Dictamen del Consejo de 22 de enero de 2002 sobre el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2000-2004) Diario Oficial n° C 033 de 06/02/2002 p. 0003 - 0003 Dictamen del Consejo de 22 de enero de 2002 sobre el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos (2000-2004) (2002/C 33/03) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticias económicas(1) y, en particular, el apartado 3 de su artículo 5, Vista la Recomendación de la Comisión, Previa consulta al Comité Económico y Financiero, HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:
El 22 de enero de 2002, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de los Países Bajos, que abarca el período 2000-2004. El crecimiento real del PIB se desaceleró considerablemente en 2001, de un 3,5 % en 2000 a aproximadamente un 1 %; el deterioro de la balanza de las administraciones públicas, aunque significativo, y parcialmente debido a la aplicación de la reforma impositiva a partir del 1 de enero de 2001, fue menos dramático, y se estima que el superávit bajó de un 1,5 % a un 0,7 % del PIB; además de la contribución de estos superávit, el coeficiente de deuda pública siguió disminuyendo, gracias a los aumentos de los tipos nominales del PIB.
El Consejo observa que, desde la presentación del programa de estabilidad actualizado para 2001, el 17 de octubre de 2001, las proyecciones macroeconómicas correspondientes a 2001 y 2002 han sido revisadas considerablemente a la baja por la Oficina de análisis de política económica de los Países Bajos (Centraal Planbureau) a fin de atender plenamente al impacto de la ralentización económica internacional y a los efectos previstos de los acontecimientos del 11 de septiembre. Las autoridades neerlandesas, que reconocen la ralentización económica y su impacto en la situación presupuestaria, han presentado unas cifras revisadas que reflejan la información más reciente (diciembre) disponible sobre el crecimiento económico, y que se traducen en un déficit presupuestario del 0,7 % del PIB en 2001 y del 0,4 % del PIB en 2002.
El Consejo observa que para los años 2003 y 2004, posteriores al mandato del Gobierno actual, las estimaciones presupuestarias del programa actualizado son proyecciones técnicas, basadas en un escenario macroeconómico prudente y en el supuesto de que no haya cambios en las políticas. El Consejo observa que, pese a la ralentización económica, se prevé un superávit de las administraciones públicas para 2002; el Consejo espera que se sigan previendo superávit para los restantes años del programa, lo que implicará que los resultados sean acordes con el objetivo del pacto de estabilidad y crecimiento de conseguir una situación presupuestaria próxima al equilibrio o en superávit; el Consejo considera que los progresos ya realizados por los Países Bajos en cuanto a la mejora de la situación presupuestaria de las administraciones públicas ofrecen el margen adecuado para hacer frente al impacto presupuestario de las fluctuaciones macroeconómicas normales sin violar el límite de déficit del 3 % del PIB.
El Consejo observa la modificación, en el presupuesto de 2002, en beneficio de la reducción de la deuda, de la norma de distribución a partes iguales de los ingresos adicionales a la reducción de deuda y de la presión fiscal. Reconoce que esto se ha hecho a fin de cumplir la Recomendación del Consejo de marzo de 2001 y las orientaciones generales de política económica, pero también para mejorar la situación presupuestaria y prepararse mejor para las consecuencias del envejecimiento demográfico. El Consejo observa que la aplicación de objetivos globales en materia de gasto hizo posible aumentar el gasto público en áreas prioritarias y reducir la presión fiscal, respetando al mismo tiempo los requisitios del pacto de estabilidad y crecimiento.
El Consejo acoge con satisfacción las reformas estructurales que se están llevando a cabo con el objetivo de aumentar la eficacia del gasto público, sobre todo en atención sanitaria, educación e infraestructura social, así como la tasa de participación y la competitividad, que deberían reducir las tensiones de los mercados laborales y contribuir a la moderación de las presiones salariales. El Consejo acoge favorablemente la clara estrategia orientada a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y afrontar las consecuencias del envejecimiento demográfico; para alcanzar estos objetivos, el Consejo anima al Gobierno a mantener los esfuerzos por reducir el coeficiente de deuda y mejorar la oferta de mano de obra y el nivel de empleo.
(1) DO L 209 de 2.8.1997.