Dictamen del Consejo de 18 de febrero de 2003 en relación con el programa de estabilidad actualizado de España (2002-2006) Diario Oficial n° C 051 de 05/03/2003 p. 0004 - 0005 Dictamen del Consejo de 18 de febrero de 2003 en relación con el programa de estabilidad actualizado de España (2002-2006) (2003/C 51/03) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n° 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(1), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 5, Vista la Recomendación de la Comisión, Previa consulta al Comité Económico y Financiero, HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:
El 18 de febrero de 2003, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de España para el período 2002-2006. La información proporcionada en el programa actualizado se ajusta en líneas generales al nuevo código de conducta. Sin embargo, el programa actualizado se presentó con un retraso aproximado de cuatro semanas. El Consejo considera que las políticas económicas reflejadas en las medidas previstas en el programa actualizado cumplen en términos generales las Orientaciones generales de política económica de 2002. El Consejo observa que la aplicación de la anterior actualización en 2002 ha sido satisfactoria.
Un crecimiento ligeramente inferior al esperado y cierto exceso de los gastos primarios sobre las previsiones contribuyeron a que se alcanzase un déficit contenido del 0,2 % del PIB (0,3 % del PIB si se ajusta cíclicamente en función del PIB tendencial). Los déficit fueron muy divergentes para las comunidades autónomas, mientras que la seguridad social alcanzó un superávit superior al previsto. La proporción de deuda disminuyó en línea general con lo planificado, alcanzando 55,2 % del PIB al final de 2002. Las medidas de reforma estructural se aplicaron según lo previsto y de conformidad con las Orientaciones generales de política económica de 2002, cabiendo resaltar la aprobación de legislación (con entrada en vigor en 2003) encaminada a reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas para aumentar los incentivos a la participación en el mercado de trabajo, la movilidad geográfica y el ahorro a largo plazo.
La hipótesis macroeconómica de la actualización se basa en una recuperación del crecimiento del PIB, del 2,2 % en 2002 al 3,0 % en 2003, y un mantenimiento en este nivel durante el resto del período cubierto por el programa. Aunque esto puede ser un tanto optimista para 2003, las previsiones a medio plazo son actualmente algo prudentes en relación con el potencial de crecimiento. Sin embargo, la previsión de inflación del 2,5 % anual (en términos de deflactor del consumo privado) no debería aceptarse con complacencia. Esto pone de relieve la necesidad de nuevas reformas estructurales en el sector de servicios y, en particular, el minorista y la normativa urbanística.
Más generalmente, destaca la necesidad de aumentar la productividad global. A este respecto también sería útil la desaparición gradual de la indización de salarios manteniendo al mismo tiempo la moderación salarial, según las recomendaciones de los Dictámenes recientes del Consejo(2). El Consejo acoge favorablemente en líneas generales la confirmación de la estrategia fiscal actual en el programa actualizado, aunque las proporciones de ingresos y gastos son superiores a las reflejadas en la anterior actualización y el ratio fiscal ahora aumenta ligeramente durante el período, a pesar de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2003.
Se prevé una ligera disminución de los gastos primarios corrientes de aproximadamente medio punto porcentual respecto del PIB durante el período cubierto por el programa, mientras que la reducción de los gastos de intereses sería contrarrestada por el reforzamiento de la inversión. En cambio, el coeficiente deuda/PIB probablemente disminuirá ligeramente más deprisa de lo previsto anteriormente, hasta el bajo nivel relativo del 47 % del PIB en 2006, como consecuencia principalmente de un nivel de inflación casi medio punto porcentual superior al previsto hace un año. Se prevé un aumento del saldo presupuestario estructural de más de medio punto porcentual durante el período del programa, para llegar a un superávit del 0,3 % del PIB en 2006.
Así, los objetivos presupuestarios del programa, incluida su evaluación en términos estructurales, siguen cumpliendo claramente el objetivo de "proximidad al equilibrio o superávit" a lo largo de todo el período. Por ello, el Consejo considera que España sigue cumpliendo las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento, habiendo establecido metas a fin de cumplir el objetivo con un margen cada vez mayor. En lo que se refiere a los distintos sectores de las administraciones públicas, la actualización supone algunos cambios importantes en la financiación neta durante el período.
En particular, en el marco de la Ley general de estabilidad presupuestaria, que establece que los presupuestos de cada entidad pública deben ser equilibrados o registrar superávit, se pide a las administraciones territoriales que en 2003 eliminen el déficit estimado para 2002. Especialmente a la luz de la actual transferencia gradual de importantes facultades en materia de tributación y gasto a las autoridades regionales, el Consejo acoge favorablemente el marco de disciplina fiscal establecido por la Ley general de estabilidad presupuestaria. Ésta debe aplicarse eficazmente conservando al mismo tiempo márgenes de maniobra apropiados para el funcionamiento de los estabilizadores automáticos en los dos sentidos.
El Consejo se felicita por el hecho de que el programa actualizado concede más importancia que la anterior actualización a la cuestión de la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Toma nota del compromiso de alcanzar una situación de equilibrio presupuestario que desemboque en una reducción continuada de la deuda, así como de la adopción de algunas medidas para incrementar la tasa de empleo y de los incentivos para prolongar la vida activa y los planes privados de pensiones. No obstante, considera que sólo se trata de medidas tendentes a una reorientación adecuada de la política económica conforme a sus anteriores dictámenes.
Aunque las previsiones demográficas revisadas presentadas implicarían una presión ligeramente menor sobre las finanzas públicas que las previsiones anteriores, el Consejo considera que, basándose en las políticas actuales, no puede excluirse el riesgo de no sostenibilidad de las finanzas públicas en términos de desequilibrios presupuestarios incipientes a largo plazo: tal riesgo se deriva fundamentalmente del gran aumento previsto en el gasto público en pensiones relacionado con el envejecimiento de la población. Por ello, debe seguir siendo prioritario reforzar la sostenibilidad a largo plazo en el ámbito de una triple estrategia ambiciosa.
A este respecto, el Consejo toma nota de que aún no se ha emprendido una importante reforma del sistema de pensiones públicas, lo que es contrario a las recomendaciones del anterior dictamen y de las Orientaciones generales de política económica de 2002. El Consejo insta a que las autoridades españolas aprueben un calendario para establecer conclusiones de política económica y para la aplicación de la reforma prevista del sistema de pensiones encaminada a relacionar más estrechamente las contribuciones y las prestaciones. El fondo de reserva de las pensiones, creado en 2000 para financiar obligaciones futuras, contará en 2003 con unos activos ligeramente superiores al 1 % del PIB, en comparación con un objetivo del 1 % en 2004.
Es preciso establecer ahora nuevos objetivos que refuercen sustancialmente el fondo si el citado fondo pretende contribuir de forma sustancial a la financiación de los costes del envejecimiento de la población. Por último, el Consejo acoge favorablemente las recientes iniciativas de reforma estructural en los mercados de trabajo, capital y productos, y recomienda que se logren nuevos progresos en estos ámbitos en apoyo de un crecimiento orientado al empleo y antiinflacionista con menos inflación que anteriormente. En particular, aunque han sido notables las mejoras de los últimos años en el mercado de trabajo, la persistencia de un nivel relativamente bajo de empleo total y empleo femenino y de amplias disparidades regionales en materia de desempleo hace necesaria la realización de esfuerzos.
Dichos esfuerzos deberán ser coherentes con las Orientaciones generales de política económica de 2002. (1) DO L 209 de 2.8.1997, p. 1. (2) DO C 51 de 26.2.2002, DO C 109 de 10.4.2001 y DO C 98 de 6.4.2000.