Dictamen del Consejo de 7 de marzo de 2003 sobre el programa de estabilidad actualizado de Luxemburgo (2001-2005) Diario Oficial n° C 064 de 18/03/2003 p. 0001 - 0002 Dictamen del Consejo de 7 de marzo de 2003 sobre el programa de estabilidad actualizado de Luxemburgo (2001-2005) (2003/C 64/01) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1), y en particular, el apartado 3 de su artículo 5, Vista la Recomendación de la Comisión, Previa consulta al Comité Económico y Financiero, HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:
El 7 de marzo de 2003, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Luxemburgo, referente al período 2001-2005. El programa no cumple plenamente las exigencias del Código de conducta sobre el contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia, aprobado por el Consejo Ecofin el 10 de julio de 2001; en particular, ha sido remitido con un retraso de seis semanas. El programa sigue en parte las recomendaciones de las orientaciones generales de las políticas económicas. El crecimiento del PIB real ha seguido disminuyendo para pasar del 1,0 % en 2001 a una estimación del 0,5 % en 2002, lo que representa un nivel muy inferior al previsto en el programa de estabilidad de 2001.
La ralentización se debe en gran medida a una evolución adversa en el sector de los servicios financieros, que representa aproximadamente la cuarta parte del valor añadido total. Partiendo de un escenario macroeconómico prudente, que contempla una recuperación algo más moderada de la actividad económica que las previsiones de la Comisión del otoño de 2002, se espera que el crecimiento del PIB real se recupere sólo gradualmente, hasta alcanzar aproximadamente el 3 % en 2005. El Consejo observa que la hacienda pública se deterioró notablemente en 2002, al disminuir los ingresos, como consecuencia del efecto combinado de la reforma tributaria y la ralentización económica, mientras que el incremento de los gastos se mantuvo muy firme.
En consecuencia, se prevé que las administraciones públicas registren un déficit del 0,3 % del PIB en 2002, lo que representa un considerable deterioro en comparación con el amplio superávit del 6,1 % del PIB registrado en 2001(2). Se prevé que la situación presupuestaria de las administraciones públicas se mantenga deficitaria (déficit equivalente al 0,3 % del PIB en 2003), se deteriore ligeramente aún en 2004, hasta un déficit del 0,7 % del PIB, y alcance una posición cercana al equilibrio en 2005, con un ligero déficit nominal del 0,1 % del PIB. Se prevé que el saldo presupuestario estructural de las administraciones públicas se mantenga positivo durante el período abarcado por el programa de estabilidad.
Por ello, el Consejo considera que Luxemburgo sigue cumpliendo las exigencias del pacto de estabilidad y crecimiento de alcanzar una situación presupuestaria próxima al equilibrio o con superávit a medio plazo. El Consejo observa que una buena gestión de la hacienda pública sigue constituyendo el principio rector del nuevo programa de estabilidad actualizado. El Consejo acoge favorablemente los principales elementos del marco presupuestario actualmente en vigor, que, entre otras cosas, implica la utilización de previsiones macroeconómicas prudentes como base para la política presupuestaria, así como la voluntad de permitir que el sector público tenga capacidad neta de financiación, lograr un presupuesto equilibrado para la administración central y no permitir que el incremento de los gastos corrientes supere el de los gastos totales.
El Consejo acoge favorablemente, por otra parte, la reducción de la presión fiscal derivada de la aplicación de la reforma tributaria, al mismo tiempo que se trata de lograr una posición presupuestaria saneada a medio plazo; en este contexto, anima al futuro Gobierno a que fije límites al gasto real que sean compatibles con el logro de una posición presupuestaria próxima al equilibrio o con superávit a medio plazo. No obstante, el Consejo manifiesta cierta preocupación por el rápido deterioro del saldo presupuestario de la administración central, que solamente representa una parte de las administraciones públicas.
Aunque en 2001 todavía presentaba un superávit equivalente al 2,6 % del PIB, se preveía registrase un déficit del 2,2 % del PIB en 2002 y del 2,1 % en 2003, mientras que se prevé que el déficit de la administración central se siga deteriorando, hasta alcanzar el 2,8 % del PIB en 2004 y 2005. El Consejo observa que esta evolución se explica en parte por los menores ingresos derivados de la ralentización de la actividad económica, junto con el rápido incremento previsto de los gastos de la administración central. Aunque la situación de partida de la hacienda pública luxemburguesa es extremadamente saneada, un rápido incremento continuo de los gastos corrientes podría constituir un factor de riesgo si a medio plazo el crecimiento económico disminuyese de forma significativa.
A tenor de las políticas actuales, el Consejo considera que la hacienda pública de Luxemburgo se encuentra en buena posición para hacer frente a los costes previstos del envejecimiento de la población. Sin embargo, observa que la evaluación de la sostenibilidad de la hacienda pública luxemburguesa es muy sensible a la evolución del número de trabajadores fronterizos. El Consejo estima que la voluntad de mantener una situación presupuestaria equilibrada en los próximos años es globalmente adecuada, habida cuenta de las repercusiones que previsiblemente ha de tener en el presupuesto el envejecimiento de la población, y acoge favorablemente las medidas encaminadas a mejorar el atractivo de los regímenes privados de pensiones basados en el tercer pilar.
(1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. (2) Datos más recientes que constan en la Comunicación a 1 de marzo indican que el déficit del Gobierno central se limitó en 2002 a - 0,1 % del PIB, lo que dio lugar, en ese mismo año, a un superávit de + 2,6 % del PIB para la administración en general. No obstante, esto no podía reflejarse todavía en la apreciación hecha por la Comisión.