Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores Texto pertinente a efectos del EEE

La presente Directiva establece disposiciones que facilitan la aplicación uniforme y el cumplimiento en la práctica de los derechos que confieren el artículo 45 del TFUE y los artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) no 492/2011. La presente Directiva se aplica a los ciudadanos de la Unión que ejerzan tales derechos y a los miembros de sus familias («los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias»).

1 La presente Directiva se aplica a los siguientes aspectos, a que se refieren los artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) no 492/2011, de la libre circulación de los trabajadores: a) acceso al empleo; b) condiciones de empleo y trabajo, en particular por lo que se refiere a la remuneración, el despido, la salud y la seguridad en el trabajo y, en caso de desempleo, a las condiciones de reintegración profesional o de nuevo empleo; c) acceso a las ventajas sociales y fiscales; d) afiliación a organizaciones sindicales y derecho a ser elegido para los órganos de representación de los trabajadores; e) acceso a la formación; f) acceso a la vivienda; g) acceso a la educación, el aprendizaje y la formación profesional para los hijos de los trabajadores de la Unión; h) asistencia que prestan las oficinas de empleo.

2 El ámbito de aplicación de la presente Directiva es idéntico al del Reglamento (UE) no 492/2011.

1 Los Estados miembros garantizarán que, tras el posible recurso a otras autoridades competentes, incluidos, cuando lo consideren adecuado, los procedimientos de conciliación, todos los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias tengan acceso a procesos judiciales para la protección de las obligaciones reconocidas en el artículo 45 del TFUE y en los artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) no 492/2011, siempre que consideren que han sufrido o están sufriendo restricciones y obstáculos injustificados a su derecho a la libre circulación, o que se consideren perjudicados por no habérseles aplicado el principio de igualdad de trato, aun cuando haya finalizado la relación en la que se hubiera producido la restricción y el obstáculo o la discriminación alegados.

2 Los Estados miembros velarán por que las asociaciones, organizaciones, incluidos los interlocutores sociales, u otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho o las prácticas nacionales y en los acuerdos colectivos, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de la presente Directiva, puedan intervenir, en nombre de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias o en su apoyo, y con su autorización, en cualquier procedimiento judicial y/o administrativo previsto para proteger el ejercicio de los derechos a los que hace referencia el artículo 1.

3 El apartado 2 se aplicará sin perjuicio de otras competencias y derechos colectivos de los interlocutores sociales, los representantes de los trabajadores y de los empleadores, en su caso, incluido el derecho a actuar en defensa de un interés colectivo, en virtud de la legislación y/o las prácticas nacionales.

4 El apartado 2 se aplicará sin perjuicio de la normativa procesal nacional de representación y defensa ante los tribunales.

5 Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de la normativa nacional relativa a los plazos para proteger el ejercicio de los derechos a los que se hace referencia en el artículo 1. No obstante, dichos plazos nacionales deben ser de naturaleza tal que no pueda considerarse que hacen prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de tales derechos.

6 Los Estados miembros adoptarán en sus ordenamientos jurídicos las medidas que resulten necesarias para proteger a los trabajadores de la Unión contra cualquier consecuencia o trato desfavorable que se derive de cualquier reclamación o procedimiento destinado a proteger el ejercicio de los derechos a los que se hace referencia en el artículo 1.

1 Cada Estado miembro designará una o más estructuras, u organismos («los organismos»), como responsables del fomento, el análisis, la supervisión y el apoyo en el ámbito de la igualdad de trato de los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, sin discriminación por razón de la nacionalidad ni restricciones y obstáculos injustificados de su derecho a la libre circulación, y adoptarán las disposiciones necesarias para el funcionamiento de estos organismos. Dichos organismos podrán formar parte de organismos existentes a escala nacional que tengan objetivos similares.

2 Los Estados miembros velarán por que entre las competencias de estos organismos figuren las siguientes: a) facilitar o garantizar la prestación de asistencia independiente, jurídica o de otro tipo, a los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, sin perjuicio de sus derechos, y de los derechos de las asociaciones, organizaciones y otras entidades jurídicas a las que se hace referencia en el artículo 3; b) actuar como punto de contacto de cara a los puntos de contacto equivalentes de los demás Estados miembros con vistas a cooperar y a compartir la información pertinente; c) llevar a cabo o encargar estudios independientes y análisis sobre las restricciones y obstáculos injustificados del derecho de libre circulación o la discriminación por razón de la nacionalidad de los trabajadores de la Unión y miembros de sus familias; d) velar por la publicación de informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier aspecto relacionado con dichas restricciones y obstáculos o discriminación; e) publicar información pertinente sobre la aplicación a nivel nacional de la normativa de la Unión relativa a la libre circulación de los trabajadores. En relación con la letra a) del párrafo primero, cuando los organismos presten asistencia en procedimientos judiciales lo harán a título gratuito para aquellos que no tengan suficientes recursos, de conformidad con el Derecho y las prácticas nacionales.

3 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y los datos de esos puntos de contacto así como cualquier información actualizada o cambios relativos a los mismos. La Comisión elaborará una lista de los puntos de contacto y la pondrá a disposición de los Estados miembros.

4 Los Estados miembros se asegurarán de que los organismos existentes o de nueva creación sean conscientes de la existencia y capaces de hacer uso y cooperar con los servicios de información y asistencia a escala de la Unión como Your Europe, Solvit, EURES, la Red Enterprise Europe y las ventanillas únicas.

5 Cuando se haya asignado a más de un organismo las funciones a las que se refiere el apartado 2, los Estados miembros velarán por que estos se coordinen de una manera adecuada.

Los Estados miembros promoverán el diálogo con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes que, con arreglo a las prácticas y los ordenamientos jurídicos nacionales, tengan un interés legítimo en contribuir a la lucha contra las restricciones y los obstáculos injustificados del derecho de libre circulación y la discriminación por razón de la nacionalidad de los trabajadores de la Unión y los miembros de su familias, con el fin de promover el principio de igualdad de trato.

1 Los Estados miembros velarán por que las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva y en virtud de los artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) no 492/2011, sean puestas en conocimiento de las personas interesadas en el conjunto de su territorio, en particular los trabajadores y los empleadores de la Unión, por todos los medios adecuados.

2 Los Estados miembros proporcionarán en más de una lengua oficial de las instituciones de la Unión una información clara, gratuita, fácilmente accesible, exhaustiva y actualizada sobre los derechos que confiere el Derecho de la Unión en materia de libre circulación de los trabajadores. Esta información también debería estar fácilmente accesible a través de Your Europe y EURES.

1 Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, para la protección del principio de igualdad de trato, disposiciones más favorables que las establecidas en la presente Directiva.

2 Los Estados miembros podrán establecer que entre las competencias de los organismos a que se refiere el artículo 4 de la presente Directiva, responsables de promover, analizar, supervisar y apoyar la igualdad de trato de los trabajadores de la Unión y los miembros de sus familias, sin discriminación por razón de la nacionalidad, también se encuentre la relativa al derecho a la igualdad de trato sin discriminación por razón de la nacionalidad de todos los ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a la libre circulación y de los miembros de sus familias, de conformidad con el artículo 21 del TFUE y la Directiva 2004/38/CE.

3 La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo suficiente para justificar la reducción del nivel de protección de los trabajadores de la Unión y de los miembros de sus familias en el ámbito regulado por ella, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de adoptar disposiciones legales, reglamentarias o administrativas diferentes de las existentes el 20 de mayo de 2014 para adaptarse a la evolución de la situación, siempre y cuando se respeten las disposiciones de la presente Directiva.

1 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 21 de mayo de 2016. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

A más tardar el 21 de noviembre de 2018, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, con el fin de proponer, en su caso, las modificaciones necesarias.

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.