Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (versión refundida)

1 Con el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y servicios, la presente Directiva establece un conjunto de normas mínimas que regula la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de: a) los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros; b) los documentos existentes conservados por empresas públicas que: i) lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE, ii) que actúen como operadores de servicio público con arreglo al artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1370/2007, iii) que actúen como compañías aéreas que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 1008/2008, o iv) que actúen como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) n.o 3577/92; c) los datos de investigación, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 10.

2 La presente Directiva no se aplicará a: a) los documentos cuyo suministro sea una actividad que se salga del ámbito de la misión de servicio público de los organismos del sector público afectados, definida con arreglo a la legislación o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro, o en ausencia de tales normas, definida con arreglo a la práctica administrativa común del Estado miembro en cuestión, siempre y cuando el ámbito de las misiones de servicio público sea transparente y se someta a revisión; b) los documentos conservados por las empresas públicas: i) producidos fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general, según se defina en la legislación o en otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro, ii) relativos a actividades sometidas directamente a la competencia y, por tanto, conforme al artículo 34 de la Directiva 2014/25/UE, no sujetas a las normas de contratación; c) los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros; d) los documentos, por ejemplo los datos sensibles, a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de: i) protección de la seguridad nacional (a saber, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública, ii) confidencialidad estadística, iii) confidencialidad comercial (incluidos secretos comerciales, profesionales o empresariales); e) documentos cuyo acceso esté excluido o limitado por motivos de protección de información sensible sobre infraestructuras críticas, tal como se define en el artículo 2, letra d), de la Directiva 2008/114/CE; f) documentos cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros, incluidos, entre otros, aquellos casos en los que los ciudadanos o personas jurídicas tengan que demostrar un interés particular en obtener acceso a los documentos; g) logotipos, divisas e insignias; h) los documentos cuyo acceso esté excluido o limitado en virtud de regímenes de acceso por motivos de protección de los datos personales, y las partes de documentos accesibles en virtud de dichos regímenes que contengan datos personales cuya reutilización se haya definido por ley como incompatible con la legislación relativa a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos personales o como un menoscabo de la protección de la intimidad y la integridad de las personas, en particular de conformidad con la legislación nacional o de la Unión sobre protección de datos personales; i) los documentos conservados por las entidades de radiodifusión de servicio público y sus filiales, y por otras entidades o sus filiales para el cumplimiento de una misión de radiodifusión de servicio público; j) los documentos conservados por instituciones culturales que no sean bibliotecas, incluidas las universitarias, museos y archivos; k) los documentos conservados por instituciones educativas de nivel secundario e inferior y, en el caso de todas las demás instituciones educativas, documentos distintos de los contemplados en el apartado 1, letra c); l) los documentos distintos de los mencionados en el apartado 1, letra c), conservados por organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación, incluidas las organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación.

3 La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso nacionales y de la Unión y no les afecta de forma alguna.

4 La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Derecho nacional y de la Unión relativas a la protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, así como de las disposiciones correspondientes de Derecho nacional.

5 Las obligaciones impuestas de conformidad con la presente Directiva se aplicarán únicamente en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna, el Acuerdo ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.

6 Los organismos del sector público no ejercerán el derecho del fabricante de una base de datos, previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, para evitar la reutilización de documentos o restringir la reutilización más allá de los límites establecidos por la presente Directiva.

7 La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes conservados por los organismos del sector público y las empresas públicas de los Estados miembros, incluidos los documentos a los que se aplica la Directiva 2007/2/CE.

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1)«organismo del sector público»el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o por uno o más de dichos organismos de Derecho público;2)«organismo de Derecho público» cualquier organismo que ostente todas las condiciones siguientes: a) que haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tenga carácter industrial o mercantil; b) que esté dotado de personalidad jurídica, y c) cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público; o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos; o que tenga un órgano de administración, de dirección o de vigilancia compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por las autoridades estatales, regionales o locales u otros organismos de Derecho público; 3)«empresa pública» aquella empresa que opera en los ámbitos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra b), sobre la cual los organismos del sector público puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad de la misma, una participación financiera en la misma, o en virtud de las normas que la rigen. Se considerará que los organismos del sector público ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, en cualquiera de los casos siguientes en que dichos organismos, directa o indirectamente: a) posean la mayoría del capital suscrito de la empresa; b) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; c) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa; 4)«universidad»todo organismo del sector público que imparta enseñanza superior postsecundaria conducente a la obtención de títulos académicos;5)«licencia tipo»conjunto de condiciones de reutilización predefinidas en formato digital, preferiblemente compatibles con licencias modelo públicas disponibles en línea;6)«documento» a) cualquier contenido sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual); b) cualquier parte de tal contenido; 7)«anonimización»proceso por el que se transforman documentos en documentos anónimos que no se refiere a una persona física identificada o identificable o al proceso de convertir datos personales que se hayan anonimizado, de forma que el interesado no sea identificable o haya dejado de serlo;8)«datos dinámicos»documentos en formato digital, sujetos a actualizaciones frecuentes o en tiempo real, debido, en particular, a su volatilidad o rápida obsolescencia; los datos generados por los sensores suelen considerarse datos dinámicos;9)«datos de investigación»documentos en formato digital, distintos de las publicaciones científicas, recopilados o elaborados en el transcurso de actividades de investigación científica y utilizados como prueba en el proceso de investigación, o comúnmente aceptados en la comunidad investigadora como necesarios para validar las conclusiones y los resultados de la investigación;10)«conjuntos de datos de alto valor»documentos cuya reutilización está asociada a considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, en particular debido a su idoneidad para la creación de servicios de valor añadido, aplicaciones y puestos de trabajo nuevos, dignos y de calidad, y del número de beneficiarios potenciales de los servicios de valor añadido y aplicaciones basados en tales conjuntos de datos;11)«reutilización» el uso por personas físicas o jurídicas de documentos que obran en poder de: a) organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio público, o b) empresas públicas, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos de prestar servicios de interés general para el que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre empresas públicas y organismos del sector público que se realice exclusivamente en el desarrollo de las actividades de servicio público de los organismos del sector público; 12)«datos personales»datos personales tal como se definen en el artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) 2016/679;13)«formato legible por máquina»formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones informáticas identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones fácticas y su estructura interna;14)«formato abierto»formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos;15)«norma formal abierta»norma establecida por escrito que especifica los criterios de interoperabilidad de la aplicación informática;16)«margen de beneficio razonable de la inversión»porcentaje de la tarifa total, además de la cantidad necesaria para recuperar los costes elegibles, no superior a cinco puntos porcentuales por encima del tipo de interés fijo del BCE;17)«tercero»toda persona física o jurídica distinta de un organismo del sector público o de una empresa pública que esté en posesión de los datos.

1 Sin perjuicio del apartado 2 del presente artículo, los Estados miembros velarán por que los documentos a los que se aplica la presente Directiva, de conformidad con el artículo 1, puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los capítulos III y IV.

2 En el caso de los documentos respecto de los que las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos posean derechos de propiedad intelectual y en el caso de los documentos que obren en poder de empresas públicas, los Estados miembros velarán por que, cuando esté autorizada la reutilización de dichos documentos, estos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los capítulos III y IV.

1 Los organismos del sector público tramitarán, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno, las solicitudes de reutilización y pondrán el documento a disposición del solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante en un plazo razonable coherente con los plazos establecidos para el tratamiento de solicitudes de acceso a los documentos.

2 Cuando no se haya establecido ningún plazo ni otras normas que regulen la entrega oportuna de los documentos, los organismos del sector público tramitarán la solicitud y entregarán los documentos al solicitante con vistas a su reutilización o, si es necesaria una licencia, ultimarán la oferta de licencia al solicitante lo antes posible o, en cualquier caso, en un plazo de 20 días hábiles, a partir del momento de su recepción. Dicho plazo podrá ampliarse en otros 20 días hábiles para solicitudes extensas o complejas. En tales casos, se notificará al solicitante lo antes posible y, en cualquier caso, en el curso de las tres semanas siguientes a la solicitud inicial que se necesita más tiempo para tramitarla y las razones que lo justifican.

3 En caso de adoptarse una Decisión negativa, los organismos del sector público comunicarán al solicitante los motivos de la denegación con arreglo a las disposiciones aplicables del régimen de acceso del Estado miembro correspondiente o de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva, en particular el artículo 1, apartado 2, letras a) a h), o el artículo 3. Si la Decisión negativa se basa en el artículo 1, apartado 2, letra c), el organismo del sector público incluirá una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos, cuando esta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo del sector público haya obtenido el material en cuestión. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos no estarán obligados a incluir tal referencia.

4 Toda decisión de reutilización contendrá una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante. Las vías de recurso incluirán la posibilidad de revisión por un órgano de revisión imparcial con la experiencia técnica adecuada, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad reguladora del acceso a los documentos correspondiente, una autoridad nacional de supervisión establecida de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 o una autoridad judicial nacional, cuyas decisiones sean vinculantes para el organismo del sector público afectado.

5 A efectos del presente artículo, los Estados miembros definirán dispositivos prácticos para facilitar la reutilización eficaz de los documentos. Dichos dispositivos podrán incluir, en particular, modalidades para proporcionar información adecuada sobre los derechos previstos en la presente Directiva y ofrecer ayuda y orientación pertinentes.

6 Las siguientes entidades no estarán obligadas a cumplir con el presente artículo: a) empresas públicas; b) centros de enseñanza, organizaciones que realizan actividades de investigación y organizaciones que financian la investigación.

1 Sin perjuicio del capítulo V, los organismos del sector público y las empresas públicas facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, por medios electrónicos, en formas o formatos que sean abiertos, legibles por máquina, accesibles, fáciles de localizar y reutilizables, conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos cumplirán, cuando sea posible, normas formales abiertas.

2 Los Estados miembros animarán a los organismos del sector público y a las empresas públicas a elaborar y facilitar documentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva con arreglo al principio de «documentos abiertos desde el diseño y por defecto».

3 El apartado 1 no supone que los organismos del sector público estén obligados, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una operación simple.

4 Con arreglo a la presente Directiva, no podrá exigirse a los organismos del sector público que mantengan la producción y el almacenamiento de determinados tipos de documentos con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.

5 Los organismos del sector público pondrán a disposición datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, a través de las API adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva.

6 Cuando la puesta a disposición de datos dinámicos para su reutilización inmediatamente después de su recopilación, con arreglo al apartado 5, pueda superar las capacidades financieras y técnicas del organismo del sector público, suponiendo así un esfuerzo desproporcionado, esos datos dinámicos se pondrán a disposición para su reutilización en un plazo o con restricciones técnicas temporales que no perjudiquen indebidamente la explotación de su potencial económico y social.

7 Los apartados 1 a 6 se aplicarán a los documentos que obren en poder de las empresas públicas y que estén disponibles para su reutilización.

8 Los conjuntos de datos de alto valor, tal que relacionados conforme al artículo 14, apartado 1, se pondrán a disposición para su reutilización en un formato legible por máquina, a través de las API adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva.

1 La reutilización de documentos será gratuita. No obstante, podrá permitirse la recuperación de los costes marginales en que se incurra para la reproducción, puesta a disposición y difusión de los documentos, así como para la anonimización de datos personales y las medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial.

2 A título de excepción, el apartado 1 no se aplicará a: a) los organismos del sector público a los que se exija generar ingresos para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público; b) las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos; c) las empresas públicas.

3 Los Estados miembros publicarán en línea una lista de organismos del sector público a que se refiere el apartado 2, letra a).

4 En los casos a los que se hace referencia en el apartado 2, letras a) y c), el precio total se calculará conforme a criterios objetivos, transparentes y comprobables. Los Estados miembros establecerán dichos criterios. Los ingresos totales obtenidos por suministrar documentos y autorizar su reutilización durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de su recogida, producción, reproducción, difusión y almacenamiento de datos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables.

5 Cuando sean los organismos del sector público mencionados en el apartado 2, letra b), los que apliquen tarifas, los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de recogida, producción, reproducción, difusión, almacenamiento de datos, conservación y compensación de derechos y, en su caso, anonimización de datos personales y medidas adoptadas para proteger información comercial confidencial, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos del sector público correspondientes.

6 Los usuarios podrán reutilizar gratuitamente: a) a reserva del artículo 14, apartados 3, 4 y 5, los conjuntos de datos de alto valor, tal que relacionados de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo; b) los datos de investigación contemplados en el artículo 1, apartado 1, letra c).

1 En el caso de tarifas estándar para la reutilización de documentos, las condiciones aplicables, así como el importe de dichas tarifas, incluida su base de cálculo, se fijarán de antemano y se publicarán, mediante medios electrónicos cuando resulte posible y oportuno.

2 Cuando se trate de tarifas para la reutilización distintas de las mencionadas en el apartado 1, los factores que se tendrán en cuenta para el cálculo de dichas tarifas se indicarán por adelantado. Cuando se solicite, el titular de los documentos de que se trate también indicará cómo se han calculado dichas tarifas en relación con una solicitud de reutilización concreta.

3 Los organismos del sector público se asegurarán de que los solicitantes de reutilización de documentos estén informados de las vías de recurso de que disponen para impugnar las decisiones y las prácticas que les afecten.

1 La reutilización de documentos no estará sujeta a condiciones, a menos que dichas condiciones sean objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y estén justificadas por un objetivo de interés público. Cuando la reutilización esté sujeta a condiciones, tales condiciones no restringirán sin necesidad las posibilidades de reutilización y no se usarán para restringir la competencia.

2 En los Estados miembros en que se utilicen licencias, los Estados miembros velarán por que las licencias tipo para la reutilización de documentos del sector público, que podrán adaptarse para responder a aplicaciones concretas de la licencia, estén disponibles en formato digital y puedan ser procesadas electrónicamente. Los Estados miembros alentarán el uso de dichas licencias tipo.

1 Los Estados miembros crearán dispositivos prácticos que faciliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, tales como listados de documentos principales con los metadatos pertinentes, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en línea y en formato legible por máquina, y portales conectados a los listados descentralizados. En la medida de lo posible, los Estados miembros facilitarán la búsqueda lingüística de los documentos en varios idiomas, en particular permitiendo la agregación de metadatos a escala de la Unión. Los Estados miembros también promoverán la creación por los organismos del sector público de dispositivos prácticos que faciliten la conservación de los documentos disponibles para su reutilización.

2 Los Estados miembros en cooperación con la Comisión, continuarán los esfuerzos de simplificación del acceso a conjuntos de datos, en particular proporcionando un único punto de acceso y poniendo progresivamente a disposición conjuntos de datos adecuados que obren en poder de organismos del sector público en relación con todos los documentos a los que aplica la presente Directiva, así como con datos que obren en poder de las instituciones de la Unión, en formatos que sean accesibles, fáciles de localizar y reutilizables por medios electrónicos.

1 Los Estados miembros apoyarán la disponibilidad de los datos de investigación mediante la adopción de políticas nacionales y actuaciones pertinentes destinadas a hacer que los datos de la investigación financiada públicamente sean plenamente accesibles («políticas de acceso abierto») en aplicación del principio de apertura por defecto y de compatibilidad con los principios FAIR. En este contexto, deberán tenerse en cuenta las inquietudes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual e industrial, la protección de datos personales y la confidencialidad, la seguridad y los intereses comerciales legítimos de conformidad con el principio «tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario». Estas políticas de acceso abierto se dirigirán a las organizaciones que realizan actividades de investigación y a las organizaciones que financian la investigación.

2 Sin perjuicio del artículo 1, apartado 2, letra c), los datos de investigación serán reutilizables para fines comerciales o no comerciales de conformidad con los capítulos III y IV, en la medida en que sean financiados con fondos públicos y en que investigadores, organizaciones que realizan actividades de investigación u organizaciones que financian la investigación ya los hayan puesto a disposición del público a través de un repositorio institucional o temático. En este contexto, deberán tenerse en cuenta los intereses comerciales legítimos, las actividades de transferencia de conocimientos y los derechos de propiedad intelectual preexistentes.

1 Las condiciones que se apliquen para la reutilización de un documento no deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización, incluida la reutilización transfronteriza.

2 Si un organismo del sector público reutiliza los documentos como parte de sus actividades comerciales ajenas a su misión de servicio público, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tarifas y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.

1 La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público o empresas públicas que estén en posesión de los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2 No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, deberá reconsiderarse periódicamente, y en todo caso cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo. Los acuerdos exclusivos establecidos a partir del 16 de julio de 2019 se pondrán a disposición del público en línea al menos dos meses antes de su entrada en vigor. Las condiciones finales de tales acuerdos serán transparentes y se pondrán a disposición del público en línea. El presente apartado no se aplicará a la digitalización de los recursos culturales.

3 No obstante el apartado 1, cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad no será superior, por regla general, a diez años. En el caso de que dicho período sea superior a diez años, su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete años a partir de entonces. Los acuerdos que concedan derechos exclusivos en el sentido del párrafo primero serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público. Cuando exista un derecho exclusivo en el sentido del párrafo primero deberá facilitarse gratuitamente al organismo del sector público en cuestión, como parte de dichos acuerdos, una copia de los recursos culturales digitalizados. Esa copia estará disponible para su reutilización una vez finalizado el período de exclusividad.

4 Los acuerdos jurídicos o prácticos que, sin conceder expresamente un derecho exclusivo, tengan como objetivo, o quepa esperar razonablemente que implican, una disponibilidad limitada para la reutilización de documentos por entidades distintas de los terceros que participen en el acuerdo, se pondrán a disposición del público en línea al menos dos meses antes de su entrada en vigor. El efecto de estos acuerdos jurídicos o prácticos sobre la disponibilidad de datos para su reutilización estará sujeto a revisiones periódicas y, en cualquier caso, se someterá a revisión cada tres años. Las condiciones finales de tales acuerdos serán transparentes y se pondrán a disposición del público en línea.

5 Los acuerdos exclusivos existentes a 17 de julio de 2013 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 y que fuesen celebrados por organismos del sector público concluirán cuando expire el contrato y, en cualquier caso, a más tardar el 18 de julio de 2043. Los acuerdos exclusivos existentes el 16 de julio de 2019 a los que no se apliquen las excepciones contempladas en los apartados 2 y 3 y que fuesen celebrados por empresas públicas concluirán cuando expire el contrato o, en cualquier caso, a más tardar el 17 de julio de 2049.

1 Al objeto de fijar las condiciones para su reutilización, figura en el anexo I una lista de categorías temáticas de datos de alto valor.

2 La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 15 para modificar el anexo I mediante la inclusión de nuevas categorías temáticas de conjuntos de datos de alto valor con el fin de reflejar los avances tecnológicos y de mercado.

1 La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan una lista de conjuntos de datos específicos de alto valor que se engloben dentro de las categorías que figuran en el anexo I y que obren en poder de organismos del sector público y de empresas públicas entre los documentos a los que se aplica la presente Directiva. Dichos datos de alto valor: a) estarán disponibles gratuitamente, a reserva de los apartados 3, 4 y 5; b) serán legibles por máquina; c) se suministrarán a través de API, y d) se proporcionarán en forma de descarga masiva, cuando proceda. Dichos actos de ejecución podrán especificar los acuerdos organizativos relativos a la publicación y de reutilización de los tipos de conjuntos de datos de alto valor. Esos acuerdos serán compatibles con las licencias tipo abiertas. Los acuerdos podrán incluir condiciones aplicables a la reutilización, el formato de los datos y los metadatos, así como acuerdos técnicos para la difusión. Las inversiones que hagan los Estados miembros en iniciativas en materia de datos abiertos, como las inversiones en el desarrollo y el despliegue de determinadas normas, se tendrán en cuenta y se ponderarán frente a los potenciales beneficios derivados de la inclusión en la lista. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

2 La definición de conjuntos de datos específicos de alto valor contemplados en el apartado 1 se basará en la valoración de su potencial para: a) generar beneficios socioeconómicos o medioambientales importantes y servicios innovadores; b) beneficiar a un gran número de usuarios, en concreto pymes; c) contribuir a generar ingresos, y d) ser combinados con otros conjuntos de datos. Al objeto de definir tales tipos específicos de conjuntos de datos de alto valor, la Comisión llevará a cabo consultas adecuadas, también a nivel de expertos, elaborará una evaluación de impacto y garantizará la complementariedad con los actos jurídicos vigentes, como la Directiva 2010/40/UE, con respecto a la reutilización de documentos. La evaluación de dicho impacto incluirá un análisis coste-beneficio y un análisis sobre si el hecho de que organismos del sector público, a los que se exige generar ingresos para sufragar una parte importante de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público, proporcionen de manera gratuita conjuntos de datos de alto valor podría tener un impacto sustancial en el presupuesto de dichos organismos. Cuando se vean afectados los conjuntos de datos de alto valor en posesión de empresas públicas, la evaluación de impacto prestará especial consideración a la función de las empresas públicas en un entorno económico competitivo.

3 Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), los actos de ejecución a los que se refiere el apartado 1 establecerán que la disponibilidad gratuita de conjuntos de datos de alto valor no se aplicará a conjuntos de datos específicos que obren en poder empresas públicas, cuando el hecho de poner a disposición dichos conjuntos de datos de manera gratuita pudiera provocar una distorsión de la competencia en los mercados correspondientes.

4 El requisito de poner a disposición de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor en virtud del apartado 1, párrafo segundo, letra a), no se aplicará a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

5 Cuando el hecho de que organismos del sector público a los que se exige generar ingresos para sufragar una parte importante de sus costes relativos a la realización de sus misiones de servicio público pongan a disposición de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de los organismos implicados, los Estados miembros podrán eximir a dichos organismos del requisito de poner a disposición de forma gratuita esos conjuntos de datos de alto valor por un período que no superará los dos años a partir de la entrada en vigor del acto de ejecución correspondiente adoptado de conformidad con el apartado 1.

1 Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2 Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 13, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 16 de julio de 2019. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3 La delegación de poderes mencionada en el artículo 13, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4 Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5 Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6 Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 13, apartado 2 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

1 La Comisión estará asistida por el Comité para los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2 En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

1 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 17 de julio de 2021. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

2 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

1 No antes del 17 de julio de 2025, la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo, así como al Comité Económico y Social Europeo. Los Estados miembros suministrarán a la Comisión la información necesaria para la elaboración del informe.

2 En dicha evaluación se abordará en particular el ámbito de aplicación y las repercusiones sociales y económicas de la presente Directiva, señalando: a) la medida en que haya aumentado la reutilización de documentos del sector público a los cuales se aplica la presente Directiva, especialmente por parte de pymes; b) la repercusión de los conjuntos de datos de alto valor; c) los efectos de los principios de tarifación aplicados y de la reutilización de textos oficiales de carácter legislativo y administrativo; d) la reutilización de documentos conservados por otras entidades distintas de los organismos del sector público; e) la disponibilidad y utilización de API; f) la interacción entre las normas sobre protección de datos y las posibilidades de reutilización, y g) otras formas de mejorar el correcto funcionamiento del mercado interior, apoyando el desarrollo económico y del mercado laboral.

La Directiva 2003/98/CE, modificada por la Directiva indicada en el anexo II, parte A, queda derogada con efectos a partir del 17 de julio de 2021, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y las fechas de aplicación de las Directivas enumeradas en el anexo II, parte B. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III.

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.