad propuesto podría estabilizar la situación; d) el modo en que el Estado miembro en cuestión se propone abordar cualquier posible vulnerabilidad detectada en el ámbito de la responsabilidad, la preparación o la resiliencia.

3 La Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el Estado miembro en cuestión, prestarán asistencia a la Comisión, a petición de esta, en la realización de una evaluación de la presión migratoria.

4 La Comisión evaluará rápidamente la notificación, teniendo en cuenta la información establecida en los artículos 9 y 10, si el Estado miembro notificante ha sido identificado como en riesgo de estar sometido a presión migratoria en la decisión a que se refiere el artículo 11, la situación general en la Unión, la situación en el Estado miembro notificante durante los doce meses anteriores y las necesidades expresadas por el Estado miembro notificante, y adoptará una decisión con respecto a la consideración de que el Estado miembro está sometido a presión migratoria. Cuando la Comisión decida que ese Estado miembro está sometido a presión migratoria, el Estado miembro en cuestión se convertirá en un Estado miembro beneficiario, a menos que se le deniegue el acceso al contingente anual de solidaridad de conformidad con el apartado 6 del presente artículo.

5 La Comisión transmitirá sin demora su decisión al Estado miembro en cuestión, al Parlamento Europeo y al Consejo.

6 Cuando en la decisión de la Comisión se establezca que el Estado miembro notificante está sometido a presión migratoria, el coordinador de la UE para la solidaridad convocará el Foro de nivel técnico sin demora y a más tardar en un plazo de dos semanas a partir de la transmisión de la decisión de la Comisión al Estado miembro en cuestión, al Parlamento Europeo y al Consejo, a fin de hacer operativas las medidas de solidaridad. El coordinador de la UE para la solidaridad convocará el Foro de nivel técnico, a menos que la Comisión considere, o el Consejo decida mediante un acto de ejecución adoptado en el plazo de dos semanas a partir de la transmisión de la decisión de la Comisión al Estado miembro de que se trate, al Parlamento Europeo y al Consejo, que el contingente anual de solidaridad no tiene capacidad suficiente como para que el Estado miembro de que se trate pueda beneficiarse del contingente anual de solidaridad o existan otras razones objetivas para no permitir a ese Estado miembro beneficiarse del contingente anual de solidaridad.

7 Cuando el Consejo decida que la capacidad del contingente anual de solidaridad es insuficiente, se aplicará el artículo 13, apartado 4, y se convocará el Foro de alto nivel a más tardar una semana después de la decisión de la Comisión. En caso de que la Comisión decida denegar una petición de un Estado miembro para ser identificado como sometido a presión migratoria, el Estado miembro que envía la notificación podrá presentar una nueva notificación a la Comisión y al Consejo con información adicional pertinente.

1 En el Foro de nivel técnico, los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión para garantizar una puesta en funcionamiento eficaz y eficiente de las contribuciones de solidaridad en el contingente anual de solidaridad para el año de que se trate, de manera equilibrada y oportuna, a la luz de las necesidades detectadas y evaluadas y de las contribuciones de solidaridad disponibles.

2 El coordinador de la UE para la solidaridad, teniendo en cuenta la evolución de la situación migratoria, coordinará la puesta en funcionamiento de las contribuciones de solidaridad para garantizar una distribución equilibrada de las contribuciones de solidaridad disponibles entre los Estados miembros beneficiarios.

3 Con excepción de la ejecución de las contribuciones financieras, al poner en funcionamiento las medidas de solidaridad identificadas, los Estados miembros realizarán sus contribuciones de solidaridad prometidas a que se refiere el artículo 56 para un año determinado antes de que finalice dicho año, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 3, y en el artículo 67, apartado 12. Los Estados miembros contribuyentes deben cumplir sus compromisos de manera proporcional a su compromiso global con el contingente anual de solidaridad para un año determinado antes de que finalice el año. Los Estados miembros a los que se haya concedido una deducción total de las contribuciones de solidaridad de conformidad con el artículo 61 o 62 o que sean ellos mismos Estados miembros beneficiarios con arreglo al artículo 58, apartado 1, y al artículo 59, apartado 4, no estarán obligados a realizar sus contribuciones de solidaridad prometidas a que se refiere el artículo 56, apartado 2, para el año en cuestión. Los Estados miembros contribuyentes no estarán obligados a cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 56, apartado 2, ni a aplicar compensaciones de responsabilidad en virtud del artículo 63 con un Estado miembro beneficiario en el que la Comisión haya detectado, en una decisión a que se refiere el artículo 11, o en el artículo 59, apartado 4, deficiencias sistémicas en el Estado miembro beneficiario con respecto a las normas establecidas en la parte III del presente Reglamento que puedan tener consecuencias negativas graves para el funcionamiento del presente Reglamento.

4 Durante la primera reunión del Foro de nivel técnico del ciclo anual, los Estados miembros contribuyentes y beneficiarios podrán expresar preferencias razonables, a la luz de las necesidades detectadas, para los perfiles de los candidatos a la reubicación disponibles y una posible planificación para la realización de sus contribuciones de solidaridad, teniendo en cuenta la necesidad de medidas urgentes para los Estados miembros beneficiarios. El coordinador de la UE para la solidaridad facilitará la interacción y la cooperación entre los Estados miembros en esos aspectos. Al llevar a cabo reubicaciones, los Estados miembros prestarán especial atención a la reubicación de personas vulnerables.

5 Los órganos y organismos de la Unión competentes en el ámbito de la gestión del asilo y las fronteras y la migración prestarán apoyo, previa solicitud y en el marco de sus respectivos mandatos, a los Estados miembros y a la Comisión con miras a garantizar la aplicación y el funcionamiento correctos de la presente parte. Dicho apoyo podrá adoptar la forma de análisis, conocimientos especializados y apoyo operativo. El coordinador de la UE para la solidaridad coordinará cualquier asistencia de expertos o equipos desplegados por la Agencia de Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas o cualquier otro órgano u organismo de la Unión, en relación con la puesta en funcionamiento de las contribuciones de solidaridad.

6 En enero de cada año a partir de 2025, y en adelante, los Estados miembros confirmarán al coordinador de la UE para la solidaridad los niveles de cada medida de solidaridad aplicada durante el año anterior.

1 Un Estado miembro identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como sometido a presión migratoria o que se considere a sí mismo como sometido a presión migratoria y que no haya hecho uso del contingente anual de solidaridad de conformidad con el artículo 58 o que no haya notificado la necesidad de utilizar el contingente anual de solidaridad de conformidad con el artículo 59 podrá pedir en cualquier momento una deducción total o parcial de sus contribuciones prometidas establecidas en el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57. El Estado miembro de que se trate presentará su petición a la Comisión. A efectos informativos, el Estado miembro de que se trate transmitirá su petición al Consejo.

2 Cuando el Estado miembro requirente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo sea un Estado miembro que no sea identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como sometido a presión migratoria, pero que se considere a sí mismo como sometido a presión migratoria, ese Estado miembro incluirá en su petición: a) una descripción de cómo una deducción total o parcial de sus contribuciones prometidas podría ayudar a estabilizar la situación; b) si la contribución prometida podría sustituirse por un tipo diferente de contribución de solidaridad; c) el modo en que el Estado miembro abordará cualquier posible vulnerabilidad detectada en el ámbito de la responsabilidad, la preparación o la resiliencia; d) una explicación debidamente fundada sobre la existencia y el alcance de la presión migratoria en el Estado miembro requirente. Al evaluar esa petición, la Comisión también tendrá en cuenta la información establecida en los artículos 9 y 10.

3 La Comisión informará al Consejo de su evaluación de la petición en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la petición presentada de conformidad con el presente artículo. La Comisión informará también al Parlamento Europeo de dicha evaluación.

4 Tras la recepción de la evaluación de la Comisión, el Consejo adoptará un acto de ejecución para determinar si el Estado miembro está autorizado a no aplicar el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57.

1 Un Estado miembro identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como enfrentado a una situación migratoria importante, o si se considera a sí mismo como enfrentado a una situación migratoria importante, podrá pedir en cualquier momento una deducción total o parcial de sus contribuciones prometidas establecidas en el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57. El Estado miembro en cuestión presentará su petición a la Comisión. A efectos informativos, el Estado miembro de que se trate transmitirá su petición al Consejo.

2 Cuando el Estado miembro requirente sea identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como enfrentado a una situación migratoria importante, la petición incluirá: a) una descripción de cómo una deducción total o parcial de sus contribuciones prometidas podría ayudar a estabilizar la situación; b) si la contribución prometida podría sustituirse por un tipo diferente de contribución de solidaridad; c) el modo en que el Estado miembro abordará cualquier posible vulnerabilidad detectada en el ámbito de la responsabilidad, la preparación o la resiliencia; d) una explicación debidamente fundada sobre el ámbito del sistema de asilo, acogida y migración en el que se ha alcanzado la capacidad, y la manera en que alcanzar los límites de la capacidad de dicho Estado miembro en la zona en concreto afecta a su capacidad para cumplir sus compromisos.

3 Cuando el Estado miembro requirente no sea identificado en una decisión a que se refiere el artículo 11 como enfrentado a una situación migratoria importante, pero se considere a sí mismo como enfrentado a una situación migratoria, la petición incluirá, además de la información a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, una explicación debidamente fundada sobre la importancia de la situación migratoria en el Estado miembro requirente. Al evaluar esa petición, la Comisión también tendrá en cuenta la información establecida en los artículos 9 y 10 y si se ha determinado que el Estado miembro corre el riesgo de estar sometido a presión migratoria en una decisión a que se refiere el artículo 11.

4 La Comisión informará al Consejo de su evaluación de la petición en un plazo de cuatro semanas a partir de la recepción de la petición presentada de conformidad con el presente artículo. La Comisión informará también al Parlamento Europeo de la evaluación.

5 Tras la recepción de la evaluación de la Comisión, el Consejo adoptará un acto de ejecución para determinar si el Estado miembro está autorizado a no aplicar el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57.

1 Cuando los compromisos de reubicación al contingente anual de solidaridad establecidos en el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57 sean equivalentes o superiores al 50 % del número indicado en la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 12, un Estado miembro beneficiario podrá pedir a los demás Estados miembros que asuman la responsabilidad de examinar las solicitudes de protección internacional respecto de las que se haya determinado que el Estado miembro beneficiario es responsable en lugar de reubicaciones de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 69.

2 Un Estado miembro contribuyente podrá indicar a los Estados miembros beneficiarios su voluntad de asumir la responsabilidad de examinar las solicitudes de protección internacional respecto de las que se haya determinado que el Estado miembro beneficiario es responsable en lugar de reubicaciones: a) cuando se haya alcanzado el límite establecido en el apartado 1, o b) cuando el Estado miembro contribuyente haya comprometido como reubicaciones el 50 % o más de su cuota obligatoria al contingente anual de solidaridad que figura en el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57. Cuando un Estado miembro contribuyente haya indicado su voluntad y el Estado miembro beneficiario haya aceptado, este último aplicará el procedimiento establecido en el artículo 69.

3 Los Estados miembros contribuyentes asumirán la responsabilidad de las solicitudes de protección internacional respecto de las cuales se haya determinado que el Estado miembro beneficiario es responsable, hasta el mayor de los dos números a que se refieren las letras a) y b) del presente apartado cuando, tras la reunión del Foro de alto nivel convocada de conformidad con el artículo 13, apartado 4, los compromisos de reubicación al contingente anual de solidaridad establecidos en el acto de ejecución del Consejo a que se refiere el artículo 57 sean: a) inferiores al número a que se refiere el artículo 12, apartado 2, letra a), o b) inferiores al 60 % del número de referencia utilizado para calcular el reparto equitativo obligatorio para la reubicación de cada Estado miembro a efectos de creación del contingente anual de solidaridad de conformidad con el artículo 57.

4 El apartado 3 del presente artículo también se aplicará cuando los compromisos que vayan a ejecutarse durante un año determinado sean inferiores al mayor de los dos números mencionados en las letras a) o b) de dicho apartado como resultado de deducciones totales o parciales concedidas de conformidad con los artículos 61 o 62, o porque los Estados miembros beneficiarios a que se refieren los artículos 58, apartado 1, y 59, apartado 4, no estén obligados a ejecutar sus contribuciones de solidaridad comprometidas para el año en cuestión.

5 Un Estado miembro contribuyente que no haya cumplido sus compromisos ni aceptado con arreglo al artículo 67, apartado 9, un número de reubicaciones equivalente al número comprometido tal como se establece en el artículo 57, apartado 3, antes de que finalice el año en cuestión, asumirá, a petición del Estado miembro beneficiario, la responsabilidad de las solicitudes de protección internacional de las que se haya determinado que el Estado miembro beneficiario es responsable, hasta alcanzar el número de reubicaciones comprometidas de conformidad el artículo 57, apartado 3, tan pronto como sea posible después de que termine el año en cuestión.

6 El Estado miembro contribuyente determinará las solicitudes concretas de las que se haga responsable con arreglo a los apartados 2 y 3 del presente artículo, e informará al Estado miembro beneficiario, utilizando la red de comunicación electrónica creada en virtud del artículo 18 del Reglamento (CE) n.o 1560/2003. El Estado miembro contribuyente se convertirá en el Estado miembro responsable de las solicitudes identificadas e indicará su responsabilidad de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1358.

7 Los Estados miembros no estarán obligados a asumir responsabilidades con arreglo al apartado 6, párrafo primero, del presente artículo más allá de su parte equitativa calculada con arreglo a la clave de referencia establecida en el artículo 66.

8 El presente artículo únicamente se aplicará cuando: a) el solicitante no sea un menor no acompañado; b) el Estado miembro beneficiario haya sido designado como responsable sobre la base de los criterios establecidos en los artículos 29 a 33; c) el plazo de traslado establecido en el artículo 39, apartado 1, aún no haya expirado; d) el solicitante no se haya fugado del Estado miembro contribuyente; e) la persona en cuestión no sea beneficiaria de protección internacional; f) la persona en cuestión no sea una persona admitida.

9 El Estado miembro contribuyente podrá aplicar el presente artículo a los nacionales de terceros países o apátridas cuyas solicitudes hayan sido definitivamente denegadas en el Estado miembro beneficiario. Se aplicarán los artículos 55 y 56 del Reglamento (UE) 2024/1348.

1 Las contribuciones financieras consistirán en transferencias de importes de los Estados miembros contribuyentes al presupuesto de la Unión y constituirán ingresos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo . Las contribuciones financieras se utilizarán para ejecutar las medidas del contingente anual de solidaridad a que se refiere el artículo 56, apartado 2, letra b), del presente Reglamento.

2 Los Estados miembros beneficiarios determinarán las medidas que puedan financiarse con las contribuciones financieras a que se refiere el apartado 1 del presente artículo y las presentarán al Foro de nivel técnico. La Comisión colaborará estrechamente con los Estados miembros beneficiarios con miras a garantizar que esas medidas se correspondan con los objetivos establecidos en el artículo 56, apartado 2, letra b), y en el artículo 56, apartado 3. El coordinador de la UE para la solidaridad mantendrá un inventario de las medidas y lo pondrá a disposición a través del Foro de nivel técnico.

3 La Comisión adoptará un acto de ejecución relativo a las normas de funcionamiento de las contribuciones financieras. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2.

4 En caso de que el importe a que se refiere el artículo 57, apartado 1, del presente Reglamento no se haya asignado en su totalidad, el saldo restante podrá sumarse al importe a que se refiere el artículo 10, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2021/1147.

5 Los Estados miembros informarán a la Comisión y al Foro de nivel técnico de los avances en la ejecución de las medidas financiadas mediante contribuciones financieras con arreglo al presente artículo.

6 La Comisión incluirá en su informe a que se refiere el artículo 9 información sobre la ejecución de las medidas financiadas mediante contribuciones financieras con arreglo al presente artículo, incluidas las cuestiones que podrían afectar a la ejecución y cualquier medida adoptada para abordarlas.

1 Las contribuciones en forma de medidas de solidaridad alternativas se basarán en una petición específica del Estado miembro beneficiario. Tales contribuciones se contabilizarán como solidaridad financiera y su valor concreto será establecido conjuntamente, de manera realista, por el Estado miembro contribuyente y el Estado miembro beneficiario de que se trate y se comunicará al coordinador de la UE para la solidaridad antes de que se ejecuten esas contribuciones.

2 Los Estados miembros únicamente establecerán medidas de solidaridad alternativas que complementen, sin duplicarlas, las que ofrecen las operaciones de los órganos y organismos de la Unión o la financiación de la Unión en el ámbito de la gestión del asilo y la migración en los Estados miembros beneficiarios. Los Estados miembros solo preverán medidas de solidaridad alternativas que se sumarán a las contribuciones que deben hacer a través de los órganos y organismos de la Unión.

3 Los Estados miembros beneficiarios y contribuyentes finalizarán la aplicación de las medidas de solidaridad alternativas acordadas incluso si han expirado los actos de ejecución pertinentes.

El porcentaje de las contribuciones de solidaridad que cada Estado miembro debe realizar y a que se refiere el artículo 57, apartado 3, se calculará de acuerdo con la fórmula que aparece en el anexo I y se basará en los siguientes criterios para cada Estado miembro, según los últimos datos de Eurostat disponibles: a) el tamaño de la población (ponderación del 50 %); b) el PIB total (ponderación del 50 %).

1 El procedimiento previsto en el presente artículo se aplicará a la reubicación de las personas a las que se refiere el artículo 56, apartado 2, letra a).

2 Antes de aplicar el procedimiento previsto en el presente artículo, el Estado miembro beneficiario se asegurará de que no existen motivos razonables para considerar que la persona en cuestión supone una amenaza para la seguridad interior. Si existen motivos razonables para considerar que dicha persona supone una amenaza para la seguridad interior antes o durante el procedimiento establecido en el presente artículo, también cuando se haya detectado una amenaza para la seguridad interior en virtud del artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1356, el Estado miembro beneficiario no aplicará el procedimiento recogido en el presente artículo o le pondrá fin de inmediato. El Estado miembro beneficiario excluirá a la persona en cuestión de cualquier reubicación o traslado futuros a cualquier Estado miembro. Cuando la persona en cuestión sea un solicitante de protección internacional, el Estado miembro beneficiario será el Estado miembro responsable de conformidad con el artículo 16, apartado 4, del presente Reglamento.

3 Cuando se vaya a realizar la reubicación, el Estado miembro beneficiario determinará las personas susceptibles de ser reubicadas. A petición del Estado miembro beneficiario, la Agencia de Asilo lo ayudará en la determinación de las personas que vayan a ser reubicadas y en su asignación a los Estados miembros de reubicación, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra k), del Reglamento (UE) 2021/2303. El Estado miembro tendrá en cuenta, cuando corresponda, la existencia de vínculos significativos entre la persona en cuestión y el Estado miembro de reubicación, como los que se basan en consideraciones familiares o culturales. A tal fin, el Estado miembro beneficiario ofrecerá a las personas que vayan a ser reubicadas la oportunidad de aportar información sobre la existencia de vínculos significativos con Estados miembros concretos y de presentar información y documentación pertinentes para determinar esos vínculos. Dicha oportunidad no conllevará el derecho a elegir un Estado miembro de reubicación específico con arreglo al presente artículo.

4 Con el fin de determinar las personas que vayan a ser reubicadas y asignarlas a Estados miembros de reubicación, los Estados miembros beneficiarios podrán utilizar herramientas desarrolladas por el coordinador de la UE para la solidaridad. Los solicitantes que no tengan vínculos significativos con ningún Estado miembro se repartirán equitativamente entre los demás Estados miembros de reubicación. Cuando la persona que se vaya a reubicar sea un beneficiario de protección internacional, dicha persona será reubicada únicamente si ha dado su consentimiento previo por escrito.

5 Cuando se vaya a realizar la reubicación, el Estado miembro beneficiario informará a las personas a que se refiere el apartado 1 del presente apartado del procedimiento establecido en el presente artículo y en el artículo 68, así como, cuando proceda, de las obligaciones establecidas en el artículo 17, apartados 3, 4 y 5, y de las consecuencias del incumplimiento establecidas en el artículo 18. El párrafo primero del presente apartado no se aplicará a los solicitantes para los cuales el Estado miembro beneficiario pueda establecerse como el Estado miembro responsable con arreglo a los criterios que figuran en los artículos 25 a 28 y 34, con excepción del artículo 25, apartado 5. Dichos solicitantes no serán aptos para la reubicación.

6 Los Estados miembros garantizarán que los miembros de la familia sean reubicados en el territorio del mismo Estado miembro.

7 En los casos a que se refieren los apartados 2 y 3, el Estado miembro beneficiario transmitirá al Estado miembro de reubicación lo antes posible toda la información y los documentos pertinentes sobre la persona en cuestión utilizando un formulario normalizado a fin de, entre otras cosas, permitir a las autoridades del Estado miembro de reubicación comprobar si existen motivos para considerar que la persona en cuestión supone una amenaza para la seguridad interior.

8 El Estado miembro de reubicación examinará la información transmitida por el Estado miembro beneficiario con arreglo al apartado 7 y verificará que no existen motivos razonables para considerar que la persona en cuestión supone una amenaza para la seguridad interior. El Estado miembro de reubicación podrá optar por verificar esa información mediante una entrevista personal con la persona en cuestión. Se informará debidamente a la persona en cuestión de la naturaleza y el propósito de tal entrevista. La entrevista personal se celebrará dentro de los plazos previstos en el apartado 9.

9 Cuando no existan motivos razonables para pensar que la persona en cuestión suponga una amenaza para la seguridad interior, el Estado miembro de reubicación confirmará que reubicará a la persona en cuestión en el plazo de una semana desde la recepción de la información pertinente del Estado miembro beneficiario. Cuando las comprobaciones confirmen que existen motivos razonables para pensar que la persona en cuestión supone una amenaza para la seguridad interior, el Estado miembro de reubicación informará al Estado miembro beneficiario, en el plazo de una semana desde la recepción de la información pertinente de ese Estado miembro, de la naturaleza y los elementos en los que se basa la alerta, procedentes de cualquier base de datos pertinente. En esos casos, no se producirá la reubicación de la persona en cuestión. En casos excepcionales, cuando pueda demostrarse que el examen de la información es particularmente complejo o que se deben comprobar muchos casos en el mismo momento, el Estado miembro de reubicación podrá dar su respuesta una vez transcurrido el plazo de una semana mencionado en los párrafos primero y segundo, pero, en cualquier caso, en un plazo de dos semanas. En tales circunstancias, el Estado miembro de reubicación comunicará al Estado miembro beneficiario su decisión de posponer la respuesta más allá del plazo inicial de una semana. La falta de actuación en el plazo de una semana mencionado en los párrafos primero y segundo ni en el plazo de dos semanas mencionado en el párrafo tercero equivaldrá a la confirmación de la recepción de la información e implicará la obligación de reubicar a la persona en cuestión, incluida la obligación de adoptar las medidas adecuadas para su llegada.

10 El Estado miembro beneficiario adoptará una decisión de traslado en el plazo de una semana desde la confirmación por parte del Estado miembro de reubicación. Comunicará a la persona en cuestión, sin demora y por escrito, la decisión de trasladarla a dicho Estado miembro, a más tardar, dos días antes de efectuarse el traslado en el caso de los solicitantes y una semana antes en el caso de los beneficiarios. Cuando la persona que vaya a ser reubicada sea un solicitante, esta deberá acatar la decisión de reubicación.

11 El traslado de la persona en cuestión del Estado miembro beneficiario al Estado miembro de reubicación se llevará a cabo de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro beneficiario, previa consulta a los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible, y en el plazo de cuatro semanas desde la confirmación por parte del Estado miembro de reubicación o de la resolución definitiva sobre un recurso o revisión de una decisión de traslado con efecto suspensivo de conformidad con el artículo 43, apartado 3.

12 Los Estados miembros beneficiarios y los Estados miembros de reubicación continuarán el proceso de reubicación incluso después de que haya expirado el período de aplicación o la validez de los actos de ejecución del Consejo a que se refieren los artículos 57, 61 y 62.

13 El artículo 42, apartados 3, 4 y 5, los artículos 43 y 44, el artículo 46, apartados 1 y 3, el artículo 47, apartados 2 y 3, y los artículos 48 y 50 se aplicarán mutatis mutandis al proceso de reubicación. El Estado miembro beneficiario que efectúe el traslado de un beneficiario de protección internacional transmitirá al Estado miembro de reubicación toda la información a que se refiere el artículo 51, apartado 2, la información de los motivos en los que el beneficiario basó su solicitud, y los motivos de cualquier decisión adoptada en relación con el beneficiario.

14 La Comisión, mediante actos de ejecución, establecerá métodos uniformes para la preparación y presentación de información y documentos a efectos de reubicación. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 77, apartado 2. La Comisión podrá consultar a la Agencia de Asilo cuando prepare esos actos de ejecución.

1 El Estado miembro de reubicación informará al Estado miembro beneficiario, a la Agencia de Asilo y al coordinador de la UE para la solidaridad de la llegada segura de la persona en cuestión o de que dicha persona no ha comparecido en el plazo señalado.

2 Cuando el Estado miembro de reubicación haya reubicado a un solicitante para el cual no se haya determinado todavía el Estado miembro responsable, el Estado miembro de reubicación aplicará los procedimientos establecidos en la parte III, con excepción del artículo 16, apartado 2, el artículo 17, apartados 1 y 2, el artículo 25, apartado 5, el artículo 29, el artículo 30 y el artículo 33, apartados 1 y 2. Cuando no se pueda determinar a un Estado miembro responsable con arreglo al párrafo primero del presente apartado, el Estado miembro de reubicación será responsable del examen de la solicitud de protección internacional. El Estado miembro de reubicación indicará su responsabilidad en Eurodac de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2024/1358.

3 Cuando se haya reubicado a un solicitante para el cual se hubiera determinado previamente el Estado miembro beneficiario como responsable por otros motivos distintos a los recogidos en el artículo 67, apartado 5, párrafo segundo, la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional se transferirá al Estado miembro de reubicación. La responsabilidad de examinar cualquier otra alegación adicional o solicitud posterior de la persona en cuestión de conformidad con los artículos 55 y 56 del Reglamento (UE) 2024/1348 también se transferirá al Estado miembro de reubicación. El Estado miembro de reubicación indicará su responsabilidad en Eurodac de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1358.

4 Cuando se haya reubicado a un beneficiario de protección internacional, el Estado miembro de reubicación concederá automáticamente el estatus de protección internacional respetando el estatus de protección internacional concedido por el Estado miembro beneficiario.

1 Cuando un Estado miembro beneficiario pida a otro Estado miembro que asuma la responsabilidad del examen de una serie de solicitudes de protección internacional de conformidad con el artículo 63, apartados 1 y 2, transmitirá su petición al Estado miembro contribuyente e incluirá el número de solicitudes de protección internacional que deban asumirse en lugar de reubicaciones.

2 El Estado miembro contribuyente se pronunciará sobre la petición en un plazo treinta días a partir de la recepción de dicha petición. El Estado miembro contribuyente podrá decidir aceptar asumir la responsabilidad de examinar un número de solicitudes de protección internacional inferior al solicitado por el Estado miembro beneficiario.

3 El Estado miembro que haya aceptado una petición de conformidad con el apartado 2 del presente artículo determinará las solicitudes individuales de protección internacional de las que sea responsable e indicará su responsabilidad con arreglo al artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1358.

Los Estados miembros mantendrán informada a la Comisión, en particular al coordinador de la UE para la solidaridad, sobre la aplicación de las medidas de solidaridad, entre ellas, las medidas de cooperación con un tercer país.

De conformidad con los principios de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, la ayuda financiera tras la reubicación con arreglo a los capítulos I y II de la presente parte se ejecutará de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento (UE) 2021/1147.

1 El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales, en particular los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo .

2 Los Estados miembros contarán con medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos personales tratados con arreglo al presente Reglamento y, en particular, para evitar la divulgación o el acceso ilícitos o no autorizados, la alteración o la pérdida de los datos personales tratados.

3 La autoridad o autoridades de control competentes de cada Estado miembro supervisarán de manera independiente la licitud del tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades del Estado miembro en cuestión a las que hace referencia el artículo 52, de conformidad con el Derecho nacional.

Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades indicadas en el artículo 52 estén sometidas a las normas de confidencialidad definidas en el Derecho nacional respecto a toda información que obtengan en el desempeño de su trabajo.

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones, incluidas las de carácter administrativo o penal con arreglo al Derecho nacional, aplicables a cualquier infracción del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Los plazos establecidos en el presente Reglamento se calcularán como sigue: a) un plazo expresado en días, semanas o meses se calculará a partir del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto. El propio día en que ocurra dicho suceso o se efectúe dicho acto no se incluirá en el plazo en cuestión; b) un plazo expresado en semanas o meses expirará al finalizar el día que, en la última semana o en el último mes, tenga la misma denominación o el mismo día del mes, respectivamente, que el día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de computarse el plazo; c) cuando, en un plazo expresado en meses, el día fijado para su vencimiento no existiese en el último mes de dicho período, el plazo expirará a medianoche el último día de dicho último mes; d) los plazos comprenderán los sábados, los domingos y los días festivos oficiales del Estado miembro de que se trate; cuando un plazo termine en un sábado, un domingo o un día festivo oficial, se computará como último día del plazo el siguiente día hábil.

Por lo que se refiere a la República Francesa, las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán exclusivamente a su territorio europeo.

1 La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2 En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011. Cuando el comité no emita ningún dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y será de aplicación el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

1 Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2 Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 25, apartado 6, y en el artículo 34, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir de 11 de junio de 2024. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3 La delegación de poderes mencionada en el artículo 25, apartado 6, y en el artículo 34, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4 Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5 Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6 Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25, apartado 6, o del artículo 34, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de cuatro meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

A más tardar el 1 de febrero de 2028 y a partir de entonces anualmente, la Comisión revisará el funcionamiento de las medidas establecidas en la parte IV del presente Reglamento e informará sobre la aplicación de las medidas establecidas en el presente Reglamento. El informe se comunicará al Parlamento Europeo y al Consejo. Periódicamente y como mínimo cada tres años, la Comisión revisará la pertinencia de las cifras establecidas en el artículo 12, apartado 2, letras a) y b), y el funcionamiento general de la parte III del presente Reglamento, incluyendo si debe modificarse la definición de miembros de la familia y la duración de los plazos establecidos en esa parte, en relación con la situación migratoria general. A más tardar el 1 de julio de 2031, y posteriormente cada cinco años, la Comisión realizará una evaluación del presente Reglamento, en particular por lo que respecta a los principios de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades consagrados en el artículo 80 del TFUE. La Comisión presentará un informe sobre las principales conclusiones de dicha evaluación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información necesaria para la preparación de los informes, a más tardar seis meses antes de que expire el plazo para la presentación de cada informe por parte de la Comisión.

De conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo , los Estados miembros comunicarán a la Comisión (Eurostat) las estadísticas relativas a la aplicación del presente Reglamento y del Reglamento (CE) n.o 1560/2003.

«6 bis La contribución del presupuesto de la Unión podrá incrementarse hasta el 100 % del gasto total financiable en el caso de acciones de solidaridad.».

1 Un Estado miembro recibirá, además de sus asignaciones en virtud del artículo 13, apartado 1, letra a), del presente Reglamento, un importe de: a) 10000 EUR por cada solicitante de protección internacional del cual dicho Estado miembro se convierta en responsable como resultado de la reubicación de conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 2024/1351; b) 10000 EUR por cada beneficiario de protección internacional reubicado en dicho Estado miembro de acuerdo con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 2024/1351. Los importes a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero se aumentarán a 12000 EUR por cada solicitante de protección internacional o beneficiario de protección internacional, respectivamente, que sea un menor no acompañado reubicado en dicho Estado miembro de conformidad con los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) 2024/1351.

2 Los Estados miembros que asuman el coste de los traslados a que se refiere el apartado 1 recibirán una contribución de 500 EUR por cada solicitante de protección internacional o beneficiario de protección internacional trasladado a otro Estado miembro.

3 El Estado miembro que asuma los costes de los traslados a que se refiere el artículo 36, apartado 1, letra a), b) o c), del Reglamento (UE) 2024/1351, efectuados de conformidad con el artículo 46 de dicho Reglamento, recibirá una contribución de 500 EUR por cada solicitante de protección internacional trasladado a otro Estado miembro.

4 Los importes a que se refieren los apartados 1 a 3 del presente artículo se asignarán a los programas de los Estados miembros, a condición de que la persona respecto de la cual se asigne el importe haya sido efectivamente trasladada a dicho Estado miembro o haya sido registrada como solicitante en el Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351, según el caso. Esos importes no podrán utilizarse para otras acciones del programa del Estado miembro, salvo en casos debidamente justificados, previa aprobación de la Comisión mediante la modificación de ese programa.

5 Los importes a que se refiere el presente artículo adoptarán la forma de financiación no vinculada a los costes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento Financiero.

6 A efectos de control y auditoría, los Estados miembros conservarán la información necesaria para la correcta identificación de las personas trasladadas y de la fecha de su traslado.

7 A fin de tener en cuenta las tasas de inflación actuales, la correspondiente evolución en el ámbito de la reubicación y otros factores que puedan optimizar el uso del incentivo financiero aportado por los importes a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 37 a fin de ajustar, si se considera apropiado y dentro de los límites de los recursos disponibles, dichos importes.».

«3 bis Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, no se aportará ninguna contribución de la Unión para la asistencia técnica al objeto de apoyar acciones de solidaridad, tal como se definen en el artículo 2, punto 15, del Reglamento FAMI y en el artículo 2, punto 11, del Reglamento del IGFV.».

Queda derogado el Reglamento (UE) n.o 604/2013 con efectos a partir del 1 de julio de 2026. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II. El Reglamento (CE) n.o 1560/2003 seguirá en vigor hasta que sea modificado por actos de ejecución adoptados en virtud del presente Reglamento.

1 En caso de que la solicitud de asilo se haya presentado después del 1 de julio de 2026, se tendrá en cuenta todo hecho susceptible de determinar la responsabilidad de un Estado miembro en virtud del presente Reglamento, aun cuando fuera anterior a dicha fecha.

2 La determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional registrada antes del 1 de julio de 2026 se efectuará de conformidad con los criterios enunciados en el Reglamento (UE) n.o 604/2013.

3 A más tardar el 12 de septiembre de 2024, la Comisión, en estrecha colaboración con órganos y organismos pertinentes de la Unión y con los Estados miembros, presentará al Consejo un plan de ejecución común para garantizar que los Estados miembros estén adecuadamente preparados para ejecutar el presente Reglamento a más tardar el 1 de julio de 2026, evaluando las deficiencias y las medidas operativas necesarias, e informar al Parlamento Europeo al respecto. Partiendo de ese plan de ejecución común, a más tardar el 12 de diciembre de 2024, cada Estado miembro establecerá, con el apoyo de la Comisión y de los órganos y organismos pertinentes de la Unión, un plan de ejecución nacional en el que se fijen las actuaciones y el calendario para su aplicación. Cada Estado miembro completará la aplicación de su plan a más tardar el 1 de julio de 2026. A efectos de la aplicación del presente artículo, los Estados miembros podrán recurrir a la ayuda de los órganos y organismos pertinentes de la Unión y los fondos de la Unión podrán proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros, de conformidad con los actos jurídicos que regulen dichos órganos y organismos y fondos. La Comisión hará un seguimiento estrecho de la aplicación de los planes de ejecución nacionales a que se refiere el párrafo segundo. En los dos primeros informes a que se refiere el artículo 9, la Comisión presentará la situación de la aplicación del plan de ejecución común y de los planes de ejecución nacionales a que se refiere el presente apartado. A la espera de los informes mencionados en el párrafo quinto del presente apartado, la Comisión informará cada seis meses al Parlamento Europeo y al Consejo de la situación de la aplicación del plan de ejecución común y de los planes de ejecución nacionales a que se refiere el presente apartado.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará a partir del 1 de julio de 2026. No obstante, los artículos 7 a 15, el artículo 22, apartado 1, párrafo cuarto, el artículo 23, apartado 7, el artículo 25, apartados 6 y 7, el artículo 34, apartados 3 y 4, el artículo 39, apartado 3, párrafo segundo, el artículo 40, apartado 4, y apartado 8, párrafo segundo, el artículo 41, apartado 5, el artículo 46, apartado 1, párrafo quinto, el artículo 46, apartado 4, el artículo 48, apartado 4, el artículo 50, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 50, apartado 5, el artículo 52, apartado 4, los artículos 56 y 57, el artículo 64, apartado 3, el artículo 67, apartado 14, y los artículos 78 a 84 serán aplicables a partir del 11 de junio de 2024.